*Zurda .
/ Ruth Zavaleta Salgado /
Las mujeres por ser mujeres no gobiernan mejor o peor que los hombres, porque la forma de ejercer el poder político no se relaciona con el género, sino con una serie de factores que impactan su ejercicio. Luego, esos factores pueden influir para que los resultados de las mujeres sean evaluados por los ciudadanos como mejores, iguales o peores que los de los hombres. Por ejemplo, en sociedades con una cultura misógina, las mujeres enfrentarán mayores obstáculos para ejercer el poder que les confiere el cargo, pero dependerá de su decisión y los recursos que tengan para superarlos. Son pocos los casos de mujeres que han sido calificadas como exitosas cuando han logrado encabezar el Poder Ejecutivo de una nación (en 2021 eran 22), pero ahí están dos gobiernos muy significativos: Angela Merkel, en Alemania, que, bajo los mecanismos democráticos que rigen el nombramiento, logró mantenerse durante 16 años como canciller, y Michelle Bachelet, en Chile, que logró reelegirse por una segunda ocasión después de regresar de su cargo en la ONU.
¿Será el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum? Aún es muy temprano para hacer un análisis prospectivo, pero, lo que se ha visto en este corto tiempo de su gobierno, es que el Poder Legislativo encabezado por los hombres que fueron sus adversarios políticos en la elección interna de su partido (es decir, las corcholatas) están reformando la Constitución, sin ton ni son, y están cambiando nuestro régimen político de democrático a autoritario, y de presidencial a quien sabe qué, porque con los cambios que han hecho no están impulsando una transición hacia un régimen semipresidencial, como Francia o un parlamentario como Alemania, sino hacia la imposición de la supremacía parlamentaria (tal vez como China) de Morena y sus aliados. Por ejemplo, además de la trágica reforma judicial que no tiene ni pies ni cabeza para implementarse, y que acaba con la independencia judicial y el principio de división de poder, en estas dos semanas, los supremos legisladores aprobaron otras reformas constitucionales que siguen saturando y polarizando la conversación de la agenda pública, por lo ominosas que resultan.
La peor es la llamada reforma de inimpugnabilidad, que lejos de proteger la supremacía constitucional, la somete a la voluntad del Congreso de la Unión; también aprobaron mayores facultades a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, que difícilmente podrá ejercer su titular, porque, por un lado, es poco probable que los responsables de las Fuerza Armadas, Guardia Nacional, gobernadores y presidentes municipales se sometan a quien no tiene ni los recursos humanos ni los recursos económicos para implementar una estrategia unificada y, por otra parte, en el presupuesto de la Federación tampoco se refleja algún interés particular al respecto. Así, como decía el clásico “amor con amor se paga”, y aquí no se ve mucho cariño. Para cerrar su periodo de “reformatitis aguda”, los supremos legisladores aprobaron la desaparición de varios órganos autónomos, bajo el pretexto de que cuestan mucho a los ciudadanos, pero se sabe que la realidad es otra, es mantener la opacidad y sin rendición de cuentas los gastos y los malos resultados del sexenio anterior, tal y como pasaba en los viejos tiempos, cuando varios de los líderes de la actual elite política parlamentaria militaban en el anterior partido hegemónico.
Incluso, tienen tanta prisa de reformar la Constitución que, cuando los medios de comunicación les preguntan a las y los diputados y senadores, no saben que artículos están reformando, peor aún, ni siquiera logran aprenderse el nombre completo de las reformas, por ejemplo, la de “igualdad sustantiva de perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género”, la bautizaron como “la de igualdad sustantiva”, reforma que, por cierto, es muy confusa en cuanto a redacción, pero es la primera iniciativa legislativa que se relaciona con los compromisos que hizo la Presidenta de la República con las mujeres durante su campaña, y que impacta siete artículos constitucionales, sin embargo, pasó desapercibida en la agenda pública por obvias razones: quien la propuso es la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, no los líderes parlamentarios de su partido.
