* Lo denuncia Comité Promotor de una Maternidad Segura y Voluntaria.
Ciudad de México | Desinformémonos. “Las mujeres gestantes se han visto privadas de opciones para el seguimiento de su embarazo y la atención del parto” debido a la violencia provocada por los conflictos entre grupos armados que se disputan el territorio en Chiapas, pues “en las regiones bajo el control del crimen organizado” la canalización de emergencias obstétricas “implican grandes riesgos para la seguridad y la vida”, alertó el Comité Promotor de una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas.
“Nuestro comité ha recopilado información sobre casos fatales en los que mujeres, al presentar complicaciones obstétricas, no han podido ser referidas a un hospital o han tenido qué regresar a sus hogares porque se les impide el libre tránsito. También hemos documentado casos en los que familiares de parteras han sido desaparecidos”, denunció el Comité.
La organización explicó que en las regiones impactadas por la violencia del crimen organizado ha provocado la ausencia de la mayoría de los médicos, lo que a su vez incrementó la carga sobre las parteras tradicionales que, “además de enfrentar presiones, temor e inseguridad como el resto de la población, asumen mayores riesgos para su propia seguridad”.
Señaló que las afectaciones a las mujeres gestantes se suman a la “grave situación de emergencia” que atraviesa Chiapas, donde en los últimos meses se ha registrado un “elevado número de asesinatos y desapariciones”, además del desplazamiento forzado de miles de personas.
“El cobro de extorsiones, la destrucción de viviendas y el robo de tierras y pertenencias es masivo. Todo ello ha generado una disrupción casi total de las actividades laborales, dañando gravemente las economías locales y exacerbando los niveles de pobreza y desigualdad”, destacó el Comité.
“Hacemos un enérgico llamado a los gobiernos federal, estatal y municipales para que reconozcan públicamente el estado de excepción y la gravedad de la situación en varios municipios de Chiapas, y para que redoblen los esfuerzos necesarios para restituir la libertad y la seguridad de todos sus habitantes”, añadió la organización, que incluyó entre sus demandas el fortalecimiento de los mecanismos de referencia a hospitales en el caso de urgencias obstétricas, neonatales o por cualquier otra causa, así como el acompañamiento de las comisiones de derechos humanos para monitorear y atender cualquier violación a los derechos de la población.
A continuación el comunicado completo:
Llamado del Comité Promotor de una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas ante la emergencia provocada por el incremento de la violencia en el estado
A los Gobiernos Federal, estatal de Chiapas y municipales; a la opinión pública:
Actualmente, amplias regiones de Chiapas enfrentan una grave situación de emergencia debido a la violencia. Entre los grupos más afectados se encuentran las mujeres, en especial las gestantes. Esta crisis ha sido provocada por el violento control que diversos grupos del crimen organizado han impuesto sobre los habitantes de varios municipios del estado. A través de amenazas y el uso de armas, estos grupos han privado a la población de su libertad. Aproximadamente trescientas mil personas han sido rehenes de estos cárteles durante meses, viendo cómo su vida cotidiana y su tranquilidad han sido profundamente trastocadas.
La pérdida de libertad que sufren los habitantes de estas regiones se manifiesta en la restricción de su movilidad y en la imposición forzada de acciones contrarias a su voluntad, lo que constituye una forma de esclavitud. Los jóvenes son las principales víctimas de esta situación, siendo cooptados o forzados a realizar actos degradantes e ilegales, que en muchos casos incluyen la comisión de actos violentos. Estas situaciones tienen un efecto en la salud física y la integridad de las mujeres y niñas, al ser blanco de situaciones de abuso y violencia, inclusive lo mismos varones por el simple hecho de los mecanismos de desalojo y la persecución durante el desplazamiento.
Con frecuencia, los habitantes de estas regiones son utilizados como escudos humanos o forzados a realizar acciones para desviar la atención o entorpecer los operativos de la policía, la Guardia Nacional o el ejército, creando así la falsa impresión de que los grupos criminales cuentan con apoyo popular.
El costo social y económico evidente del sometimiento ejercido por los cárteles que trafican con drogas, armas y migrantes es enorme. Además del elevado número de asesinatos y desapariciones, esta situación ha provocado el desplazamiento de miles de personas, llevando incluso a que algunos busquen refugio en Guatemala. El cobro de extorsiones, la destrucción de viviendas y el robo de tierras y pertenencias es masivo. Todo ello ha generado una disrupción casi total de las actividades laborales, dañando gravemente las economías locales y exacerbando los niveles de pobreza y desigualdad. Estos impactos, sin duda, tendrán consecuencias transgeneracionales.
Los servicios públicos están gravemente afectados. Un gran número de escuelas y centros de salud permanecen cerrados, ya que maestros, maestras y personal sanitario no pueden acudir a trabajar debido a la falta de condiciones de seguridad necesarias. Los servicios de salud están
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prácticamente paralizados por el verdadero estado de guerra que prevalece en estas regiones, situaciones que violan los derechos de las personas a la educación y a la salud.
