- Escrito por Lorena Cano, Coordinadora De La Clínica Jurídica, Instituto Para Las Mujeres En La Migración, AC (IMUMI)
El caso de Victoria Salazar, salvadoreña reconocida como refugiada en México en 2018 quien residía en Tulum, Quintana Roo con sus 2 hijas adolescentes, es muy conocido, ella fue asesinada por policías municipales, tras el uso desmedido de la fuerza pública y brutalidad policiaca. El hecho sucedió en la vía pública y fue registrado en video. La indignación social resonó.
Este feminicidio configuró diversas desigualdades, se trató de una mujer, racializada, con necesidades de protección, víctima de violencia, precarizada y sin redes de apoyo y responsable de dos adolescentes, sus hijas, quienes dependían de ella.
El Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), junto con la Fundación para la Justicia (FJEDD), Asylum Access México (AAMX) y Asilegal asumieron la representación jurídica del caso en mayo de 2021. Desde entonces, y hasta la fecha, las investigaciones en la causa penal se mantienen inertes, tanto como la atención de las víctimas por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo (CEAVQR).
En materia penal, se ha prorrogado dos veces la etapa de investigación complementaria, y el proceso está estancado en la formulación de acusación, es decir, señalar a los presuntos responsables para que sean o no vinculados a proceso y por qué delito se les acusa. Se han llevado a cabo 16 audiencias intermedias sin que se haya podido avanzar de esa etapa.
En lo relativo a la reparación del daño se ha propuesto desde la representación jurídica de las víctimas: una compensación económica por los conceptos de daño material, daño moral y al proyecto de vida; tratamiento y rehabilitación médica, psicológica y tanatológica; una disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad estatal por las violaciones a los derechos cometidos en contra de Victoria.
Así como capacitación profesional continua y completa a la policía municipal de Quintana Roo sobre el uso proporcional de la fuerza, de las normas y estándares de protección de los derechos humanos en la labor policial, la aplicación de la perspectiva de género en los operativos policiacos, la formación en figuras de protección internacional en México, migración, derechos humanos, género e interseccionalidades; la colaboración, seguimiento y supervisión de diligencias para la determinación de las responsabilidades administrativas de los policías implicados en el caso; y el reembolso de los gastos que han tenido que realizar las víctimas como parte del proceso de acceso a la justicia y reparación del daño, nada ha sucedido.
La CEAVQR solo ha tenido intervenciones puntuales a través del director de Primer Contacto y Ayuda Inmediata, sin embargo, la Comisionada se ha negado tajantemente a reparar a las víctimas pese a que se han realizado dos propuestas de reparación claras, una en septiembre de 2021 y otra en septiembre de 2023.
Como en otros casos que involucran graves violaciones a los derechos de personas migrantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha emitido una sola comunicación de avance en el seguimiento al cumplimiento de la recomendación sobre el caso, 34/2021.
Ante los pocos avances en el caso, a tres años de los hechos, la vía que sigue es el litigio en contra de las autoridades que están previstas en ley para proteger y apoyar a las víctimas, lo cual resulta revictimizante y torturante para las hijas y la mamá de Victoria quienes, además, atraviesan por una crisis constante en su país de origen, sumada a las afectaciones psicológicas y económicas.
Las hijas de Victoria no solo tienen que cargar con el peso de haber perdido de manera violenta a su madre en un país que se suponía las iba a proteger y alejar de la violencia de su país, sino que ahora tienen que cargar con la burocracia y la opacidad de las instituciones mexicanas.
Todo lo que los gobiernos de México y El Salvador les prometieron se ha esfumado y convertido en promesas al aire, que el tiempo y el olvido se llevó. Las adolescentes no reciben apoyo psicológico, no tienen suficientes recursos para estudiar, su abuela apenas las puede mantener y comprar algunas medicinas para ellas, han tenido que volver al país del que un día huyeron por miedo al crimen organizado, ahora sin su madre.
No hay ni justicia ni reparación en este caso, como en tantos otros de mujeres migrantes que han sido víctimas de la violencia en este país. Foto César Martínez López
