*Análisis de la Frontera.
/Ana María Salazar /
La presidenta Claudia Sheinbaum inicia su sexenio con una crisis constitucional que podría definir la gobernabilidad del país y su legado como la primera presidenta de México. Ella será recordada como la Presidenta que promovió y apoyó una reforma cuyo éxito o fracaso no se definirá en dos sexenios. Y debido a la premura y el desorden con que se aprobaron las reformas casi garantiza que no se cumpla con los objetivos: reducir la corrupción y acelerar la impartición de justicia.
Ya inició la crisis constitucional más grave que ha enfrentado la democracia mexicana en los últimos 100 años. Tal vez en unos días, posiblemente semanas, desde la Corte Suprema vendrá una orden de detener la implementación de la reforma judicial. Buscarán los y las ministras, por lo menos, que se analice si el proceso de aprobación fue el adecuado, también podría haber un debate si esta reforma viola acuerdos internacionales, también se pondrá sobre la mesa si lo aprobado rompe con los principios básicos de la división de poderes.
Pero la razón más importante por la cual urge que se detenga la implementación de este ‘gran experimento’ es que simple y llanamente es imposible implementar la elección de ministros, magistrados y jueces de la forma que fue aprobada.
No se puede. Es imposible. No hay forma. Va a fracasar.
Y nadie fue capaz de decirle esto al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que el emperador está desnudo. Aún cuando se ha documentado que el proceso de votación propuesto requeriría horas por cada elector para seleccionar los candidatos en las boletas.
Simple y llanamente es imposible. Y el Instituto Nacional Electoral debería de establecer la imposibilidad de lo que va a suceder el año entrante cuando se busque implementar la reforma.
De hecho, no entiendo la posición de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ya que, con su experiencia en los anteriores procesos electorales, ella sabe perfectamente que, debido a la premura, a la falta de reglas claras (porque no se han aprobado las leyes secundarias) y la inexistencia de recursos para iniciar la planeación de las elecciones de jueces en el 2025, el proceso seguramente fracasará. También la presidenta del INE tiene que saber que el fracaso no será adjudicado a los legisladores, ni a la presidenta Claudia Sheinbaum. La responsable de la ingobernabilidad y los cuestionamientos de los resultados de la elección de jueces se va a adjudicar directamente a Guadalupe Taddei y al INE.
Sin las leyes secundarias, lo mínimo que deberían de pedir los consejeros del INE y Guadalupe Taddei es que se pospongan por uno o dos años las elecciones de jueces, para darle tiempo al INE para prepararse.
Lo más frustrante de este debate ha sido la justificación de esta reforma. El argumento simplista lo recalcó claramente esta semana la ministra Loretta Ortiz: es “fruto de la voluntad del pueblo”.
“¿Ustedes obedecen sin reflexionar?”, cuestionó el ministro Javier Láynez a la ministra a Lenia Batres, quien señalo que si la “SCJN se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La SCJN estaría dando un auténtico golpe de Estado…”.
Acusar a los ministros de promover un ¡golpe de Estado por ejecutar las responsabilidades constitucionales que tienen los ministros de la Corte, que es analizar las reformas constitucionales! ¿Será que las ministras, la presidenta, y la bancada de Morena y aliado saben que la reforma, aunque sea constitucional, simple y llanamente no es viable?
¿Por qué detener la inmediata implementación de la reforma, analizar su constitucionalidad debatir y aprobar las leyes secundarias y posponer uno o dos años las elecciones?
El posponer la implementación de la reforma sería un acto de liderazgo por parte de la presidenta y los líderes de ambas cámaras.
Estamos ante la eventualidad de que los ministros ordenen que se detenga la implementación de la reforma. Y entonces: ¿enviarán al Ejército a arrestar a los ministros, o a la presidenta del INAI o a los magistrados y jueces que se rehúsen a acatar las reformas o se rehúsen a regresar a trabajar?
¿Esto es la cuarta transformación?