Las mujeres gestantes se han visto privadas de opciones para el seguimiento de su embarazo y la atención del parto. La ausencia de la mayoría de los médicos en la región ha incrementado la carga sobre las parteras tradicionales, quienes, además de enfrentar presiones, temor e inseguridad como el resto de la población, asumen mayores riesgos para su propia seguridad. A pesar de todo, las parteras continúan brindando atención a las mujeres embarazadas y a sus recién nacidos.
La atención del parto y la canalización de emergencias obstétricas a un hospital son acciones indispensables e impostergables; sin embargo, en las regiones bajo el control del crimen organizado, estas tareas implican grandes riesgos para la seguridad y la vida. Nuestro comité ha recopilado información sobre casos fatales en los que mujeres, al presentar complicaciones obstétricas, no han podido ser referidas a un hospital o han tenido qué regresar a sus hogares porque se les impide el libre tránsito. También hemos documentado casos en los que familiares de parteras han sido desaparecidos.
A diferencia de las condiciones impuestas por los grupos criminales en Chiapas, en situaciones de guerra existen instrumentos legales diseñados para garantizar que la población siga recibiendo atención médica y que la integridad del personal de salud sea respetada, incluso en circunstancias críticas. Aunque estos instrumentos son cada vez menos respetados a nivel global, como lo demuestran las agresiones a médicos y hospitales en Gaza por parte de Israel, siempre pueden ser invocados en un conflicto armado. Sin embargo, frente a las condiciones impuestas por los cárteles criminales, la población se encuentra indefensa. A pesar de ello, es obligación del Estado hacer todo lo posible para brindar protección a las personas y garantizar el derecho a la salud.
Sería aventurado y probablemente infructuoso hacer un llamado a los integrantes de los grupos criminales para que respeten la vida, la seguridad y el trabajo de las gestantes, las parteras y demás personal de salud. Lo que sí podemos hacer es exhortar a los habitantes de las localidades afectadas por la violencia a que no decaigan en ánimo, no se resignen y, sin exponerse a mayores riesgos, resistan. Es crucial que no acepten esta situación como una “nueva normalidad” a la que simplemente deben adaptarse. La clave para resistir sin arriesgarse es la solidaridad: promover y sostener el apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad, especialmente con las mujeres gestantes y las parteras, quienes ahora más que nunca necesitan el respaldo de sus comunidades. En estos momentos difíciles, son los pequeños y grandes actos de solidaridad y resistencia los que pueden marcar la diferencia.
Una de las dinámicas más perversas y destructivas que utilizan los grupos criminales al tomar el control de una comunidad es fomentar la división, las delaciones y el encono entre sus habitantes. Por ello, mantener la solidaridad es fundamental.
Las y los integrantes del Comité Promotor de una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas expresamos nuestra profunda preocupación por esta grave emergencia que afecta la vida y la tranquilidad de todos los habitantes del estado. Manifestamos nuestra solidaridad con todas las personas de las regiones afectadas, especialmente con las parteras tradicionales y el personal de salud, y, dentro de nuestras limitadas capacidades, ofrecemos todo el apoyo que esté a nuestro alcance.
Sobre todo, hacemos un enérgico llamado a los gobiernos federal, estatal y municipales para que reconozcan públicamente el estado de excepción y la gravedad de la situación en varios municipios de Chiapas, y para que redoblen los esfuerzos necesarios para restituir la libertad y la seguridad de todos sus habitantes.
Urgimos a las autoridades sanitarias nacionales, estatales y municipales a:
• Fortalecer la presencia de personal de salud con insumos suficientes para brindar atención durante las 24 horas todos los días de la semana en puntos estratégicos lo más cercanos posible a las regiones en donde se ha interrumpido la atención a causa de la violencia.
• Fortalecer los mecanismos de referencia a hospitales en el caso de urgencias obstétricas, neonatales o por cualquier otra causa.
• Identificar y brindar protección y atención médica a los desplazados por la violencia y si es preciso, instalar albergues temporales para brindarles techo, seguridad y alimentos.
• Establecer un mecanismo de monitoreo de la situación en cada municipio afectado con el fin de que se reinicie la atención para la salud en cuanto se establezcan las condiciones de seguridad mínimas necesarias para la población y en especial al personal de salud que labora en esas regiones
• Solicitar el acompañamiento de las comisiones de derechos humanos para monitorear y atender cualquier violación a los derechos de la población y en especial, las de los derechos a la salud y a la alimentación.
• Utilizar las radios locales y regionales para brindar orientaciones en salud culturalmente pertinentes a la población con contenidos de autocuidado para la salud y de apoyo emocional, principalmente dirigidos a las niñas y niños, así como a las gestantes y lactantes. Para lo cual, urgimos el apoyo de personal especializado en salud mental comunitaria.
Atentamente,
Comité Promotor de una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas y
Observatorio de Mortalidad materna en México
