- Escrito por Lucía Melgar Palacios .
En meses recientes, la violencia rampante en el estado de Guanajuato ha sido, en el discurso presidencial, el mejor ejemplo del fracaso de la política “conservadora”. Mientras que, de López Obrador a Sheinbaum, se ha buscado minimizar la tragedia sinaloense y el desgarramiento chiapaneco, el altísimo número de homicidios que afecta a Guanajuato se expone en primer plano.
Si este interés retórico estuviera acompañado de una propuesta integral para proteger a la población de tanta violencia, el gobierno federal, y el estatal, estarían apenas saldando algo de su enorme deuda con los guanajuatenses, en particular con las víctimas y las madres buscadoras, por su negligencia criminal.
Desde 2017, en efecto, homicidios, feminicidios y desapariciones, han aumentado exponencialmente en Guanajuato, a raíz de los enfrentamientos entre el cartel de Santa Rosa de Lima y el CJNG principalmente. Con 22 mil 400 homicidios dolosos entre 2018 y 2024, en una población de 6 millones de habitantes, la entidad tiene una altísima tasa letal que, junto con más de 4mil 200 desapariciones y 660 fosas, además de extorsión generalizada, trata de personas, huachicol y robo de minerales, corroen la vida, la paz y el futuro de la población.
Este problema no es nuevo pues ya desde 2013 era evidente la necesidad de declarar la alerta de violencia de género por feminicidio, y desde 2015 había signos contundentes de la presencia en Guanajuato de grupos criminales que, de no frenarse, irían ocupando su territorio. Ante la impavidez de las autoridades estatales, interesadas en simular que no pasaba nada o en repetir medidas de seguridad fallidas (como el caro y deficiente Programa Escudo), los grupos criminales fueron estrechando el cerco sobre la población.
Si bien la criminalidad no ha disminuido, este año se han dado algunas señales de cambio, desde la campaña electoral y del inicio del nuevo gobierno, precedidas por una movilización social sin precedente. Por una parte, la renuncia del Fiscal del estado, promesa de campaña de la actual gobernadora, abre una rendija a un cambio estructural de la política de seguridad.
Por otra, la declaración de Alerta de Violencia de Género (AVG), ahora por feminicidio y desaparición de mujeres, ofrece la posibilidad de confrontar la violencia machista tradicional y la que han exacerbado los cárteles. El acercamiento de la actual gobernadora con el gobierno federal, a su vez, nos dará la oportunidad de saber si, ante un fenómeno criminal tan grave, autoridades divergentes son capaces de superar sus diferencias ideológicas para coordinarse de manera efectiva en beneficio de la población.
Estas señales de cambio no se deben a la súbita toma de conciencia de las autoridades. Se derivan sobre todo de la exigencia social que desde 2020 ha ido aumentando en un estado que, todavía a inicios del siglo, carecía de organización social significativa.
Como explicara en entrevista Raymundo Sandoval, académico y defensor de derechos humanos e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, estas violencias extremas detonaron una movilización social creciente que ha llevado a familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos a organizarse para exigir al Estado que cumpla con su obligación de garantizar la vida y la seguridad, mediante medidas como la Ley de Víctimas y la Ley de Búsqueda y sus respectivas Comisiones, y la Alerta Temprana que, dentro del Mecanismo de Protección a Defensores de DDHH y Periodistas, permitiría frenar potenciales agresiones contra éstos mediante un plan coordinado por los gobiernos federal y estatal.
Dado que en el Mecanismo hay más de 50 casos de agresiones documentadas, y que han sido asesinados 4 periodistas y 6 personas buscadoras en la entidad, es urgente que, pese a las deficiencias de éste, se dé una protección efectiva a quienes buscan verdad y justicia.
Si ya esta respuesta organizada ante la violencia extrema es significativa, las formas de organización y movilización social y la respuesta del Estado merecen más atención.
