La lógica del dejar hacer y dejar pasar que se impone ante bloqueos, secuestros, ataques a instituciones y personajes choca con la firmeza con que se hacen acusaciones, sustentadas o no, contra ciertos adversarios políticos. Pareciera incluso que aquello que decía Benito Juárez de “a los amigos justicia y gracia y a los enemigos la justicia a secas” se ha extrapolado a límites imposibles de alcanzar, ejerciendo estrictamente la ley.
Si contra los taxistas, policías federales rebeldes y cualquier otro que desee bloquear la capital del país por horas no se hace nada, también rige la impunidad (incluso con premio) en el secuestro de 92 choferes y camiones por parte de estudiantes de la normal rural en Tenancingo e Ixtapan de la Sal, en el Estado de México. Los secuestradores, como los bloqueadores, reciben premios: en este caso, plazas y recursos presupuestales.
El secuestro de camiones y el robo de tráileres es un mal endémico que es tolerado en todo el país, sobre todo cuando se realiza con un supuesto parapeto ideológico. En el caso Ayotzinapa, el robo de camiones es un elemento central que parece querer ser ignorado por todos, comenzando por los representantes de los padres de las víctimas y siguiendo por los investigadores oficiales. En los 20 meses anteriores a los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, los jóvenes de la normal de Ayotzinapa realizaron 20 marchas, cinco mítines, siete bloqueos de carreteras, cuatro caravanas con autobuses secuestrados en cinco bloqueos carreteros distintos, tomaron tres instalaciones gubernamentales y 15 gasolinerías para robar combustible. Doce de esos eventos ocurrieron en Iguala.
La noche de Iguala, el 26 de septiembre de 2014, salieron de la normal en autobuses secuestrados, tenían muchos en la propia escuela y les dijeron a los jóvenes de primer ingreso que irían a Chilpancingo a secuestrar más camiones, en el camino les dijeron que siempre no, que mejor iban a Iguala, nada menos que a 257 kilómetros de distancia de la normal. Supuestamente, eran para movilizarse el 2 de octubre a la Ciudad de México, pero para eso faltaba todavía una semana e iban a hacer 500 kilómetros de ida y vuelta. Nunca se ha querido indagar por qué ir a secuestrar camiones a Iguala, a tantos kilómetros de distancia, tampoco a nadie le parece condenable esa actividad. Se dice que se robó un camión de pasajeros con heroína dentro. Puede ser, pero, de ser así, ¿fue una casualidad o ése era el objetivo? En realidad no importa, para las autoridades robar camiones o tráileres no parece ser un delito.
La lógica de no hacer nada ante estos grupos se extiende al narcotráfico: siguen los enfrentamientos, la violencia, las muertes y pareciera que nadie está decidido a frenarlos. Lo sucedido en Tamaulipas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Noreste ha alcanzado límites insólitos de violencia con videos de decapitados, muertes en las calles, incluso con acciones de áreas de seguridad locales actuando fuera de la legalidad, pero ni allí ni en las demás entidades donde la violencia se ha impuesto, la fuerza del Estado se hace notar. Hay balazos, pero ni un solo abrazo en la lucha de la delincuencia organizada, ajena a cualquier proclama de pacificación.
En Las Margaritas, en Chiapas, un grupo de pobladores descontentos con el gobierno municipal toma la alcaldía, secuestra al presidente municipal, lo ata a un automóvil y lo arrastran por las calles de la ciudad. Nadie interviene.
En Tapachula, en esa bomba de tiempo que es la estación migratoria Siglo XXI, los migrantes africanos, varados desde hace meses en ese lugar porque no tienen ni tendrán permisos para ir a Estados Unidos, están cada día más violentos. Atacan a la Guardia Nacional, prenden fuego a instalaciones, comienzan a ejercer la violencia porque sus asesores saben que les sirve para negociar. Allí tampoco hay respuesta.
Dicen los clásicos que los sistemas que funcionan son los que tienen leyes flexibles que se aplican de manera rigurosa. Nosotros, como toda sociedad endeble, nos empeñamos en tener un sistema de leyes rigurosas que se aplican de manera flexible, de acuerdo a quien sea el que la está violando. Así era antes y así es ahora.
EL DINERO DE EL CHAPO
Otra vez, el propio presidente López Obrador habló del dinero de El Chapo Guzmán, aunque ahora reconoció que nadie sabe cuánto es ni dónde está. Lo cierto es que no han decomisado ni un dólar al Chapo y nadie sabe dónde están esos recursos. Ni aquí ni en Estados Unidos. No tiene sentido hablar de qué se va a hacer con unos recursos que, seguramente, están muy lejos de las manos del gobierno.
EL CASTIGO DE DIOS
La declaración del gobernador Miguel Barbosa acerca de que la muerte de Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso fue un castigo de Dios lo retrata de cuerpo entero. Es una mezquindad que indigna, polariza y alimenta la sospecha.
