*Zurda.
/Ruth Zavaleta Salgado/
La Región de América Latina y el Caribe, México mantiene el segundo lugar con mayor número de feminicidios en 2023, con 852 casos, así lo dio a conocer José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la CEPAL, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El informe incluye un revelador análisis sobre el crecimiento de los feminicidios en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco.
Sin embargo, el número total de feminicidios que informó México a la CEPAL pueden ser falsos. Así lo prueban los datos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que atiende a las víctimas de violencia en la montaña de Guerrero. Tan sólo de septiembre de 2023 a agosto de 2024, se cometieron 15 feminicidios, siete de ellos en Tlapa de Comonfort, municipio que fue declarado con Alerta de Violencia de Género desde junio del 2017, y que a la fecha no cuenta con las medidas extraordinarias que exige el protocolo. Por ejemplo, la Unidad de Investigación especializada del delito, que se creó desde 2018 para investigar los casos que motivaron la declaratoria, fue cerrada en 2021.
En este contexto, sin claridad sobre la verdadera dimensión del problema, todo parece indicar que va a desaparecer la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (Conavim), y sus funciones serán absorbidas por la nueva Secretaría de la Mujer, que sustituye al Instituto Nacional de las Mujeres, fundado el 12 de enero de 2001. La Conavim es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, creada el 1° de junio de 2009. El modelo es una réplica del que se implementó en Ciudad Juárez, para enfrentar la crisis feminicida que motivó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, por el Caso González y otras (Campo Algodonero). Su objetivo central es coordinar las acciones de emergencia para frenar el crecimiento de violencia extrema en contra de las niñas y mujeres; para lograrlo, realiza las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género (DAVG) y preside el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVCM).
De una u otra forma, las acciones de la Conavim son conocidas por la mayoría de los ciudadanos, porque desde 2015 hasta 2022, declaró 25 Alertas en los estados de la República en donde se incrementaron los feminicidios. No obstante, a pesar del trabajo que realizó la Conavim no logró los resultados que se esperaban obtener cuando fue planeada su creación, por varias razones. En primer lugar, sólo es un órgano de coordinación de las acciones que realizan diferentes instituciones de los tres niveles de gobierno. Es decir, depende de la voluntad política de quienes toman las decisiones en esas instituciones y, tal como se observa, algunas de éstas no tienen empacho en falsear los datos o no cumplir con las acciones que exige el protocolo; en segundo lugar, durante todo el sexenio pasado no tuvo los recursos necesarios para cumplir de forma eficaz con sus atribuciones legales y tampoco contó con el beneplácito del expresidente López Obrador, porque su prioridad no fue continuar con la política pública transversal que se estaba construyendo desde el año 2001, para frenar la violencia contra las mujeres. Este abandono originó el crecimiento exponencial de homicidios dolosos y culposos, feminicidios y desapariciones forzadas de niñas y mujeres, tal y como lo demuestran los propios datos de la Secretaría de Gobernación, del SESNSP (aún maquillados), de los organismos autónomos y de las organizaciones civiles de derechos humanos, como el centro de Tlachinollan.
Así, al día de hoy, todo parece indicar que nada salvará la permanencia del Conavim y que, formalmente, sus funciones serán absorbidas por la nueva Secretaría de la Mujer, pero el tiempo demostrará que eso es un gran error, porque frenar la violencia feminicida es un desafió que no se puede superar con la improvisación o, peor aún, con el discurso demagógico de un segundo piso de una Cuarta Transformación.
