*Erika Liliana López/ GIASF.
22.10.2024.- El martes 1 de octubre de 2024, por primera vez en los 203 años de vida independiente en nuestro país, tomó protesta una mujer como titular del Poder Ejecutivo: Claudia Sheinbaum Pardo. Aunque se enuncia fácil, es un parteaguas en la historia nacional. Para muchas mujeres mexicanas, es un hecho emocionante, cargado de expectativas (tengo que hacer aquí la advertencia enfática, que esta es una columna muy personal). En medio de ello, resulta difícil sustraerse al ánimo polarizante que predomina en la discusión pública del país de los últimos años y, particularmente, en los últimos meses. ¿Cómo entusiasmarse sin quedarse en el binario blanco-negro, sin olvidar los matices? ¿Cómo retomar los buenos saldos y las expectativas, sin perder el principio de realidad que impone nuestra realidad nacional en este octubre de dos mil veinticuatro?
La joven veinteañera que fui y que iba a las raquíticas marchas del 8 de marzo o del 2 de octubre, en el Culiacán en el que crecí, no puede evitar sentirse conmovida. Considerando la lentitud con la que suelen ocurrir los procesos de cambio social, nunca imaginé vivir para atestiguar mucho de lo que ahora ven mis ojos ven: ríos de mujeres en las marchas, inundando no solo la capital del país, sino muchas ciudades en otras entidades, y en el mundo. Tampoco imaginé que muchas de las ideas que parecían exotismo locuaz, como el uso de la “e” para ensayar el inclusivo lingüístico –les niñes, les jóvenes–, serían hoy uso corriente en muchos sectores de la población. No pensé vivir para ver que le pusieran la banda presidencial a nuestra primera presidenta.
Celebro que en este país misógino y feminicida, donde un promedio de 10 mujeres son asesinadas cada día, sea la presidenta una mujer proveniente de una familia migrante de una minoría religiosa que ha tenido una historia de exterminio. Y celebro que asuma dicho encargo, habiendo sido elegida con 36 millones de votos, la mayor cantidad registrada para una elección del ejecutivo federal en nuestra vida republicana. Me alegra que provenga de una opción partidista que provocó que 9 millones de personas salieran de la pobreza, en una de las economías más desiguales del mundo. Que la oposición partidista –cada cual desde su posición–, se haya visto forzada a desplazar su discurso hacia la agenda social posicionada por la izquierda electoral; aunque eso haya ocurrido mediante la apropiación a modo de la gramática y las demandas de las luchas que en el pasado desdeñaron y hasta combatieron. Aplaudo que sea una mujer que se formó en la izquierda de los movimientos estudiantiles de la universidad pública, porque eso contradice que el derecho a la protesta e institucionalidad, son términos mutuamente excluyentes y, más bien, corrobora su complementariedad. Celebro también que incorpore en su plan de gobierno propuestas del sistema de cuidados [1].
Que sea una mujer con doctorado, refuta el prejuicio todavía enquistado en el sentido común, que considera que a las mujeres les falta capacidad o temple para dirigir la vida pública de un país. O que, si lo consiguen, es gracias a las ventajas derivadas de su atractivo físico, y no resultado de sus aptitudes personales y sus competencias profesionales. Esto último me parece un poderoso mensaje para la niñez mexicana que hoy día puede normalizar el hecho de que su país tenga una presidenta como algo no excepcional. Bien sabemos en la izquierda que, junto a las mudanzas materiales, necesitamos una construcción simbólica que las acompañe y les proporcione sentido; que haga contra hegemonía, como advirtió Antonio Gramsci.
Pero, al mismo tiempo, albergo muchas dudas y preocupaciones gestadas al amparo del crisol de la izquierda plural de la que me siento heredera. No podemos olvidar que vivimos en un país que tiene una numeralia de crisis humanitaria y de derechos humanos que supera las 115 mil personas desaparecidas, que acumula más de 374 mil personas asesinadas, y que tiene 72 mil personas fallecidas sin identificar, todo lo cual daría una cifra conjunta, de 1 millón 82 mil víctimas indirectas [1]. Por eso conviene recordar que en la ceremonia de inicio de sexenio de la primera presidenta de México, no estuvieron presentes todas las mujeres [2]. No existió en su discurso de ese día [y no existe en sus propuestas] una política de atención a las mujeres víctimas “indirectas” de esta realidad: las madres, esposas, hijas, hermanas, amigas que buscan a sus seres queridos desaparecidos o las viudas e hijas huérfanas de las personas asesinadas en este contexto.”
Dichas dudas no nacen de posiciones ligadas al pensamiento liberal (muy respetable, claro) que late en muchas de las posturas de la oposición mediática y electoral, ni tampoco reproducen las interpretaciones sexistas que consideran que “como las mujeres carecen de pensamiento propio, deben ser dirigidas por el de un hombre”. Como recomienda el razonamiento histórico-dialéctico inherente a todo pensamiento crítico, es preciso alejarse del pensamiento binario, y resulta indispensable observar las contradicciones, o tener la mirada vigilante en ellas, cuando sea el caso.
