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17.08.2024.- Escrito por Luz Cecilia Andrade.
Ciudad de México.- Después de un año y cuatro meses del incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, que cobró la vida a 40 hombres extranjeros y 27 resultaron lesionados de por vida, tres mujeres sobrevivientes exigen a las autoridades mexicanas que las reconozcan como víctimas.
Kelly Joana Ospina González, fue una de las sobrevivientes al incendio de la noche del 27 de marzo de 2023 junto con sus dos primas: Carolina y Jenny quienes viajaban desde Colombia con la intención de cruzar a Estados Unidos. Ellas formaron parte de las 15 mujeres que lograron salvarse del incendio en la estancia del INM y que, lamentablemente, quedaron con heridas psicológicas de por vida, razón por la cual ella y su prima Jenny exigen al gobierno mexicano ser reconocidas como víctimas.
Se estima que en el país residen más de 593 mil mujeres migrantes, pero entre 2021 y 2022 el número total de familias y mujeres cruzando México con destino a Estados Unidos aumentó.
Desde ese día a la fecha, las tres mujeres aún no son consideradas como víctimas pese a las secuelas postraumáticas que el incendio les provocó.
“Sí ha cambiado mucho nuestra vida, de hecho yo personalmente desde ese momento estoy en terapia, porque para mí ha sido muy difícil y, o sea, como asimilar eso que yo viví: ver morir gente, ver cómo los sacaban, ver que estuve ahí a un pelito de morir”, asegura.
A esta situación se le suma que el pasado lunes 12 de agosto tanto la Fundación para la Justicia, asesora legal de algunas víctimas del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, como el Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI), acusaron que la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas (CEAV), instó a que algunos de los afectados del siniestro no se opusieron a la salida alterna que busca en el proceso en su contra el comisionado de del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño.
“Hemos constatado que al menos 6 víctimas que la CEAV que acompañan en el caso, les llamó por teléfono y después les mandó un correo electrónico para solicitar que no se opusieran a que el juez conceda la ‘solución alterna’ asegurando que con esto era previo al cumplimiento de una serie de condiciones y desde luego cumpliendo con la reparación integral de los daños (sic)’, sin explicar dichas condiciones ni cómo esto formaba parte de la reparación integral del daño”.
IMUMI en su comunicado
La falta de acceso a la justicia para las mujeres y hombres afectados por el incendio en el INM de Ciudad Juárez da cuenta de que este es un derecho que sólo existe en papel.
De acuerdo con un informe de investigación de Wola, organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas, existen diversos obstáculos que enfrentan las personas migrantes para acceder a la justicia:
- Dificultad para denunciar los delitos que han sufrido en México: Pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene oficinas en todo el país para que las personas migrantes puedan denunciar, ni las autoridades federales ni las locales tienen presencia en muchos lugares donde ocurren los abusos contra migrantes.
- Falta de procedimientos para que las personas migrantes detenidas en estaciones migratorias accedan a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM) de la FGR o las fiscalías locales: el exceso es limitado a ciertas horas y días de la semana, además de que solamente pueden ver a las personas migrantes que hayan solicitado su asistencia.
Cuando no hay acceso a las organizaciones de derechos humanos u otras autoridades, las personas migrantes son remitidas por los medios para denunciar delitos a agentes del INM o a la CNDH cuando son realizadas.
Sin embargo, se ha detectado que en ocasiones el INM no remite ni informa a la CNDH las quejas por violaciones a derechos humanos presentadas por las y los migrantes, niega los testimonios de abusos o desincentiva, amenaza e intimida a migrantes sin interponer las denuncias.
Hasta el momento, Kelly Joana Ospina señala que sólo una persona de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que lleva la investigación, solo se ha comunicado en una ocasión con las tres sobrevivientes. Sin embargo, cuando respondieron les indicó que ya no trabajaba para esa instancia investigadora y no dio más información.
A la fecha, Kelly y Jenny insisten en ser reconocidas y tratadas como víctimas:
“Sí ha cambiado mucho nuestra vida, de hecho yo personalmente desde ese momento estoy en terapia, porque para mí ha sido muy difícil, asimilar eso que yo viví: ver morir gente, ver cómo los sacaban, ver que estuve ahí a un pelito de morir” asegura.
Kelly Joana Ospina<
Es importante señalar que aunque mujeres y hombres sufren la violencia y precariedad que representa migrar, las mujeres además enfrentan otros tipos de violencia asociadas a su género: violencia en la ruta migratoria, violencia transnacional, violencia xenófoba y violencia institucional, detalla el estudio “Retos para las mujeres migrantes en tránsito por México”.
Entre recuerdos, Kelly dice que lo primero que vio fue el humo negro que se propagaba hacia el interior del lugar donde todas las mujeres se encontraban resguardadas. Ninguna supo qué era lo que pasaba, hasta que la guardia de seguridad dijo “esto se está prendiendo”, señala en entrevista desde Estados Unidos con Pie de Página por videollamada.
El incendio mortal ocurrió en un momento en el que los esfuerzos estadounidenses intentaban disuadir a las personas migrantes en su frontera sur se entendieron bajo acuerdos con las autoridades mexicanas para detener a personas en movilidad en comunidades como Ciudad Juárez.
“Empezamos a decir “sáquennos, ayúdenos, cómo así, ¿qué está pasando?”, comenta Kelly, quien junto a sus primas fueron sacadas de las celdas donde se encontraban minutos después del incendio. Cuenta que todas las mujeres, asustadas, llenas de miedo y angustiadas, fueron obligadas a esperar en las escaleras exteriores del edificio del INM que terminara el incendio que, en sus palabras “nadie intentaba apagar”.
Kelly Ospira
La noche del incendio y hasta la mañana siguiente, las mujeres extranjeras permanecieron afuera del edificio bajo la custodia de personas que las amedrentaban diciéndoles que estaban en una ciudad donde mataban a las mujeres para que no intentaran escapar.
Entre el miedo, y el frío, Kelly y sus primas también escucharon los gritos de los hombres que querían salir y la desesperación de aquellas mujeres que tenían padres, hermanos o hijos en esas celdas:
“Una de las niñas (estaba) pidiendo ayuda porque ahí estaba su papá, la venezolana que estaba con nosotros pidiendo ayuda para su hermano que estaba ahí y ellos no quisieron abrir”.
Kelly Ospira
Pero eso no fue todo, Kelly cuenta que lo más perturbador fue observar cómo sacaban los cadáveres de los hombres y los arrojaban al piso frente a ellas como si no fueran personas, escena que hasta el momento la persigue y le cuesta contar.
De acuerdo con la Ley General de Víctimas, se denominan víctimas a aquellas personas que “hayan sufrido algún daño o menoscabo físico, mental, emocional o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos”.
Al amanecer del 28 de marzo, las 15 extranjeras fueron llevadas al albergue Leona Vicario, administrado por el Gobierno Federal, donde les ofrecieron una visa humanitaria para permanecer hasta 180 días en México, pero las tres colombianas la rechazaron por miedo.
El 29 de marzo las tres mujeres colombianas cruzaron el río Bravo para entrar Estados Unidos, se entregaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza y se identificaron con sus pasaportes colombianos, mismos que les fueron devueltos unos minutos antes de que el fuego se desatara en la celda del INM.
