*A juicio de Amparo.
/ María Amparo Casar /
Concluyeron los foros sobre la reforma judicial organizados por la Cámara de Diputados y ya anunció la secretaria de Gobernación que se espera que la iniciativa sea aprobada en comisiones el próximo 22 de agosto y en el pleno el 26 de septiembre, cuatro días antes de que Andrés Manuel López Obrador deje el poder.
Si el Tribunal Electoral consiente que se le dé a la coalición morenistas una mayoría calificada que no ganó en las urnas, tendremos la elección popular de las personas juzgadoras, aunque de antemano se sepa que es un despropósito.
Las dos posiciones pueden resumirse en las siguientes dos afirmaciones. Una, de la senadora electa de Morena, Claudia Tello, y otra, de una juzgadora, magistrada de Circuito, Selina H. Avante.
La senadora electa expuso que “estos diálogos están apoyados y cimentados en las asambleas que se realizan en el parque y las calles, donde la población levanta la mano y solicita que se impulsen las reformas en materia judicial, ya que argumentan que no conocen quiénes son los juzgadores, es decir, no sólo se requieren perfiles académicos, sino éticos… la principal intención de estas adecuaciones normativas es otorgar a la población herramientas que las haga partícipe y se considere su solicitud y voto a favor del plan C”.
En sentido contrario, la juzgadora afirmo “que el trabajo del Poder Judicial no es ir a preguntarle al pueblo, sino defender sus derechos y eso es lo que hacemos todos los días… con la experiencia jurídica y académica es que vemos que esta reforma no es viable. No hay elementos para realizar una reforma en donde tengamos representantes populares en lugar de juzgadores calificados”.
Buena parte de los trabajadores del Poder Judicial, la mayoría de los cuales participaron en la marcha del 28 de mayo de 2023 bajo la consigna de #LaCorteNoSeToca, juzgan que los foros fueron una simulación y que, si bien hace falta una reforma al sistema de justicia, ésta no debería pasar por la elección popular de los ministros. En ese entonces no se sabía que no serían sólo los ministros, sino además todos los juzgadores los que serían electos.
Si de verdad hubiese una intención de reformar el sistema de justicia y no sólo o fundamentalmente la patraña de elegir a los jueces, bien harían los legisladores en funciones que dictaminarán la iniciativa y los electos que entrarán en funciones el 1 de septiembre en estudiar con detenimiento el diagnóstico y las propuestas que hicieron otro conjunto de juristas en el foro de reflexión ciudadana Hacia un Mejor Sistema de Justicia en México (UNE) que se transmite por el canal de YouTube.
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No puedo hacer justicia a las propuestas que ahí se hicieron, pero vale la pena resaltar que el enfoque de todo el foro fue el de una visión integral que, a diferencia de la iniciativa presidencial, incluye toda la cadena de procuración y administración de justicia. Desde el denunciante o la víctima hasta el sistema penitenciario pasando por la policía, los ministerios públicos, el modelo de investigación criminal, la gobernanza y la administración de las fiscalías y los poderes judiciales federal y estatales, así como la suficiencia presupuestaria. De esto no hay nada en la iniciativa presidencial.
Nadie niega la necesidad de una reforma. Se está en contra de una reforma que es un capricho del Presidente, quien ha decidido infundir la idea de que ministros, magistrados y jueces constituyen una élite que no imparte justicia, sino que cuida sus excesivos privilegios y que la manera de resolver el problema es eligiéndolos y sometiéndolos a un tribunal de disciplina judicial.
La conclusión, a cargo del ministro en retiro José Ramón Cossío fue contundente. No hay nada en la reforma que beneficie a las personas. Lo que se logrará, si se aprueba, será el entorpecimiento de la ya de por sí precaria impartición de justicia.
En particular ocurrirán dos cosas. Primero, tendríamos jueces que podrían olvidarse del derecho y en un proceso de profunda introspección entrarían en una condición redentora y magnánima para decidir qué es la justicia. Se termina con la idea de que cuando un juez es designado, el juez entiende que su función es la de aplicador de la ley. Cuando es electo popularmente, el juez entiende que tiene un mandato directo. El del electorado, no el de la ley.
Segundo, la creación de un tribunal disciplinario como el que se propone podría llevar a sancionar a los jueces por ir en contra de supuestos de ley, pero también, en contra de asuntos de interés público o de administración de justicia. Es decir, el fin de la certeza jurídica y de la carrera judicial. Un juez podría resolver que un particular tiene razón conforme a derecho en una querella, pero el tribunal disciplinario acusarlo de que su sentencia choca con el interés público.
El desatino político es tal, concluye Cossío, que la reforma equivale a no reconocer que los jueces son los que pueden hacer valer los derechos humanos y que hay que defender una función de Estado.