Mientras la presidenta Sheinbaum tomaba protesta ante el Congreso de la Unión, Sinaloa llevaba más de dos semanas en un estado de excepción [3] de facto propiciado por las disputas por el liderazgo del grupo criminal ahí predominante. Las desapariciones y las ejecuciones continúan, de modo que, en el momento en que esta columna se escribe, el propio libre tránsito no es una realidad en ese estado. Chilpancingo, capital de Guerrero, se paraliza de forma recurrente debido a las tensiones entre los grupos locales del crimen organizado, quienes al no llegar a un acuerdo respecto a cobros del rubro, “avisan” que ese día no habrá transporte. Eso, sin considerar el cobro de “derecho de piso” a pequeños y medianos negocios, o el monopolio de productos básicos como la tortilla, el pollo, el refresco y la cerveza que dichos grupos tienen en proporciones crecientes de la entidad que derivaría en la decapitación del presidente municipal el pasado 7 de octubre, a solo seis días de su toma de posesión.
Ese mismo estado de excepción intermitente que registran Sinaloa y Guerrero, es común en varias ciudades de Guanajuato; quienes hemos desarrollado trabajo en dicha entidad, podemos dar fe de ello. Lo que estados como Tamaulipas, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, vivieron entre 2006 y 2009, se ha reeditado en Guerrero desde 2014, y en Guanajuato desde 2019. Entidades en donde no habían sido conformados colectivos de familiares en búsqueda, como Quintana Roo, han ingresado a la acumulativa numeralia de personas desaparecidas y de campos de exterminio.
En el país, la cifra de personas desaparecidas, sigue aumentando en el presente a muchos años de distancia de la Guerra contra el narco iniciada por Felipe Calderón –en 2023, aumentó un 7.3%, y continuó aumentando en un 6.3% en 2024– referida por la Presidenta electa en su discurso ante de toma de protesta ante el Congreso. El sexenio que concluye, cierra también con proyectos de infraestructura cuyo desarrollo no respetó los estándares internacionales de consulta a los pueblos indígenas; sin responsables para los perpetradores de la contrainsurgencia de las últimas décadas del siglo XX y sin responsables de los perpetradores de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
¿Pero acaso enfocar todo esto es empeñarse en poner la mirada en lo negativo? La pregunta trivializa la circunstancia. Cada persona que ha sido empujada a la categoría de víctima, debido a que sus derechos han sido vulnerados, importa en sí misma y no solo porque en su conjunto todas ellas sumen la cifra de más de un millón, arriba explicada. El trato que reciben las víctimas desde el poder público es trascendente, no solo porque las personas agraviadas sintetizan la experimentación de hechos de violencia y violaciones de derechos, sino porque representan también la evidencia tangible de la imposibilidad de un Estado para proveerles de las condiciones que les pusieran a salvo de una y otros.
En esa medida, las respuestas que merecen, aportan indicios de cómo se concibe un proyecto de país, pues apuntan a cómo se construye seguridad, cómo se combate a la impunidad y se asegura el acceso a la justicia, qué acciones se despliegan para producir condiciones que impidan la repetición, que reconozcan lo ocurrido para no repetirlo, y en ese sentido se construya la paz. Ningún gobierno que pretenda la transformación social, puede hacerlo repitiendo las mismas respuestas que han perpetuado lo que le precede y quiere contrarrestar.
Un “tiempo de mujeres” incluye, pero no se restringe, a que las mujeres ocupemos puestos de poder y representación. Tampoco se limita a que se repita como mantra que esto es en sí mismo suficiente, pues la pertenencia de género no supone la conciencia de las opresiones que este vive (conciencia de género), como lo ha recordado Marcela Lagarde. Supone no reproducir las prácticas de la mujer alibí [4] aquella que se comporta bajo las lógicas masculinas y es gracias a ello que logra sobresalir (a pesar de y no por ser mujer). Supone poner en práctica una agenda que, al mejorar las condiciones de las mujeres, impacte sobre todas las personas.
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* Erika Liliana López López es feminista. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en sociología por la UNAM. Integrante del Comité Investigador del GIASF. Docente de la UACM. Sus temas de interés son la pluralidad legal, los derechos de los pueblos indígenas, los enfoques que vinculan derecho y violencia para la comprensión integral de la desaparición de personas y de la justicia transicional. A veces el sentir le atora la escritura. Le gustan las cactáceas. No pierde la esperanza de aprender actuación.
El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)
La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.
Referencias:
[1] Si consideramos conservadoramente la sumatoria de las víctimas directas y la multiplicamos por 2, aunque sabemos en muchos casos son 3, 4 o más .
[2] La frase “no llegué sola, llegamos todas” alude a una expresión empleada por la mandataria en la que se reconoce heredera de las luchas de las mujeres, cuyo sentido metafórico y representativo, por supuesto, doy por sentado.
[3] También llamado Estado de sitio. Son medidas extraordinarias que puede tomar el ejecutivo de un país para atender situaciones extremas. Debe ser excepcional y con una acotación temporal definida debido a que suspende el goce de derechos fundamentales.
[4] Facio, Alda “Metodología para el análisis de género del fenómeno legal” en El género en el derecho. Ensayos críticos, Ramiro Ávila, Judith Salgado y Lola Valladares (compilador y compiladoras), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito. Pp. 181-225.
**Foto de portada: Presidencia.gob
