Castigo a la Violencia Ácida: un avance en la justicia para las veracruzanas.

/Yamiri Rodríguez Madrid /
Ya en su recta final, el Pleno de la LXVI Legislatura veracruzana dio un paso significativo hacia la protección de las mujeres al aprobar un decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal. Esta reforma, aprobada por unanimidad con 43 votos, establece sanciones severas para quienes cometan violencia ácida.
Las reformas introducen la tipificación de la Violencia Ácida como delito, una categoría específica que se añade a la fracción X del Artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se define esta violencia como aquella que busca causar daño físico irreversible mediante el uso de ácido, álcalis, sustancias químicas o cualquier otra sustancia corrosiva. La respuesta legal a estos ataques será contundente: penas de prisión que van de los ocho a los doce años, acompañadas de multas que oscilarán entre 300 y 700 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Las penas aumentarán en un tercio si los ataques causan deformidades permanentes o daño significativo a extremidades u órganos. En casos de deformación facial, pérdida de sentidos o daño grave al aparato genital, la pena podría incrementarse hasta en una mitad. Esta normativa se ajusta especialmente cuando las agresiones son cometidas en razón de género, reflejando una clara intención de abordar las desigualdades y particularidades de la violencia de género.
Una de las innovaciones más destacadas es el mandato para que la Secretaría de Salud lleve un registro detallado de las víctimas de violencia ácida, protegiendo sus datos personales mientras proporciona información a las autoridades. Además, las instituciones de Salud deberán informar al Ministerio Público de manera inmediata sobre cualquier caso de lesiones por ataques con ácido. Esto garantiza una respuesta rápida y efectiva ante cada incidente.
La reforma también establece que el Ministerio Público debe asegurar una reparación del daño integral y eficaz, y decretar las medidas de protección necesarias para las víctimas. Este enfoque busca no solo castigar a los agresores, sino también proporcionar justicia y apoyo a las personas afectadas.
La aprobación de estas reformas en Veracruz es un hito en la lucha contra la violencia de género, aunque aun hay mucho por hacer.   Ojalá que en el último periodo que les queda, se dé luz verde a la Ley Monse o la que sanciona la violencia vicaria; son bastantes los pendientes que podrían a salvar vidas de decenas de mujeres; aún están a tiempo de dejar como legado ser la Legislatura que más trabajó en pro de las veracruzanas.   Todo es cuestión de querer.
@YamiriRodriguez
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