*ÍNDICE POLÍTICO .
/ FRANCISCO RODRÍGUEZ /
Sexenio tras sexenio, los mexicanos hemos sido engañados por los gobiernos que dizque actúan para que tengamos acceso a la justicia y garantías racionales de seguridad, condiciones mínimas para que un Estado exista. Nadie se responsabiliza de eso y casi de nada.
Álvaro Obregón aconsejaba a los gobiernos taimados que, cuando no quisieran resolver algo, formaran inmediatamente una Comisión. Ahora, en esos casos, expresamente casi todo se eleva a rango constitucional –sin que la borregada morenista en el Congreso cambie ni una coma a las iniciativas– para que todo se resuelva como por arte de magia. Usted lo ha visto.
Durante los últimos tres sexenios, los de Felipe Calderón, Enrique Peña y ahora el de Andrés Manuel López Obrador la disyuntiva se centraba entre sacar a las Fuerzas Armadas de las calles o crearles unas reglas ad hoc.
La respuesta del poder civil se fue por el lado más sencillo: cambiar las reglas. Crear un marco jurídico en la mismísima Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que permita a los militares actuar como si los elementos del Ejército estuvieran capacitados para hacerlo, aunque ello implique crear un régimen de excepción que, desafortunadamente, tendrá un carácter general y permanente.
Lo anterior, aunado a la vigencia de un contexto en el que se evidencia que ha sido la presencia del Ejército en las calles la que ha disparado la violencia, permite inferir que, en la práctica, lo que se busca es legalizar la situación expuesta, convirtiéndose en un riesgo estructural para la seguridad ciudadana.
En otras palabras, garantizar la “seguridad pública” militarizándola, significa avalar un creciente marco de impunidad para la Secretaría de la Defensa Nacional y se convierte en un riesgo para la seguridad de la población civil.
De otra parte, los juanes también están hasta la madre de la corrupción prevaleciente. Les echan la culpa de todo, y les echan en cara que sólo sirven para izar las banderas, para enmarcar las ceremonias cívicas, para servir como albañiles… pero no para realizar tareas policiacas. También de que los acusen, algunas veces sin razón, de ser responsables de un sinfín de asesinatos extrajudiciales.
Parche verde olivo a la Carta Magna.
AMLO y sus seguidores creen que una vez que planchen la reforma que convierte eleva al “gorilato” a rango constitucional, ya chingaron. Que van a poder hacerle como el conductor televisivo Jorge Labardini, cuando en los 60’s recientes cerraba los programas “Domingos Herdez” o “Ensalada de Locos”: salía “a cuadro” y golpeaba la palma de una mano con el dorso de la otra: “esto se acabó”, expresaba sonriente y satisfecho.
Lo que menos faltaba era precisamente otro feo parche verde olivo a la Constitución que venga a engrosar los bultos siniestros del derecho nacional positivo, que no vigente. Lo único que hace falta es combatir sin hipocresías a la delincuencia, dejarse de pendejadas como esa de los “abrazos, no balazos”, terminar con las complicidades político-económicas con los capos del crimen, limpiar la casa y que cada uno asuma sus responsabilidades.
Además, ¿quién necesitaba militarizar para siempre la seguridad pública? Las regiones ya están repartidas, las plazas más importantes están vendidas al narco…
… y de ellos, sólo de ellos, depende que no haya violencia, cual cínicamente confesó recientemente un alto mando militar.
Además, los morenistas ya saben cuánto se cobra, pues cada uno de los actores políticos en estas danzas de la (in)seguridad pública tiene su precio.
Y la Secretaría de Gobernación es incapaz de brindar gobernabilidad ya que no tiene ningún interlocutor de fuerzas políticas y grupos reales qué atender, pues las recientes titulares sólo han sido “floreros”.
Por lo demás, no es cierto que el Estado dependa del poder militar. Sólo lo ha utilizado para escoltar los convoyes de sus narcos asociados y protegidos, para reprimir insensatos que se oponen a las farsas, para amenazar cuando siente que se tambalea, para la venganza extrajudicial y el exterminio de los que no se mochan. Para todo lo demás, simplemente lo ignora.
Mientras, el llamado poder civil, más atolondrado que un pollo sin cabeza, no encuentra el espacio de la seguridad pública. Perdido en un mar de habilitados Fiscales Anticorrupción, Generales de la Nación, de derechos humanos, nacionales y de dependencias, de la procuración ineficaz de justicia, no define nada. Está catatónico, pero bien $urtido.
Las fuerzas de seguridad federales y estatales, al garete. No saben para quién trabajan, ni quién las manda, si Gobernación, bastante deslegitimada e impugnada por las víctimas del desgarriate, o los mandos castrenses, que cuidan a la delincuencia, para que se encargue de meter orden en los moches de la delincuencia, y compruebe si está organizada.
La militarización de la seguridad pública suena más a un regalo a modo para legitimar a los delincuentes en búsqueda del poder político. El raciocinio elemental señala que los narcos deberán asegurar su vigencia. No hay de otros.
¡Qué manera de darse otro balazo en el pie!
Y ello causa que Claudia Sheinbaum llegue coja a su toma de posesión.
Indicios
Siete días. Sólo siete días le quedan a este sangriento e incapaz sexenio. Ojalá en el octavo AMLO de verdad se vaya a “La Chingada” * * * Mi aprecio invariable a usted que leyó estas líneas del Índice Político. Como siempre, además, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!
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