- Escrito por Rita Magaña Torres-
15.04.2024. Ciudad de México.- A poco más de dos semanas que mexicanas y mexicanos acudamos a las urnas a votar en lo que se ha considerado la elección más grande de la historia, se da el primer aniversario de la promulgación de la Ley 3 de 3, iniciativa impulsada desde 2018 por la colectiva feminista Las Constituyentes Mx, quienes plantearon la necesidad de sacar a agresores de las cúpulas del poder, además, se informó que se aplicaría para este periodo electoral, no obstante, lo que parecía ser un hito en derechos humanos, hoy ha encontrado un freno: la justicia patriarcal que la deja en riesgo de ser letra muerta, al menos en estas elecciones.
Al parecer a un año de distancia, aún no hay agresores alejados del poder por violentar los 3 postulados de la ley, entonces ¿qué hace un agresor siendo parte de las estructuras del Estado?”. Estos privilegios iban a terminar y con ello se abriría paso a la justicia para las víctimas de diferentes tipos de violencia, no obstante, el sistema patriarcal le ha puesto su principal obstáculo: empatar tiempos judiciales con electorales y además, sortear los altos niveles de impunidad.
De acuerdo con datos de la organización Impunidad Cero, la probabilidad de que se resuelva un delito es de un 0.9 por ciento, una probabilidad nula, casi inexistente.
La 3 de 3 propone que para ser postulado o nombrado como funcionario público, una persona no debe tener una sentencia definitiva por:
1. Violencia sexual
2. Violencia en razón de género (familiar, política, psicológica, física, etc.)
3. Ser deudora alimentaria morosa
Esto, resulta preocupante, porque de acuerdo con datos de la colectiva Observatoria Ciudadana Todas Mx, candidatos de todos los partidos políticos cuentan con al menos una denuncia abierta por algún delito de violencia contra las mujeres, de las cuales Morena es el que encabeza la lista de las llamadas “antiboletas”, con el mayor de denunciados, pero aun sin sentencia por violencia contra ellas y quienes siguen abiertamente en la elección o el poder.
¿Entonces qué pasó con la frase de “ningún agresor al poder”? La respuesta es que la única forma para cerrar el camino a los agresores de mujeres y sus familias para que no puedan ocupar puestos de poder es contar con una sentencia penal firme y para ello, debe de haber transcurrido todo el proceso judicial; por extensos que sean los juicios, los cuales no empatan con los tiempos electorales, situación aprovechada por quienes enfrentan denuncias en alguno de los postulados de la ley y se benefician de la justicia patriarcal, así como de los índices de impunidad en México.
Es decir, pedirle a una mujer que lleve una sentencia firme de un juez, es casi imposible, nuestro Sistema Penal Acusatorio ni siquiera hace que todos los delitos culminen con una sentencia, aunque haya responsabilidad o las propias personas quienes se asuman como culpables.
La Ley 3 de 3 contra la violencia establece que se suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, así como por ser declarada persona deudora alimentaria morosa.
Para la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan, expuso que un lector cuidadoso de la norma detectará que dice: tuvieron que incorporar el tema de Sentencia Firme, con base en el alegato del principio de presunción de inocencia. Y es cierto, es también un principio constitucional, pero el otro, es que hay que dar una interpretación ponderada de este principio, ninguno es absoluto, porque del otro lado está la vida e integridad de las mujeres”.
Detrás de esta iniciativa nacida en el seno de la sociedad civil se encuentra una exigencia que, si bien surgió de una experiencia personal, pronto encontró eco en todas aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia en razón de género por parte de quienes ostentan el poder en México.
Esta propuesta de Ley comenzó a formarse luego de que Yndira Sandoval, fundadora de Las Constituyentes, fuera víctima de violencia y tortura ejercida por elementos policiales en el estado de Guerrero en 2017. Cinco meses después de los hechos —contó en entrevista para Cimacnoticias— la 3 de 3 comenzó a gestarse dentro de su colectiva.
