*Escrito por Lucía Melgar Palacios.
El artículo 3ero. Constitucional establece que “toda persona tiene derecho a la educación”. Debe ser obligatoria, “universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”, de calidad; impartirse desde un “enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva”, promover el desarrollo armónico de “todas las facultades del ser humano y fomentar [entre otros] el respeto a todos los derechos y libertades, la cultura de la paz y la conciencia de la solidaridad internacional”.
La educación obligatoria que el Estado debe garantizar incluye la inicial y preescolar, primaria, secundaria y media superior. Este artículo destaca también la importancia del magisterio, su capacitación, profesionalización y la necesidad de garantizar el buen estado de las escuelas.
La brecha entre la ley y la realidad de la educación, desde hace sexenios, es evidente, aunque haya habido importantes avances en cobertura y ampliación del acceso a la escuela.
Los ideales educativos y la vocación de muchas y muchos docentes contrastan con las lagunas en el aprendizaje, la precariedad de numerosos planteles; la burocratización, los bajos sueldos y poco reconocimiento que obstaculizan el trabajo docente.
Si la reforma educativa de 2013 fue problemática, si antes de 2019 ya se señalaban deficiencias, como la falta de habilidad de las y los estudiantes de primaria y secundaria en términos de lectura y matemáticas, o las desigualdades entre escuelas urbanas y rurales, en particular las indígenas y comunitarias, en este sexenio, como explican diversas expertas y expertos, la nueva reforma educativa, al vapor, sin programa claro, es una “oportunidad perdida” (Alma Maldonado).
Es también un acto de enorme irresponsabilidad política y humana en cuanto sus fallas restringen el potencial intelectual, emocional y creativo de millones de seres humanos.
No basta con ir a la escuela, ésta debe contribuir a formar seres humanos capaces de aprender, de entender su entorno y el complejo mundo del siglo XXI, de convivir en el respeto y la igualdad, de desarrollar sus talentos, un pensamiento crítico y criterio propio.
La pretenciosamente llamada “Nueva Escuela Mexicana”, diseñada desde una visión ideologizada, sin planeación adecuada, ni recursos suficientes, sin libros bien hechos, ni docentes capacitadas y capacitados, confirma la incapacidad de construir para el futuro, lo que caracteriza al gobierno actual.
La educación de calidad requiere de planes de estudio bien pensados, abiertos a las humanidades, las ciencias y las artes, que ofrezcan las mismas oportunidades a todas y todos, que impulsen la curiosidad, el deseo de aprender y dar lo mejor de si.
Exige también docentes preparadas y preparados, con tiempo para actualizarse, escuelas dignas. Garantizar una verdadera educación de calidad para todas y todos, así debería haber sido, junto con la salud, prioridad política y presupuestal este sexenio.
¿Qué nos dejan en cambio? Cierre de guarderías donde las niñas y niños empiezan a aprender y socializar, cierre de escuelas de tiempo completo que, según CONEVAL, debían mejorarse, no cerrarse.
Desaparición de organismos que evalúen la calidad de la educación y garanticen el buen estado de los planteles; rechazo de la prueba PISA, que no es ideal pero muestra las deficiencias en comprensión lectora básica, matemáticas y – trágico- pensamiento creativo; un desorden de libros de texto; docentes cuya “devoción” se elogia pero que no siempre reciben su pago a tiempo.
Un terrible rezago en la capacidad de aprender, legado del confinamiento por la pandemia, que en vez de reconocerse y enfrentarse, se busca ocultar eliminando la posibilidad de reprobar un año.
¿Es progresista dejar a la infancia sin estancias? ¿Por qué continuar con la farsa de que 4.5 horas de clase al día son suficientes en primaria? ¿Por qué presumir (y pretender continuar) “la Escuela Es Nuestra” cuando se han documentado sus defectos? ¿Es razonable ampliar becas universales en vez de focalizarlas en quienes más las necesitan y financiar lo más urgente? ¿Es “humanista” haber dejado a su suerte a comunidades escolares devastadas por Otis en Guerrero?
Y como nota a pie, ¿Es lógico nombrar una vez más en la SEP a una persona que no tiene ni la especialización, ni la vocación, ni la visión de pensar, imaginar, impulsar la educación que necesitan niños, niñas y adolescentes, como habitantes del siglo XXI y de un país con enormes retos? ¿Por qué usar una vez más esta secretaría como botín político?
Un gobierno comprometido con la sociedad debería reconocer la urgencia de garantizar una educación que enseñe a pensar, que permita comprender el mundo, reimaginarlo y mejorarlo.
