- Escrito por Arantza Díaz .
10.09.2024/Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- La presidenta ministra, Norma Piña soltó su contrarreforma a escasas horas que comience la votación en la Cámara de Senadores, esta tardía propuesta, contiene una serie de recomendaciones para dialogar y transformar el Poder Judicial, no sólo por la legalidad, sino por una de las cuentas pendientes más grandes que tiene México con su ciudadanía: La justicia.
Hay que recordar que esta propuesta de Reforma al Poder Judicial se inicio el 5 de febrero del 2023 y a lo largo de este tiempo no hubo contrarreforma, hasta ahora que ya es prácticamente inminente la aprobación.
La llegada de este posicionamiento aparece en un momento de tensión crítica; las protestas en el Senado arrecian y López Obrador parece no abrir la puerta al diálogo.
La reforma al Poder Judicial avanza y parece incontenible, de hecho parece que será inevitable su aprobación en la Cámara de Senadores.
En un mensaje, Norma Piña al centro y junto a ella, el consejero Sergio Javier Molina, el ministro Jorge Mario, ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro Luis María Aguilar, la consejera Lilia Mónica López Benítez y el consejero José Alfonso Montalvo, se sentenció que, a nombre del Poder Judicial, su resistencia se mantendría firme.
Asimismo, Norma Piña pidió a las y los trabajadores de este Poder de la Unión, mantenerse juntos para cambiar las cosas y reclamar el derecho a un futuro libre.
Así, pidió abrir el diálogo con las personas víctimas de violencia y aquellas que han dedicado su vida a defender los derechos humanos, también, a las y los estudiantes que han salido a protestar; concretamente, Norma Piña demandó mirar los contrapesos de la reforma.
Dentro de su mensaje, también sentenció que la demolición del poder judicial no es la vía como se pretende, pues de quererse, hoy mismo se pueden comenzar a dar pasos firmes y cambios profundos, pero para esto, hay que meter freno y despojarse de narrativas que son simplistas.
«Hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer cambios profundos y necesarios para construir la justicia y la reparación que México tanto necesita, nuestra historia no se puede definir desde la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país es culpa de los jueces, quienes asi lo crean, no conocen México»
Sobre esta misma línea, AMLO no tardó en posicionarse y limitó su postura a decir que las personas estaban en su derecho de manifestarse, pero que la reforma no planteaba «destruir» nada, como advirtió Piña en su mensaje, sino constaba de todo lo contrario.
Ahora bien, estos dos documentos que, como última medida, intentan dar un revés a la Reforma al Poder Judicial y entablar el diálogo, a sólo dos días de que esta discusión llegue al Pleno, están enmarcados en las recomendaciones de los organismos internacionales e interamericanos de derechos humanos.
Son de acceso libre y Cimacnoticias, resume los 5 ejes fundamentales de ambos documentos: ¿Qué proponen?,¿contemplan la justicia para las mujeres y grupos vulnerables?
Primer herramienta: Reforma integral al sistema de justicia en México
Legitimidad judicial:
Desarrollar e implementar una política de los procesos judiciales desde el enfoque de la «justicia centrada en las personas» que vaya más allá de las respuestas estrictamente legales y que priorice una experiencia más humana y justa para los involucrados.
Asimismo, este primer punto, exige diseñar e implementar programas de sensibilización y capacitación en ética profesional y legitimidad institucional de manera transversal en todas las instituciones del sistema de justicia, asegurando que dichos programas incluyan un enfoque práctico que permita el análisis de dilemas éticos
Fortalecimiento de los poderes judiciales locales:
Uno de los problemas más importantes que enfrenta el sistema judicial, son los endebles sistemas de justicia local, por ello, el punto dos de este documento demanda aumentar el número de personas juzgadoras por persona.
Asimismo, refiere la implementación de herramientas tecnológicas que permitan automatizar procesos, mejorar la recolección y organización de información, así, se lograrían agilizar los procesos.
Demanda que la carrera judicial de las personas juzgadoras sea comprobada y tengan estudios en herramientas como la perspectiva de género, la transparencia y se ponga especial acento en el nepotismo.
Asimismo, en este punto se exige revisar la distribución actual de recursos económicos e incrementar significativamente los fondos asignados a las instituciones de justicia penal local, considerando las necesidades específicas de cada entidad y el volumen y tipo de asuntos que gestionan.
Este aumento de recursos debe destinarse a la contratación y capacitación del personal, así como a la mejora de los sistemas tecnológicos en fiscalías estatales y poderes judiciales locales, con el fin de optimizar sus capacidades institucionales.
Diseño normativo sustantivo y procesal
En este punto se busca derogar figuras jurídicas que propicien la privación arbitraria de la libertad y apegarse a los sistemas interamericanos de derechos humanos.
Paralelamente, aquí se contiene algo importantísimo: Armonizar el reconocimiento y la tipificación del delito de feminicidio, así como homologar los protocolos de investigación en todo el país.
Además, contempla la idea de crear oficinas móviles de denuncia que se desplacen por todo el territorio con el objetivo de acercar la justicia a sitios o localidades donde este derecho resulta inaccesible a causa de los espacios geográficos y el rezago.
Otro punto importante es que pide transparencia en los recursos destinados al poder judicial, pidiendo que se destine más del 2% del presupuesto federal.
Seguridad Pública:
En este punto, lo más sustancial, es la exigencia de reorientar las políticas de seguridad pública promoviendo la desmilitarización y garantizar la participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas.
Demanda, también, la modernización de los centros de Monitoreo y Control y la instauración de un mecanismo nacional de certificación en las instituciones policiales, donde se promueva la perspectiva de género y la defensa de los derechos humanos.