“Cuando las mujeres somos víctimas de las violencias perpetradas por agentes del Estado, éstas se vuelven violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, si bien la 3 de 3 viene de un tema sumamente personal, como siempre lo comentamos, es un tema político”, explica la activista al respecto, y agrega que esto “es un asunto de justicia para todas”, en el cual, actos como las disculpas públicas son insuficientes para garantizar la no repetición de estos hechos.
Su aprobación
La Cámara de Diputados avaló el decreto el 30 de marzo de 2023, mientras que el Senado lo aprobó el 28 de abril del 2023, luego lo remitieron a los congresos de los estados para, posteriormente, emitir la declaratoria de reforma constitucional en la Comisión Permanente el 24 de mayo del 2023, ya que contó con el respaldo de 25 legislaturas locales.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó la Ley 3 de 3 contra la violencia, un 24 de mayo del 2023, luego que el senado de la República reconociera su constitucionalidad. De esta forma, ningún agresor sexual, deudor alimentario moroso y agresor en razón de género ocuparía puestos en la función pública.
Los congresos de la Ciudad de México y Tlaxcala fueron los últimos en lograr aprobar la armonización de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género y lo hicieron antes del plazo establecido del 25 de noviembre del 2023, en la Legislatura de Veracruz se quedó en revisión el dictamen; sin embargo, no cumplieron con el proceso Campeche, Morelos, Michoacán, gobernados por Morena, y Nuevo León, encabezado por Movimiento Ciudadano.
El 29 de mayo del 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos 38 y 102 de la Constitución, como resultado de una ardua lucha y bajo el liderazgo de colectivas feministas.
Las constituyentes
Las Constituyentes Mx, colectiva detrás de la 3 de 3, fue fundada en febrero de 2016 de la mano de Yndira Sandoval, Esperanza Olguín y otras defensoras de los derechos de las mujeres. Ese mismo año, el gobierno de la Ciudad de México se encontraba trabajando en su constitución local. “Entonces nosotras nacimos”, cuenta Sandoval. Su premisa fue “nunca más una constitución sin nosotras”, y bajo esta máxima incidieron en la discusión con cerca de siete iniciativas ciudadanas.
Generaron una Asamblea Constituyente Ciudadana y crearon la Constitución Violeta, que es la versión feminista de la Constitución de la Ciudad de México. Pero su trabajo no se quedó allí. En su andar, Las Constituyentes han tejido redes con otras colectivas como 50+1, la Red de Defensoras de la Paridad, Mujeres en Plural, Nosotras Tenemos Otros Datos y Todo México. Además, a lo largo de su andar ha sido esencial el liderazgo jurídico y político de la doctora en Derecho Patricia Olamendi Torres, quien también dio acompañamiento a Yndira cuando fue agredida por la policía guerrerense.
Así, desde la colectividad, Las Constituyentes siguen impulsando reformas como la 3 de 3 y, además, cuentan con una escuela de formación interna para fomentar la educación política de las mujeres, quienes —asegura Yndira Sandoval— son más fuertes cuando conocen sus derechos.
Lo que esta colectiva está logrando con la 3 de 3 es histórico en México: una reforma constitucional a nivel federal impulsada desde la sociedad civil, desde la colectividad del feminismo y pensada desde las necesidades de las mujeres en este país. Sin embargo, llegar a este punto no fue sencillo.
En primer lugar, Las Constituyentes se enfrentaron a la negativa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de sesionar antes del cierre del periodo legislativo en el Senado. Posteriormente, la toma de tribuna del 27 de abril frenó la discusión y votación de la 3 de 3 en el Pleno. Y, ahora, en los congresos estatales, la colectiva ha observado diversas irregularidades que ponen en riesgo su aprobación definitiva.
