* Análisis sin Frontera
/Ana María Salazar/
WASHINGTON, DC.- En la capital estadounidense, los medios de comunicación están obsesionados con un escandaloso y público asesinato en Manhattan del CEO de una empresa de salud. Los medios llevan horas enfocados exclusivamente en transmitir los detalles del atentado. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la atención giró alrededor de un asesinato en un centro comercial. Lo que marca la diferencia de este asesinato en un restaurante en Miyana, un centro comercial en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México, de los diferentes asesinatos alrededor del país, es que tuvo un efecto inquietante por el lugar donde sucedió: ¿Será que la 4T está perdiendo el control territorial de la capital del país? ¿Cuál es el impacto político y estratégico para Claudia Sheinbaum?
Si no se puede controlar a los grupos del crimen organizado en la Ciudad de México, ¿qué esperanzas hay de que la Presidenta pueda implementar una estrategia que a corto plazo reduzca los asesinatos y las masacres a nivel nacional, y a largo plazo permita que el Estado mexicano pueda retomar el control de algunos de los estados que han sido, literalmente, secuestrados por grupos criminales.
Ciertamente es injusto señalar el asesinato de Jesús Pérez Alvear, Chucho Pérez, en Polanco, esta semana, como una clara señal del deterioro de la seguridad en la Ciudad de México. Algunos reportes iniciales señalan que este y Manuel Beltrán Quintero, quien también fue asesinado en Polanco en septiembre pasado, estarían vinculados al atentado del ahora secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y su segundo a bordo, el Jefe Milton, respectivamente. Posiblemente el asesinato de estos dos hombres en lugares tan públicos tenía como objetivo enviar un mensaje. ¿A quién y por qué ahora? Continuará siendo tema de especulación porque si la tendencia se mantiene hay altas probabilidades de que reine la impunidad, a pesar de la importancia de saber quiénes fueron los asesinos materiales e intelectuales.
Pero indudablemente la forma y el lugar en donde fueron acribillados estos dos hombres, envían un mensaje: Que hay muy pocos impedimentos para asesinar en México, y las probabilidades que alguien sea detenido es remota y mucho menos se espera que se enjuicie a los asesinos.
En el caso de la realidad mexicana, que asimila una guerra civil entre facciones no gubernamentales, buscando venganza, mantener y proteger su ‘territorio’ y ‘negocio’, o simple y llanamente atemorizar y amenazar a la población para mantenerlos como rehenes, no nos alcanza ni el papel ni los horarios de televisión y radio para dedicarle el tiempo necesario para darle seguimiento a algunos de los asesinatos en el país.
Y no veo factores que contradigan mi conclusión de que todavía puede incrementar aún más la violencia en México. Explico esta triste conclusión: Para poder contener la espiral de violencia que se detonó por la extraordinaria detención del Mayo Zambada cerca de un aeropuerto en El Paso, el Estado tendrá que hacer uso de la fuerza. Y aunque ciertamente justificada esta decisión por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, la realidad es que, en lugar de ser una guerra entre cárteles, ahora el Estado mexicano también será un actor en esta ‘guerra’, aunque se justifique que sea para proteger a la población.
Pero también hay que recordar que cada vez que hay una transición en el gobierno federal, estatal y municipal, la natural restructuración y los nuevos actores y elementos, se traduce en que las organizaciones criminales aprovechen el caos. De hecho, hay que ponerle atención al hecho de que varios estados claves relacionados con la violencia en el país tienen nuevos gobiernos: Ciudad de México, Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Tabasco y Morelos. En todas estas entidades se ha visto un incremento en los niveles de violencia. Yucatán, que también vive un cambio de gobierno, sería la excepción.
Tampoco se puede subestimar el impacto de las reformas constitucionales en la capacidad de funcionar adecuadamente ante tantos cambios en los últimos seis años. Hasta recientemente nos habíamos enfocado en las capacidades de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, gobiernos estatales y locales.
Poco se ha discutido de cómo la reforma judicial, donde magistrados y jueces penales también se someterían a elección popular y la parálisis a corto plazo que seguramente sufrirá esta rama del poder, por el simple hecho de que la mayoría de los nuevos jueces tendrán poca o nula experiencia en adjudicar investigaciones en contra de peligrosos criminales. Pero lo más extraordinario de estos candidatos es que después de hacer campaña, serán electos jueces penales, muchos de ellos con la responsabilidad de ser ‘jueces sin rostro’.
Se incrementan las incautaciones, como la tonelada de fentanilo que se detuvo esta semana. Es de esperarse reacciones violentas, secuestros, asesinatos y cobro por parte de las organizaciones y clientes afectados.
Tampoco habría que subestimar el impacto de los exitosos programas de recompensa. Esta semana la DEA anunció que incrementaron a 15 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la detención del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Con esta cantidad, no debería sorprender más actos de traición y sí, aún más violencia. Divide y conquistarás. El problema es el costo para la sufrida población.
