Escrito por Arantza Díaz .
15.10.2024 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- Durante el XI Foro Internacional por el Derecho a una Vida Libre de Violencias para todas las Mujeres, se instó al gobierno y las personas juzgadoras a designar y etiquetar presupuestos progresivos con perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 convocado por la Red Nacional de Refugios.
Esta exigencia se fundamenta en estadísticas de la vida que mujeres, niñas y adolescentes enfrentan en el país en materia de violencia de género. En el sexenio 2018-2024, se registraron 15 mil 593 homicidios dolosos y 5 mil 188 feminicidios de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ante esta tendencia, es la organización y la colectividad que aparecen en el panorama para sostener, cuidar y velar por la garantía de mujeres, adolescencias e infancias.
La Red Nacional de Refugios se ha convertido en un referente ante la violencia intrafamiliar, económica, emocional y feminicida, prueba de ello, es la consolidación de su
En estos últimos seis años, la RNR atendió en sus 76 espacios de protección y prevención a un total de 190 mil 140 mujeres e infancias en situación de peligro y vulnerabilidad; la suma de estos esfuerzos evidencia lo endeble de los sistemas de protección del Estado pues de este universo de mujeres atendidas, el 42% solicitó apoyo a otras dependencias gubernamentales sin éxito.
Paralelamente, el diagnóstico de la RNR es que, a pesar de los innegables avances a nivel normativo y judicial que México ha tenido en la protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, siguen existiendo obstáculos para garantizarles este y otros derechos a más del 50% de la población mexicana, conformado por mujeres y niñas.
Los principales agresores de este sector que arribó a los espacios seguros de la RNR, se conforman de ex parejas o esposos de las víctimas. Otro eje preocupante es el tráfico de influencias y la colusión de la esfera política-militar, pues al menos el 50% de estos agresores tienen vínculos con las fuerzas armadas o puestos políticos.
En el marco de este importante evento internacional se apuntaron a los puntos endebles en los que México tiene una deuda pendiente, hacia dónde se apunta con el nuevo sexenio y la urgente necesidad de transformar la política pública desde una óptica de derechos humanos y, sobre todo, feminista.
Entre las mesas magistrales, se contó con la participación de la antropóloga feminista Marcela Lagarde quien abonó a la conversación, señalando la importancia de dedicar tiempo a leer los 4 documentos que rigen las estructuras por el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres y niñas a nivel internacional: La plataforma de Beijing, la Conferencia de Viena, CEDAW y el Belem do Pará, documentos que nunca no infieren un carácter combativo, sino que explícita, demandan la erradicación de la violencia; no es pelear contra la violencia, es erradicar y transformar por la libertad de la violencia.
Marcela Lagarde nombró la condensación de estos 4 documentos en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y zanjó su participación nombrando el anhelo de un futuro de paz y sororidad.
«Desde el punto de vista feminista nos planteamos siempre la posibilidad real de eliminar las formas específicas de violencia. Todo esto y mucho más está en la Ley, es un texto de obligaciones del Estado, es una carta de disposiciones donde se enuncia un estado que está desmontándose para poder desmontar en la sociedad. Grupos, redes, movimientos de mujeres, democráticos, sostienen a estas cuatro tradiciones que sumadas generan un nicho legal de respeto a derechos humanos.» (Marcela Lagarde)
Finalmente, las demandas fundamentales de la Red Nacional de Refugios ante la transición del poder ejecutivo constan de implementar los principios rectores de los derechos humanos y dignidad humana, la igualdad sustantiva y una vida libre de violencias, así como a cumplir con sus obligaciones internacionales para garantizar derechos y justicia integral para todas las mujeres, niñas y adolescentes.
Paralelamente, se insta al gobierno y las personas juzgadoras a designar y etiquetar presupuestos progresivos con perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025.
«No hay acciones fiscales afirmativas»
Durante la conversación, Andrea Larios de Fundar, Centro de Análisis e Investigación sostiene que las mujeres y las infancias continúan resistiendo los embates de la violencia con presupuestos escuetos, programas sin perspectiva de género y una mala planificación tributaria.
Esto última resulta vitalicio considerando que el 15 de noviembre se aprobará el presupuesto del año fiscal. Un paquete económico donde se podrán encontrar las leyes de egresos, deudas, inversiones y particularmente, aquellas que demandan atenciones particulares.
En la materia que compete, es el Anexo 13, donde se puede identificar la cantidad de presupuesto orientado para atender tres puntos: Promover la igualdad, erradicar la violencia y la discriminación en razón de género.