Una de estas irregularidades es que en entidades como Morelos y Guerrero, los congresos están enviando la minuta a comisiones para su discusión y análisis, cuando esto no forma parte del proceso legislativo para este tipo de reformas. “Como Constituyente Permanente te sumas o no te sumas”, explica Yndira Sandoval, pero no se puede analizar algo que ya fue aprobado por el Congreso federal.
Bajo protesta de “decir verdad y buena fe”
La consejera electoral del INE, Carla Humphrey Jordan, al dictar la conferencia magistral 3 de 3 contra la violencia, dijo que en los lineamientos, el 19 de octubre del 2023 se aprobó que se les iba a solicitar a los partidos políticos que todos sus candidatos hombres tuvieron que presentar un documento firmado bajo protesta de “decir verdad y de buena fe” de no haber sido condenados o sancionados por resolución firme: “pero en este país parece que se sienten protegidos por el alto índice de impunidad del 94% al pedir una sentencia firme por violencia familiar o doméstica, por delitos sexuales o por ser una persona deudora alimentaria morosa”.
Indicó que estos eran las tres principales conductas que violentan a las mujeres y que les impiden tener espacios o cargos públicos, porque “si no están dando la pensión alimenticia, pues obviamente no te vas a estar postulando ni haciendo campaña ni ir tocando de casa en casa, ni ir promocionando o platicando una plataforma política, porque estás interesado, obviamente, en sacar adelante a tu familia, ya no hablemos de los otros 2 delitos sexuales y violencia familiar”.
Destacó la propuesta de la colectiva de mujeres sobre este mecanismo y la verdad es que la primera redacción iba en obligar a los partidos políticos a ver los antecedentes de las personas que estaban postulando para que no estuviera ninguno en estos supuestos, pero dijeron que eso no estaba establecido en ley, que cómo los íbamos a obligar a eso.
“Entonces, lo hicimos bajo protesta de decir verdad, pero, de cualquier forma, algo que sí hicimos es revisar, creamos una metodología para revisar que las personas que estuvieran en este supuesto no estuvieran declarando con falsedad respecto a cualquiera de estos supuestos. Y aquí una cosa y es que no tenemos información, no hay registros públicos para tener acceso a esta información y saber que las personas no han sido sancionadas por ninguno de estos delitos”, mencionó.
Es decir, agregó, cuando pusieron en marcha este gran operativo, el tema era y a quién le preguntan, en algunos estados las fiscalías tienen esa información, en otras entidades a lo mejor en los registros civiles, o en los juzgados familiares, ni siquiera está homologada la información ni tampoco a qué instancias les podíamos pedir esos datos, el INE aprobó una revisión total, censal, eran menos de 7 mil cargos. Al final de cuentas, el Consejo General, donde había una mayoría distinta respecto al género, aprobó que solo fuera muestral y revisamos solo mil 117 casos de un poco menos de seis mil.
Aun así, dijo que encontraron tres casos en los que se detectaron que habían declarado en falso y había de cualquiera de estos tres tipos, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solamente validó uno y los otros dos les dejó el registro como candidaturas. Mencionó que en entidades federativas ya se estaba legislando, como en Yucatán, por ejemplo, alguna o todas las causales de la 3 de 3.
Sin embargo, señaló que después de seguir luchando, estas organizaciones de mujeres consiguieron que finalmente se incorporara en la Constitución la 3 de 3 contra la violencia con una reforma, particularmente el artículo 38, pero también al artículo 102 para suspender los derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión en el servicio público, aprobada a finales de abril en el Congreso de la Unión, como se trataba de una reforma constitucional, debía ser avalada también por al menos por 17 congresos locales.
Afirmó que es un tema importante y de interpretación, porque el texto habla de sentencia firme respecto a la condición de cualquiera de los casos de violencia, esto podría ser contraria a derechos humanos y a las obligaciones convencionales que tenemos como Estado mexicano.
Las mujeres de este país queremos y nos merecemos representantes honorables y responsables, no agresores, acosadores, ni deudores, pero esto seguirá mientras que desde el poder se siga apoyando y encubriendo a este tipo de personajes.
