*Análisis Sin Fronteras .
/Ana María Salazar/
Más que una estrategia, lo que presentó esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum es un documento político donde se plasman algunas prioridades a corto plazo y buenas intenciones de cómo su administración enfrentará la ola de violencia que vive en este momento México.
Mi comentario no debe de considerarse una crítica, sino un reconocimiento de la realidad catastrófica, e inesperada, que enfrenta la primera mandataria en materia de seguridad. El documento presentado es un esfuerzo inicial de buscar cómo aterrizar una estrategia a corto plazo ante el desorden institucional y operativo que continúa afectando las capacidades de los aparatos de seguridad nacional y seguridad pública. No fue hasta hace unos días que, gracias a la aprobación de la reforma constitucional, no solo se tiene confirmación de la permanencia de la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa, sino que también se definió su conformación: ya no participarán ni marinos, ni civiles (antes Policía Federal) como miembros de la Guardia; adicionalmente, con la llegada de un experimentado policía, Omar García Harfuch, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección, son de esperarse cambios de prioridades.
Por ejemplo, en el documento presentado esta semana, no solo se subraya la importancia de fortalecer la inteligencia del Estado, pero también propone una nueva subsecretaría para este tema. Seguramente con la llegada del secretario Harfuch, el enfoque del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) también cambiará moviendo esta institución hacia inteligencia policiaca o seguridad pública, y reducir la recolección y análisis para uso de la estrategia de seguridad nacional.
Y hablando sobre seguridad nacional, ¿quién tendrá la responsabilidad de desarrollar y coordinar la estrategia de seguridad nacional? ¿Cómo difiere el papel del Ejército de la Guardia Nacional? ¿Ahora cuál será la prioridad de la Secretaría de la Defensa y de la Marina?
¿Cuáles serán las funciones de la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad ante las reformas constitucionales y la dramática reducción de las funciones de esta secretaría? Esta pregunta no es ociosa, ya que una de las prioridades plasmadas en el documento de esta semana, es mejorar la coordinación entre el gabinete de seguridad y otras entidades. En los sexenios pasados, el Secretario de Gobernación no solo operaba políticamente, sino lideraba y coordinaba la estrategia de seguridad nacional. Obviamente una de las herramientas que tenían los secretarios era su acceso a inteligencia, gracias al Cisen, y el garrote que le proporcionaba la Policía Federal. Pero la Secretaría ya no tiene ni inteligencia, ni garrote. Además, parecería que la relación entre la presidencia y la secretaría cambió en el sexenio pasado. Ahora quién le dirá a la presidenta que ‘atender las causas’ no va a resolver el problema de la violencia.
Pero yo creo que la razón fundamental de que la presidenta Sheinbaum no puede presentar una estrategia sexenal para enfrentar la inseguridad y violencia que se vive en el país, tiene que ver con la coyuntura: el control territorial de las organizaciones criminales, el incremento del vínculo político entre los violentos y la clase política, y la entrega de el Mayo Zambada a las autoridades. Aunque el aumento del control territorial fue documentándose a través de los últimos años, sin una estrategia clara de cómo detener esta realidad, la verdad es que el fuerte vínculo de la clase política ahora sí requiere de una estrategia nueva. Finalmente, para agregar turrón al pastel de caos y violencia, la inesperada y sorpresiva detención y entrega de el Mayo Zambada se está traduciendo en un dramático enfrentamiento entre organizaciones en un momento de extrema debilidad institucional ante el cambio de gobiernos federal y locales.
También es importante poner a un lado la politización de la crisis. Y aunque se entienden los límites que tiene la presidenta de reconocer el legado de seguridad y debilitamiento de las instituciones, pero claramente la polarización no ayuda a la solución. Especialmente si la estrategia requiere coordinación con actores estatales y municipales. Cuestionar a la anterior administración.
El problema no es la presidenta, sino el legado en materia de seguridad. Pero esto no debe de abrir la puerta a la politización de la violencia. La realidad es que la propuesta presentada esta semana no da señales de resolver o reducir a corto plazo la ola de violencia. Al contrario, podría aumentar aún más si no hay un cambio de rumbo en la ‘estrategia’. Pero un primer paso sería reconocer la gravedad de la violencia legada, no minimizar la situación, reconocer el sufrimiento y buscar un acercamiento con las víctimas.
