- Escrito por Arantza Díaz .
19.08.2024 Ciudad de México.- María Diana Ortíz Ramírez nació en Madrid en el año 1968, sin embargo, fue entregada en adopción a una familia de origen mexicano quienes la adoptaron y llevaron a Mérida, Yucatán; se cambió su nombre a Ligia Ceballos y eliminaron todo rastro de este suceso que, de hecho, pudo ser producto de una irregularidad, pues existe la posibilidad de que Ligia fuese una bebé robada.
El 15 de febrero del 2017, Ligia Ceballos se enteró de su probable sustracción de recién nacida, por lo que presentó una denuncia penal ante la, entonces, Procuraduría General de la República (PGR) que procedió sin mayor complicación apelando al delito de presunta desaparición forzada.
Ante diversos procesos judiciales, el caso de Ligia Ceballos se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando así, el pendiente que el órgano reconozca a la quejosa como víctima de desaparición, y es que, es necesario señalar que la Organización de las Naciones Unidas reconocen que las infancias sustraídas deben tener el acceso legal a restablecer sus lazos familiares y a la obtención de justicia, sin importar los años que hayan sucedido o que la niña – niño, sea un adulto mayor.
La antesala del caso
La única pista que se posee en el caso son los nombres de sus padres, Marta y Rafael, oriundos de Madrid. Según consta un Acuerdo de la Diputación Provincial de Madrid, la niña fue entregada un 11 de julio del 68 como parte de una complicidad eclesiástica.
Según información reunida por la propia familia, el matrimonio Ceballos buscó la posibilidad de adoptar a una niña recurriendo a las autoridades religiosas de Yucatán quienes aceptaron ayudarles y se inició una serie de correspondencias con el entonces, arzobispo de Madrid.
La respuesta del arzobispo fue favorecedora para la familia Ceballos y se comprometió a apoyarles para lograr la adopción de la hija que el matrimonio buscaba. Fue así, que en el 68 la familia viajó a España y sostuvo una reunión con miembros del arzobispado madrileño, quienes les anunciaron que tenían «algo especial» pero que aún no había nacido; se trataba de Ligia.
Un discurso importante a señalar es que los Ceballos no adoptaron a una infancia en su país de origen porque las características que deseaban en su hija eran europeas. Según testimonios reunidos por Amnistía Internacional, la familia buscaba únicamente a una niña de tez blanca y de rasgos europeos, pagando hasta 50 mil pesetas por el proceso.
«La búsqueda de tus orígenes es complicada, muchas veces tienes la sensación de no pertenecer, y un cierto temor a ser visto como un desagradecido con quienes te lo dieron todo. Pero muy dentro de ti, te preguntas… ¿Quién dejaste de ser, para convertirte en la persona que eres? Preguntas que no tendrán respuesta, pues quizá nunca conoceré la verdad. Resulta difícil conocer los hechos y no entender, por qué no completaron el proceso de adopción como la ley señala. Muchas dudas…”
Robo de bebés en España: Una ola de violencia y vulnerabilidad
Al término de la Guerra Civil se dio origen al régimen franquista que se mantuvo vigente hasta 1975 y que fue responsable por violaciones a los derechos humanos; se tiene registro de torturas, ejecuciones, desapariciones forzadas, criminalización y persecución política.
La represión que aquejaba a España atravesó, por consiguiente, a las familias quienes fueron víctimas de violaciones a su libertad y del abuso de autoridad. Asimismo, a toda persona que se consideraba opositora al régimen, el Estado veía bien la sustracción de bebés de sus senos familiares; se les borraba su número de identidad y nombre.
Según documenta Las mujeres republicanas en la Guerra civil escrito por Mary Rojas en 1999, estos bebés eran hijas e hijos de mujeres presas, perseguidas o consideradas una amenaza para el régimen franquista. Se desconoce el número de neonatos que fueron sustraídos y sacados de España, sin embargo el Servicio Exterior de Falange señaló que se repatriaron 20 mil 266 bebés sustraídos; muestra mínima de todas las infancias que fueron separadas de sus madres.
Amnistía Internacional recoge en su informe Tiempo de verdad y Justicia, que el médico franquista encargado de dirigir los Servicios Psiquiátricos, consideraba a las mujeres como débiles mentales y arpías. Durante el periodo de dirección de este médico, las autoridades adoptaron una normativa que dotaba de legalidad la separación de infancias y padres biológicos para ser otorgadas a otras familias con el objetivo de «reintegrarles física y espiritualmente a la patria».
Esta práctica de sustracción y robo de bebés se mantuvo vigente, incluso décadas después del franquismo español, manteniendo su articulación -en menor medida- hasta los años 90, pues la legislación de España no se dio hasta hace menos de 30 años, según expone Amnistía Internacional.
El delito es reconocido por la Corte Penal Internacional de Naciones Unidas, que valida que la desaparición forzada constituye un crimen contra la humanidad, pues se instrumentaliza con ello para reproducir ataques sistemáticos contra la población civil, en este caso, el régimen franquista produjo condiciones de vulnerabilidad para miles de infancias como parte de sus actos de amedrentamiento contra las familias españolas.
La resolución que dará la Suprema Corte de Justicia será vitalicia, pues reconocería a Ligia Ceballos como una víctima de una serie de violaciones estructurales que le privaron su acceso a la identidad y a la vida familiar; la SCJN será pieza fundamental para el acceso a la verdad sobre uno de los episodios más oscuros en la historia de España.
