*Escrito por Arantza Díaz.
20.08.2024 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- «Nadie debe temer nada, al contrario, el futuro es promisorio», dijo Claudia Sheinbaum Pardo, al hablar sobre la Reforma al Poder Judicial de la Federación y como si de un detonante se hubiese tratado, sólo tres días después de este discurso dado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las juzgadoras y juzgadores del país han iniciado una revuelta política para frenar parcialmente sus funciones; el rechazo es total y lo que se gestará en los días próximos resulta incierto en temas de justicia para las mujeres.
Aquí está en duda qué sucederá con la carrera judicial para todas las mujeres que integran el Poder Judicial y las mujeres que exigen acceso a la justicia. Aunque se ha mencionado que el paro es parcial, lo cierto es que la violencia feminicida, desapariciones, trata de personas y otros delitos más, no conceden el tiempo para aplicar la Reforma Judicial.
Por tanto, esto también estaría afectando a Madres Buscadoras, madres de víctimas de desaparición, violencia feminicida, víctimas de violencia vicaria, defensoras que apoyan casos emblemáticos en espera de resolución judicial como el de María Elena Ríos, saxofonista víctima de violencia ácida, entre cientos de miles que siguen acumulándose.
Amparándose en el caso Cambas vs Ecuador, una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pauta que las y los jueces tienen derecho a defenderse cuando ven amenazados sus derechos fundamentales y la independencia judicial, las personas que conforman este poder, celebraron una asamblea donde se llegó a un acuerdo:
«Es necesario tener el respaldo de la mayoría de las y los titulares de los órganos jurisdiccionales federales para tener la legitimación que nos dé fortaleza ante los poderes ejecutivo y legislativo, pero, sobre todo, por la atención y respeto que la sociedad merece».
Esto implica la suspensión parcial de las actividades jurisdiccionales en todos los órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación, es decir, los Plenos Regionales, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, Tribunales Colegiados de Apelación, Centros de Justicia Penal Federal, Juzgados de Distrito, Juzgados de Distrito Auxiliares, Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones y Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales y Colectivos.
A través de un posicionamiento político, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, señala que la suspensión de la actividad jurisdiccional es un acto que expone que la mayoría del colectivo judicial sólo busca gozar de sus derechos y garantías.
Es importante hacer una distinción y es que, todos estos actos son apenas la preparación de un movimiento que podría apuntar a algo mayor, pues esta definición del paro que, según se presume, será indefinido, terminará por cobrar forma esta noche cuando se emita la decisión final.
Mientras esto sucede, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder judicial ha afianzado su compromiso con este movimiento, refiriendo que se contará con todo el apoyo y la defensa de las y los delegados de cada circuito.
Asimismo, el Instituto Federal de Defensoría Pública también se ha pronunciado este lunes, zanjando que si bien reconoce la autonomía del poder y legitima toda protesta, hay una seria consternación sobre el porvenir en México. También, refrendó su compromiso para seguir trabajando por el acceso a la justicia para la población civil, por lo que esta institución continuará de manera habitual.
Según se proyecta, la votación que determinará en su totalidad, el paro nacional tomará hasta 12 horas de discusión y tendrá una plantilla participativa de casi 2 mil personas trabajadoras del Poder Judicial, así lo dio a conocer Juana Fuentes, jueza y presidenta de la asociación judicial JUFED.
De consolidarse una mayoría participativa a favor del paro, la suspensión de labores iniciará el próximo miércoles 21 de agosto.
“La suspensión de labores dará inicio a las 00:00 horas del día miércoles 21 de agosto de 2024 y continuará hasta que se cumplan nuestras peticiones, y dicha suspensión se levantará con la aprobación de las Mesas Directivas Nacional y Regionales de la JUFED.”
Durante este paro que, pinta como indefinido, los órganos judiciales involucrados han señalado que se mantendrán en total disposición de negociar a través de consensos con el objetivo de que se plantee de una mejor manera lo que sucederá con la reforma al Poder Judicial bajo la premisa de garantizar la seguridad jurídica en México.
Aunque se promete que este movimiento será pacífico y que sólo busca mejorar el panorama jurídico en nuestro país, algunas entidades ya han comenzado a moverse de manera más reacia, como Nuevo León, Yucatán, Estado de México, Coahuila, Zacatecas y la misma CDMX, que han decidido cerrar por completo oficinas y tribunales desde el primer minuto de este 19 de agosto.
En respuesta, López Obrador refirió durante su mañanera que esta reforma no intenta afectar a las personas trabajadoras, por ello, planteó que se explicará de nueva cuenta en qué consiste este movimiento político. Además, señaló que es un intento por desaparecer la corrupción que ejercen algunas personas al interior del Poder Judicial y aunque «están en su derecho de manifestarse», no dudó en referirse a las personas que participan en este movimiento como «paleros«.
«Están en su derecho, nada más que van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción” (López Obrador, mañanera del 19 de agosto)
Antecedentes: ¿Qué pasó antes con el Poder Judicial?
Como parte de la resistencia para negar la conformidad con la reforma, el Congreso de la Unión convocó a una serie de intervenciones y foros llamados «Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial donde ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces de distrito, personas de la academia, asociaciones civiles y la población general, tuviese la oportunidad de participar activamente en una consulta parlamentaria.
Sin embargo, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED)ha denunciado que esta simulación democrática no se logró concretar con éxito a causa de que se dieron interrupciones e incidentes sistémicos que evitaron que se cumpliera con estas sesiones parlamentarias que tendrían lugar por todo el país del 27 de junio al 9 de agosto.