Ahora bien, ¿qué dijo Andrea Larios? Desde su perspectiva, no existe ninguna acción afirmativa que contemple la perspectiva de género, pues si bien ha existido un aumento de presupuesto en esta materia, ello no tiene una conexión directa con una mejora sustancial en la vida de las mujeres y niñas de nuestro país.
«Una de las principales motivaciones es que ese aumento que vimos viene explicado por la inclusión de programas sociales que en nuestro análisis no tienen una verdadera perspectiva de género; no decimos que estén mal los programas, pero no son acciones afirmativas»
En contraparte, si bien se refirió que estos programas no atienden de raíz las brechas de género y la desigualdad, se dibuja una diferencia importante; un programa que sí atiende de manera diferenciada las experiencias de vida y nombra, por primera vez, la vulnerabilidad en la vejez, las brechas salariales y el trabajo de cuidados.
Ese programa, según Andrea Larios, es el apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años. Fuera de este, la especialista refiere que el Anexo 13 no se percibe sólido y que el régimen fiscal, más allá de construir acciones transformadoras, recrudece la violencia.
Esto se vuelve palpable señalando que son los refugios uno de los principales espacios que generan impacto, sin embargo, el financiamiento que reciben del Estado es extremadamente precario.
En este tenor, hay que recordar que en mayo del año pasado la Red Nacional de Refugios operó sin recibir recursos durante poco más de 4 meses.
Ante este escenario, Andrea Larios tiene una respuesta concreta para combatir estas deficiencias sistémicas: Una política fiscal feminista.
¿Qué es una Política Fiscal feminista?
Una política fiscal feminista es aquella que reconoce y aborda de manera integral las desigualdades de género sistémicas y estructurales que son perpetuadas por el sistema fiscal, es decir, las políticas de gasto, de ingresos y de deuda.
Además, se basa en la premisa de que la autonomía económica de las mujeres es fundamental para lograr la reducción de las múltiples desigualdades a las que se enfrentan ellas en todas sus diversidades.
El diseño e implementación de una política fiscal feminista debe incorporar la perspectiva de género en todas las fases del ciclo presupuestario y posteriormente, reconocer los efectos diferenciados de la política fiscal sobre las mujeres y los hombres, analizando cómo afecta de manera distinta a cada grupo, utilizando un enfoque interseccional y multicultural
Esta política identifica y transforma las prácticas fiscales que reproducen las desigualdades de género, como la austeridad fiscal y el desfinanciamiento y la regresividad del sistema tributario. Con todo esto, se expuso en el XI Foro de la RNR que esta ofensiva busca robustecer los siguientes puntos:
- Programas y servicios que promuevan la igualdad sustantiva de género y la autonomía económica de las mujeres, tales como
la inversión en infraestructura de cuidados (guarderías, centros de atención para personas dependientes), salud y educación.
servicios y programas orientados a la prevención, atención y combate de la VBG, como lo son los refugios, servicios de
atención a víctimas, capacitaciones en género para el sistema de justicia y políticas de prevención. - Garantizar que las propuestas del movimiento feminista y de las mujeres en todas sus diversidades sean tomadas en
cuenta al momento de la toma de decisiones fiscales pues sus conocimientos de las problemáticas son clave para el diseño de
acciones específicas encaminadas a garantizar la dignidad de la vida de las mujeres. - Unir esfuerzos entre la sociedad civil, el movimiento amplio de mujeres, la academia y las personas tomadoras de decisiones.
«Uno de los peores efectos que ha tenido la manera en que se ha hecho política es que nos han hecho creer que es algo técnico donde solo tienen voz las personas que estudiaron. Se ha vuelto ajeno y que queremos transformar con esta política fiscal feminista.
Nos gustaría saber sobre el sistema nacional de cuidados, quien lo va a implementar, pero ya se está hablando de cuidados, se han dado estimaciones de cuánto costará financiarlo, sí, estemos a la expectativa (este sexenio), pero listas para alzar la voz por las causas que consideramos justas.» (Andrea Larios)
El foro contó con la participación de diversas figuras destacadas, como Natalia Espinosa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Carmen Sánchez, presidenta de la Fundación Carmen Sánchez, y diputadas federales, incluyendo a Mariana Jiménez, Xóchitl Arzola Vargas y Kenia López. También estuvieron presentes Malena Ríos, promotora de la “Ley Malena”, y Diana Luz Vázquez, promotora de la “Ley Sabina”. Las abogadas feministas Lorena Villavicencio y Patricia Olamendi, las juezas Vanessa Medina Jiménez y Yamileth Baires Escobar, la magistrada Ilian Yasel Iradiel. Así como Andrea Larios, de Fundar, Marcela Villaseñor de Las del Aquelarre, Vilmarie Rivera, Elisa Mottini y de Meztli, mujeres y activistas sobrevivientes.