Pretende mejorar los protocolos de Alerta Amber, servicios forenses y Protocolo Alba para acelerar sus investigaciones y eficacia.
En materia de derechos migrantes, también contempla incorporar la detención y desaparición de personas migrantes en los registros nacionales.
Defensoría Pública
Este punto pide incrementar el número de asesores jurídicos en la defensoría pública federal, con un enfoque en la atención a víctimas. Es necesario establecer una ratio máxima de casos por defensor, que permita una atención individualizada y efectiva.
Además, se debe garantizar la capacitación continua de estos defensores en derechos humanos y atención a víctimas, para que puedan abordar los casos con una perspectiva de sensibilidad.
Asimismo, pide asegurar la autonomía y las asignaciones presupuestales de la Defensoría Pública.
En materia de atención a víctimas
Demanda incorporar a las víctimas indirectas en los procesos de búsqueda y en todo proceso judicial. Exige que estas personas tengan la facultad de revisar la distribución competencial entre el Estado y las entidades federativas.
Contempla ampliar el personal médico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en todas las entidades federativas, con énfasis en las zonas con mayores índices de violencia y violaciones a derechos humanos.
Ejecución Penal
Este punto de la contrarreforma pide establecer mecanismos efectivos y accesibles dentro de los centros de reclusión para que las personas privadas de libertad puedan denunciar abusos y violaciones de derechos sin temor a represalias.
Estos mecanismos deben incluir la posibilidad de presentar quejas de manera confidencial y segura que deriven en el inicio de investigaciones imparciales y al establecimiento de sanciones para las personas responsables.
Asimismo, exige la implementación de servicios de interpretación y mediación cultural para mujeres indígenas, así como la capacitación de jueces y juezas de ejecución en temas de derechos humanos e interseccionalidad.
Otro punto relevante es que se demanda la implementación de sistemas de salud mental al interior de los centros penitenciarios de nuestro país. Así como el desarrollo de espacios incluyentes para infancias -hijas e hijos de madres privadas de su libertad- y personas con discapacidad.
Segunda herramienta: La Reforma al Poder Judicial en Voz de la Judicatura
En un documento más concreto, Norma Piña dio a conocer la segunda pieza de este movimiento para echar para atrás la Reforma; sirve de forma articulada con el anteriormente mencionada y se centra en una serie de jornadas que se estuvieron dando los últimos días y que contaron con la participación de personas juzgadoras y de la sociedad civil.
Así, este resumen ejecutivo contiene todo lo discutido, las preocupaciones y principales temas que son de carácter nacional.
El análisis de estas jornadas nacionales revela que existe un reconocimiento de que hay áreas de oportunidad para mejorar el sistema de justicia en su integridad.
Sin embargo, de la integración de resultados se advierte una fuerte preocupación por el desmantelamiento de la carrera judicial y la viabilidad de la elección popular de personas juzgadoras.
Para asegurar una reforma efectiva, tanto en las mesas como en los talleres de las Jornadas, se señaló la necesidad de fortalecer los mecanismos actuales de carrera judicial y de disciplina, aumentar la participación ciudadana y garantizar la paridad de género en la selección de personas juzgadoras.
Además, se consideró necesario mejorar la especialización y capacitación dentro de los poderes judiciales, junto con la implementación de sistemas de auditoría y evaluación para monitorear el impacto de los cambios propuestos.
Dentro de este documento se encuentran ejes importantes como la Carrera Judicial, el Sistema Disciplinario del PJF y la importancia de consolidar un órgano de justicia especializada.
Además, el documento sentencia que el diseño institucional y la implementación de la reforma al poder judicial debe abordarse con una estrategia cuidadosamente planificada que considere todos los cambios estructurales, las necesidades de la ciudadanía, la insuficiencia presupuestal, el rezago tecnológico y la compleja gestión judicial.
Un punto interesantísimo en este documento es que, por primera vez, se expresa de forma manifiesta que las mujeres juzgadoras en nuestro país es uno de los sectores más afectados, pues si bien ocupan cargos al interior del Poder Judicial, son una minoría representativa en la toma de decisiones.
«Las mujeres dentro del Poder Judicial suelen tener menos tiempo para capacitación, menos tiempo de estudio, menores redes de apoyo laboral y menos acceso a políticas de conciliación de la vida laboral y la familiar. Así, garantizar la paridad en la carrera judicial no solo implica garantizar la entrada de mujeres, sino su crecimiento para que puedan ocupar los más altos rangos.», se lee en el documento.
Esto último, documentado por Cimacnoticias en su entrevista con la Jueza y presidenta de la JUFED, Juana Fuentes.<
Finalmente, se rescatan puntos de este documento para entender de qué va esta contrarreforma y qué demanda:
- Consolidar la carrera judicial a través de concursos abiertos.
- Garantizar transparencia e igualdad de oportunidades.
- Fortalecer la capacitación constante de las personas al interior del Poder Judicial
- Aumentar la plena participación de las mujeres hasta lograr la paridad en todos los órganos judiciales
- Establecer comités formados por ciudadanos, expertos y organizaciones civiles que participen en la evaluación del desempeño judicial
- Crear un observatorio ciudadano nacional encargado de vigilar la conducta de las personas juzgadoras
- Al interior del Poder Judicial, es esencial que la reforma garantice su debido funcionamiento mediante la implementación de medidas que permitan garantizar que las personas que lleguen al cargo de titular de juzgados o tribunales acrediten contar con las capacidades técnicas y operativas necesarias para el funcionamiento de un órgano jurisdiccional.
- La elección popular de personas juzgadoras implicará retos y costos importantes, que no se encuentran considerados en la reforma. Se deben tomar medidas para analizar los mismos con tiempo y previsión suficiente, previo a su implementación.
