* Escrito por Lucía Melgar Palacios.
La aprobación de la reforma judicial en la madrugada del 11 de septiembre es un signo ominoso de la disposición de un régimen cada vez más autoritario a usar fuerza y recursos ilegales para imponerse.
Sin negar que el actual (todavía) sistema judicial es perfectible, una reforma precipitada, que no tomó en cuenta la opinión y alternativas de miles de personas que trabajan en el poder judicial, no puede ser positiva, menos cuando debilita la separación de poderes, fundamental en una democracia, por imperfecta que ésta sea.
Esta reforma tajante, que no incluye a las policías ni a las fiscalías, no resolverá la falta de justicia en México. La socavará aún más y quienes padecerán sus consecuencias no serán las empresas (que pueden acomodarse aun a gobiernos antidemocráticos) sino a ciudadanos y ciudadanas del común.
Pese a los nubarrones que se acumulan en el horizonte, a la luz de la probable aprobación de la Guardia Nacional militar y de la prisión preventiva oficiosa ampliada en unos días, es importante tener presente y no dar por terminada la resistencia pacífica a la que han recurrido desde agosto el personal del PJF y estudiantes de derecho.
En plantones y marchas, manifestaciones continuas, ambos grupos han demostrado una capacidad de organización creciente así como ideas claras. En estas demostraciones de resistencia ambos grupos depositaron la posibilidad de frenar la votación de la iniciativa presidencial mediante un diálogo al que, por desgracia, diputadas, diputados, senadoras y senadores se negaron.
Evocar ciertos ecos del 68 no es exagerado: semejante al régimen de entonces, este gobierno descalificó al estudiantado como masa manipulada por “obscuros intereses” (en la retórica priista autoritaria) y se negó a escuchar a nadie.
Si para el PJF “los foros fueron una farsa”, para la juventud ni siquiera foros hubo. Señalar estas semejanzas no pretende equiparar a ambos gobiernos y movimientos sino destacar lo lejos que estamos de una verdadera democracia donde los gobernantes valoren las aportaciones de la ciudadanía y, sobre todo, reconozcan y respeten su derecho a ser escuchada.
Hasta el domingo pasado, en la resistencia ciudadana se percibía esperanza sin ingenuidad: quienes participaron en marchas y mítines lo hicieron con la convicción de que ése era su lugar, su responsabilidad ciudadana, sabiendo muchos que corrían riesgos.
Darles la espalda y hacer oídos sordos ante sus protestas, como lo han hecho las y los legisladores, sin duda generará frustración y hasta enojo.
No detendrá la resistencia. Primero porque los miles de trabajadoras y trabajadores del PJF y de los estados que han dedicado años o décadas de su vida a formarse y pasar evaluaciones para ascender en la carrera judicial verán agraviados sus derechos laborales y perderán, todo o en parte, su proyecto de vida.
También porque saben que la Justicia debe “ser libre para ser imparcial” y que hacer tabla rasa de todo (como se planea) conlleva el riesgo de tirar por la borda miles de carreras profesionales y millones de pesos invertidos en capacitación. Sin preparación ni independencia del personal judicial, defender los derechos humanos en un país de masacres, desapariciones y feminicidios será, si no imposible, mucho más difícil.
Para las y los estudiantes de derecho, aquéllos que aspiran a contribuir a un país mejor por lo menos, la frustración es intensa también. Aunque no todos planearan integrarse a la carrera judicial, si su proyecto es ser litigantes o defensoras de derechos humanos, tendrán que lidiar con juezas, magistradas y ministras sometidas al poder, bajo el peso del voto “popular” o del tribunal inquisitorial también incluido en la reforma. Matar o minar las ilusiones y el proyecto de vida de tantas y tantos jóvenes íntegros cuya vida profesional apenas empieza es infame.
Ante este panorama, no sorprende que, por la cerrazón del Senado, el martes 10, un grupo de manifestantes decidieran forzar la entrada de la sede de Reforma.
A esto los orilló la soberbia oficialista que ha querido invisibilizarlos y acallarlos. Peor, en vez de abandonar su intolerancia, el régimen desató la represión contra quienes, del plantón de Reforma, se manifestaron ante la sede alterna del Senado en Xicoténcatl.
Las feministas que hemos marchado por Madero y Cinco de Mayo sabemos que esos rumbos se pueden convertir en una trampa y que, autorizados a ello, los no-granaderos usan extintores y golpes para reprimir.
El brutal mensaje que mandó esa noche el sucesor de la exjefa de gobierno de la capital es tan inquietante como la agresividad que han padecido jóvenes feministas en este sexenio, o quizá peor en cuanto estamos al filo del cambio en la presidencia ¿Cerrazón y represión serán la respuesta a las protestas ciudadanas?
Aunque mucho parezca perdido, y continúen todo tipo de diatribas, amenazas y triquiñuelas oficiales, el compromiso con la Justicia de estudiantes críticas y críticos y del personal del PJF, la fortaleza de éste, dispuesto a dar la lucha ante instancias internacionales y “hasta donde tope”, merecen nuestra solidaridad activa.
Cimac Noticias.com
