*Análisis sin Fronteras
/Ana María Salazar/
Madrid, España.- Obviamente la investigación de corrupción en contra de la esposa del Presidente español, Pedro Sánchez, es un imán informativo. Begoña Gómez es la primera esposa de un presidente de España, que es investigada. Y la primera audiencia fue esta semana, donde compareció ante un juez penal. El presidente Sánchez, unas semanas antes, en una carta pública, amenazó con renunciar ante la denuncia hecha por una organización de la derecha, “Manos Limpias”, en contra de su esposa. Argumentó que tenía que “parar y reflexionar”.
Reflexionó y no renunció. Pero claramente las investigaciones en contra de familiares debilitan políticamente al gobernante. La familia real-específicamente la infanta Cristina de Borbón, y su esposo Iñaki Urdangarin, enfrentaron ocho meses de juicio. La infanta fue absuelta de todos los cargos, pero su esposo fue condenado a seis años de cárcel.
La credibilidad de un sistema de justicia depende en gran parte de que la población crea que todos y todas somos iguales ante la ley. Eso incluye penalizar a un mandatario corrupto. Veamos el extraordinario caso del actual presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien después de cumplir su administración, fue investigado y condenado. Purgó 580 días en la cárcel al ser sentenciado por corrupción. El Supremo Tribunal Federal revocó su condena señalando que durante el proceso se habían violado los derechos de Lula. Fue electo de nuevo y es el actual presidente de Brasil.
Seguramente Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, exigirá un trato similar, ya que esta semana, él y otras 11 personas son acusados por la policía federal de Brasil, por supuestamente vender indebidamente joyas que fueron regaladas por Arabia Saudita al gobierno. En este caso, la acusación proviene de la policía federal, demostrando también un nivel de independencia, al igual que los fiscales y jueces de ese país.
Otro caso que hizo titulares hace una semana fue la condena de 45 años por el delito de narcotráfico al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández. Varios factores jugaron en contra de Hernández: el gobierno de los Estados Unidos continuó trabajando con el presidente hondureño en programas para combatir el narcotráfico, a pesar de que el hermano de Hernández ya había sido condenado en Estados Unidos. “Lo traicionaron”, el momento en que dejó de ser presidente. El otro factor era la disposición de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de extraditar a Estados Unidos, con enorme gusto, a su antecesor. La lección aprendida de este caso es que los amigos, en este caso, el Gobierno de los Estados Unidos, te traicionan al tener tu mandato. El otro frente abierto para cualquier mandatario es tener un enfrentamiento con la persona que ostenta ahora tu poder.
Ya van más de una docena de presidentes del hemisferio que han sido condenados y cumplieron pena de cárcel: el argentino, Carlos Menem; el peruano, Alberto Fujimori; el venezolano, Carlos Andrés. Más recientemente en Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli, fue sentenciado a más de 10 años de prisión por lavado y se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua.
Colombia es otro país donde mandatarios, funcionarios y legisladores han enfrentado la mano de la justicia gracias, en parte, a una fiscalía independiente, aunque con frecuencia cuestionada. En los últimos días, fue condenado a 64 meses de prisión domiciliaria el excandidato colombiano presidencial Rodolfo Hernández. Aunque no llegó al poder, Hernández fue un candidato cuestionado por sus posibles actos criminales. El exministro de Defensa, Fernando Botero Zea, deberá pagar una pena de 63 meses de cárcel y una multa de dos mil 200 millones de pesos, luego de que un Juez Regional avaló el acta de acuerdo firmado con la Fiscalía General de la Nación, en la que el ex gerente de la campaña samperista había aceptado el cargo de enriquecimiento ilícito en favor de terceros y falsedad en documento privado.
Pero Colombia no es ajena a investigar a sus políticos y funcionarios: El exministro de Defensa, Fernando Botero Zea, se declaró culpable siendo condenado a 63 meses de cárcel por haber recibido dinero del narcotráfico para la campaña del entonces candidato y futuro presidente, Ernesto Samper. Pero fue la investigación de 80 legisladores lo que marcó la independencia de la Fiscalía y la Corte Suprema, culminando en la condena y cárcel de 60 congresistas.
Es entendible la preocupación del presidente, Gustavo Prieto, sobre el futuro de su hijo que está siendo investigado por recibir dinero del crimen organizado para la campaña de su papá.
Es difícil imaginarse que 60 legisladores mexicanos sean investigados y condenados a cárcel. Mucho menos el hijo o hija de cualquier presidente mexicano. Y casi inimaginable un ex presidente de México.
