Considera que la reforma de supremacía constitucional no viola los principios de la Carta Magna.
31.10.2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la reforma de supremacía constitucional no es violatoria de la Carta Magna y que es republicano lo aprobado en la previa en la Cámara de Diputados.
“No se está violando, es republicano lo que estamos haciendo, está dentro de la Constitución, forma parte de nuestro Estado de Derecho”, advirtió.
Sheinbaum Pardo definió que la reforma no es ninguna novedad y que se encuentra en varios documentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Me puse a googlear ‘supremacía constitucional’ y lo dice la propia Corte en un montón de documentos, lo dice la Facultad de Derecho en un montón de documentos. Parece como si fuera una ofensa la supremacía constitucional, ¿cuál novedad hay en eso? Sí es la ley máxima; es la Carta Magna, sí; cómo se modifica la Carta Magna, con el artículo 135″, sostuvo en su conferencia matutina.
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República —hay que modificarlo porque debe de decir “Presidenta” también; el Presidente o la Presidenta de la República—, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión —Lo dice la Constitución—. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”.
O sea, parece como que es una ofensa “supremacía constitucional”. ¿Cuál novedad hay en eso? ¿Sí es la ley máxima? Sí. ¿Es la Carta Magna? Sí. ¿Cómo se modifica la Carta Magna? Con el 135.
Entonces, no se está violando, no se está… Es republicano lo que estamos haciendo, está dentro de la Constitución, forma parte de nuestro Estado de Derecho.
Eso es lo primero, porque ahora parece, incluso lo comillan, “la supremacía constitucional”.
Evocó a la participación de la ministra Sánchez Cordero en el Congreso que el 61, artículo 61 de la Ley de Amparo, numeral 1, que ahora formará parte de la Constitución, lo incorporó el PRIAN en el 2013 a la Ley de Amparo. “O sea, es una modificación de ellos mismos con la que ahora están en contra”.
“Entonces, en el 2013 era válida porque era la reforma energética que privatizaba Pemex y CFE, que le quitaba a las mexicanas y a los mexicanos sus empresas públicas, pero ahora no, cuando se trata de que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros.
En consideración de la mandataria mexicana lo que sucede en torno a jueces y magistrados es una provocación para llevar a juicio político a los ministros de la Suprema Corte.
“Nos están provocando, ¿en qué sentido? Quieren que la presidenta los lleve a juicio político a los ministros y ministras, no lo vamos a hacer por más que estén violando la Constitución, que es lo que ellos quieren”, expuso.
“Todavía pienso yo, que hay ministros y ministras dentro de esos ocho que van a recordar sus clases, su historia, y cómo van a pasar a la historia, porque ellos y ellas saben que están tomando una decisión política, no jurídica, en contra del pueblo de México y a favor de grupos de interés y de sus propios intereses”, insistió.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una polémica reforma que establece la improcedencia de amparos y controversias contra reformas a la Constitución.
El dictamen que fortalece la supremacía constitucional y limita los alcances de las resoluciones judiciales que suspendan leyes o actos del Congreso y del Ejecutivo se envió a las legislaturas locales para su aprobación, previo a su publicación oficial y posterior entrada en vigor.
Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), con su la mayoría calificada avalaron la reforma tanto en lo general como en lo particular.
La reforma establece que las disposiciones de la Constitución se mantendrán por encima de cualquier otra norma o resolución, incluso cuando se trate de acciones suspensivas dictadas por el Poder Judicial.
Entre las modificaciones, se establece que las controversias o acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra reformas a la constitución no podrán frenar su aplicación inmediata.
