Denise Dresser.
El 12 de octubre, el Presidente tuiteó lo siguiente: “En Baja California hay una controversia acerca de si dura dos o cinco años en el cargo el gobernador electo. Lo bueno es que ahora hay Estado de derecho y decidirá la SCJN.
Antes eran dedazos y concertacesiones, aunque parece que ya se les olvidó a los conservadores. Mándenles un telegrama, fax, correo electrónico o como sea, pero avísenles que esto ya cambió”. Esas líneas y la intención que conllevan merecen una condena enérgica, al margen de las ideologías y las etiquetas y las afiliaciones partidistas. Al posicionarse como lo hace, el titular del Poder Ejecutivo afirma que su partido puede violar la Constitución y cambiar las reglas del juego para quedarse en el poder cuando no le corresponde. Y que la Suprema Corte le asistirá. El mensaje de López Obrador es una bofetada para cualquier demócrata congruente y debe ser denunciada así.
Una bofetada porque si hubiera Estado de Derecho, se habrían respetado los resultados de la elección especial mediante la cual Javier Bonilla fue electo por dos años. Una cachetada porque si hubiera Estado de Derecho, Morena -de la mano de panistas pagados- no habría llevado a cabo un agandalle legislativo para extender inconstitucionalmente su periodo.
Un golpe porque si hubiera Estado de Derecho, el TEPJF se habría pronunciado sobre la ilegalidad de la consulta “popular” realizada, que contraviene toda la normatividad sobre ejercicios de este tipo. Si AMLO y su partido se apegaran a las pautas, en vez de doblarlas, tergiversarlas, y manipularlas cuando les conviene, no habría controversia, ni sería necesaria la intervención de la Suprema Corte.
El gobierno le exige constantemente a la oposición que no recurra al Poder Judicial para obtener lo que no ganó en las urnas, pero recurre a esa táctica. Buscará que la Corte le regale lo que el voto no le proveyó.
La población de Baja California no votó para que Bonilla se quedara 5 años. El electorado del estado no tachó la boleta para que se aposentara en la gubernatura más allá de lo estipulado. Las encuestas revelan un rechazo mayoritario al abuso que Morena quiere institucionalizar, incluso por parte de los morenistas mismos.
Según el sondeo de El Financiero, 72 por ciento opina que la extensión del periodo del gobernador electo no refleja la voluntad de la mayoría de la gente; refleja los intereses de unos cuantos. Y tiene razón. La imposición inconstitucional de Bonilla le beneficia a él, a un manojo de líderes partidistas, a la élite morenista del estado, a López Obrador y sus aspiraciones hegemónicas.
Pero no asegura el imperio de la ley, no fortalece el Estado de Derecho, no refuerza la división de poderes, no respeta la Constitución. Lo ocurrido en Baja California con el beneplácito tuitero y político del Presidente viola todos los preceptos básicos de la democracia. No es un avance que AMLO debería celebrar; es un retroceso que debería condenar.
Al proponer y votar como lo hizo, el Congreso de Baja California se arrogó atribuciones que no le corresponden. Al organizar una consulta patito con preguntas sesgadas y boletas amañadas, Morena actúa de una manera marrullera, idéntica a la del PRI al que tanto criticó y ahora emula. Al afirmar que es responsabilidad de la Suprema Corte decidir si el “Bonillazo” es legal, López Obrador desoye el mandato de las urnas, esas misma que le dieron legitimidad, mas no permiso para hacer lo que se le dé la gana.
Al usar a Baja California de probeta, el lopezobradorismo ensaya cuán posible será violar otras leyes, extender otros mandatos, mal utilizar otras mayorías, usar a la Suprema Corte a conveniencia para que provea los resultados deseados. Con el apoyo de Arturo Zaldívar y tres ministros más nombrados por él, AMLO tendrá los 4 votos que necesita para darle pase automático a Bonilla, para frenar toda acción de inconstitucionalidad emprendida en torno a su gobierno, para avalar el experimento de Baja California y patentarlo.
Por eso habría que enviarle un telegrama, un fax, o un correo electrónico a AMLO para avisarle que esto no es transformación ni remodelación ni rompimiento. Esto es preservar lo peor del viejo régimen. Antes había dedazos y concertacesiones; ahora hay extensiones de mandatos que son una bofetada, como tantas que nos dio el PRI. Pero parece ser que al Presidente ya se le olvidó.
