/ Por Ma. Patricia Herrera Gamboa /
Violencia u homicidio contra sus propios agresores, homicidio por razón de parentesco, prostitución o posesión de drogas son algunos de los delitos que mantienen a cientos de mujeres encarceladas de manera injusta en México, sin apoyo, sin testigos, sin sentencias, incluso a veces, sin siquiera saber la razón de su encarcelamiento.
Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del Inegi sobre la información estadística de las condiciones de procesamiento e internamiento de la población mayor a 18 años en centros penitenciarios, así como los datos del Senado de la República, se reporta que actualmente existen alrededor de 13 mil 448 mujeres en prisión (5% de la población interna total).
En México hay 428 centros, de los cuales únicamente 10 son exclusivos para mujeres (Readaptación Femenil) mientras que los otros acondicionan un espacio específico para albergarlas, ya que las políticas y procedimientos están formulados para la población varonil.
Los delitos, de acuerdo con los informes oficiales, indican que la mitad de las mujeres encarceladas lo están por delitos contra la salud al portar cantidades mayores de drogas a las permitidas, detenidas como “primodelincuentes” (primera vez); también por robo, prostitución, secuestro y extorsión, además de delincuencia ligada a una mayor participación de las mujeres en la vida pública.
El delito más grave sigue siendo el aún catalogado como homicidio pasional en legítima defensa propia por maltratos y golpes ya sea a ellas o a sus hijos, lo cual las lleva a herir o matar al marido o concubino, o por adulterio con otras mujeres. Delitos que pocas veces pueden comprobarse y que significan la mayoría de las veces, pasar el resto de su vida en prisión.
Otras, increíblemente han sido encarceladas por “homicidio en razón de parentesco”, por haber sufrido un aborto espontáneo o no consentido, cuando algunas ni siquiera sabían del embarazo, esto es atroz e inexplicable, mujeres que por no dominar el idioma o por costumbres de sus comunidades son repudiadas acusándolas de “matar” a su propio hijo. Sobre este tema se encuentra en el Senado un proyecto de decreto para su regularización.
Por otro lado, varias investigaciones confirman que además del trauma del encarcelamiento y los procesos irregulares, la mayoría afirma, haber sufrido abusos y tortura de autoridades, violaciones físicas de soldados y custodios, además de defensas deficientes.
Lo más alarmante es el aumento del número de mujeres que se encuentran recluidas, 4% y 5% de la población penitenciaria total, además de enfrentar un tiempo de sentencia mayor que los hombres, incluso teniendo a sus hijos ahí, niños que, sin haber cometido algún delito, nacen y crecen con sus madres recluidas, acrecentando la diferencia de desigualdad que aún subsiste entre hombres y mujeres.
Sirva este espacio como un llamado para las autoridades penitenciarias y de derechos humanos sobre la urgente necesidad de igualdad de trato en función de género y de justa aplicación de las leyes en el sistema de justicia mexicano para las mujeres que enfrentan un proceso penal.
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