¿De dónde viene este rechazo por parte de las y los trabajadores del Poder Judicial? Para entenderlo, hay que poner bajo el foco 5 puntos medulares que, de aprobarse esta reforma, entonces cobraría vigencia lo siguiente:
- Destitución masiva y sin juicio de las personas juzgadoras que actualmente integran los Poderes Judiciales
- Reemplazo por personas elegidas mediante un proceso de votación popular extraordinario para 2025
- Reducción de remuneraciones para las personas juzgadoras de nuestro país
- Imposición de un modelo disciplinario de única instancia, implicando cambios laborales y jubilatorios regresivos
- Afectación de la división de poderes y la carrera judicial, esta última, fortaleza de la independencia judicial
Según expone de manera oficial la JUFED, se luchará con el objetivo de que el Poder Judicial conserve su autonomía política, uno de los ejes principales que, manifiestan, podría poner en riesgo la imparcialidad de este poder.
¿Cómo entender esta reforma y su relación con la justicia para las mujeres?
Cimacnoticias entrevistó en «Reforma al poder judicial no garantizará justicia a mujeres: Fátima Gamboa«, a la abogada y presidenta de EQUIS JUSTICIA, Fátima Gamboa quien compartió con la agencia la preocupación de esta reforma, más allá de todo discurso político e intereses de por medio, la reforma posee un vacío importantísimo: No garantiza el acceso a la justicia de las mujeres, una deuda pendiente que debería de ser prioritaria para el Estado.
Para la abogada, la discusión no es si las personas votarán o no, sino más bien, el asunto medular es que se plagará de posturas y preferencias políticas que determinarán quiénes estarán conformando el Poder Judicial, eclipsando así, su autonomía y la facultad de obrar desapegados de cualquier partido político.
«Votar a quien va a juzgar no es suficiente, hay que democratizar el poder judicial, pero también, que el sistema nos haga parte de la toma de decisiones judiciales, construir junto a los poderes políticos el acceso real a la justicia, revisar los controles de justicia, de cuentas … Queremos una participación activa y no sólo pasiva del voto» (Fátima Gamboa)
El punto siguiente es: ¿Quiénes serán votados?, ¿quiénes serán estas personas? De nueva cuenta, se habla de perfiles que serán propuestas por el sistema mismo para lanzar su candidatura y desempeñarse al frente del Poder Judicial. Sin oposición, ni contrapeso, el camino jurisdiccional parece erosionarse.
Desde la perspectiva de Fátima Gamboa, esta reforma no contempla la diversidad de perfiles y mucho menos, una formación de derechos humanos que vaya más allá de su perfil académico; los perfiles técnicos que saltarán a la candidatura del 2025 no son suficientes si son personas que violan los derechos humanos en su ejercer y tienen arraigados valores patriarcales.
Según apunta el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2020, se contabilizó a un total de mil 473 personas dedicadas al área magisterial y el enjuiciamiento judicial, de este total, el 78.6% de los jueces y magistrados son hombres; 21.4% juezas y magistradas mujeres.
«Es un grupo que se elige a sí mismo entre un grupo de personas al poder. Esta reforma no nos dice que el voto popular es un medio para lograr la paridad, la diversidad y una composición plural del propio poder judicial, o sea, ¿cuántas personas indígenas son magistradas?, ¿o mujeres lesbianas?», cuestionó la abogada.
De esta forma, hablamos de espacios excluyentes de la diversidad y que son cultivo para que se fomente el pacto patriarcal, la revictimización y la violencia. Fátima Gamboa compartió para Cimacnoticias estos siguientes escenarios que se gestan cuando no existe una participación política igualitaria:
- Inconsciente: Cuando se dictan sentencias en contra de una mujer porque el hombre valida al sistema -su sistema-. Una interpretación que se aparta de la ley en perjuicio de una persona.
- Consciente; Cuando se hacen favores al político amigo, al miembro del crimen organizado, al compadre, al compañero de trabajo a fin de perpetuar su estatus quo
Es decir, que cuando el presidente López Obrador refiere que el sistema está podrido de corrupción, también haría falta referir que también lo está gracias a la colusión del patriarcado y la exclusión que propicia. La impunidad a causa de la corrupción no es sólo la ausencia de un castigo como refiere Fátima Gamboa, sino un sistema de pactos entre quienes están al frente del poder mayormente, constituido por hombres. Ahora, con este juego de candidaturas que habrá –tras la probable aprobación de la Reforma-, el espacio apunta para continuar perpetuando la exclusión y el privilegio androcentrista.
Hay que referir que este mismo cuestionamiento fue lanzado por la Presidenta Ministra, Norma Piña, quien se ha posicionado señalando que el Poder Judicial de la Federación es el único contrapeso de los Poderes de la Unión. Además, señaló que esta reforma pretende eliminar la carrera judicial como sistema de mérito para acceder a los cargos de juzgadores federales.
«Se suspenden indefinidamente las labores en el Poder Judicial de la Federación hasta que nuestras peticiones sean escuchadas. DISCULPEN LAS MOLESTIAS, ESTAMOS DEFENDIENDO A MÉXICO DE LOS ABUSOS DE PODER AUTORITARIO», compartió Norma Piña en sus redes.
Finalmente, desde la posición civil, queda permanecer vigilantes a la resolución que será presentada a través de un acta de escrutinio donde se expondrá cuál será el paso siguiente de este órgano. Esto constituye uno de los movimientos políticos más importantes en contra de las reformas obradoristas que busca consolidar Sheinbaum; la presión resulta insostenible y en el radar, queda saber la posición de la futura presidenta para consolidar un estado de derechos, laico, libre y donde la autonomía del Poder Judicial prevalezca.
