*Escrito por Arantza Díaz.
17.12.2024 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- Con una apabullante victoria del partido republicano, Donald Trump está en aras de tomar protesta por segunda ocasión, el próximo 20 de enero, y la llegada del trumpismo y con ello, la población migrante está atravesada por la incertidumbre del porvenir y por la presurosa necesidad de cruzar la frontera antes de la investidura del mandatario quien, ha advertido que ese mismo día desplegará al Ejército para llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia.
Desde principios de diciembre, las caravanas migrantes avanzan atiborrando las fronteras a la par de que Trump las denuncia como una invasión; México tiene en sus manos la tarea de gestionar, contener y frenar el flujo migratorio que ha comenzado a repuntar de manera abismal tras la victoria del partido republicano. Desde diferentes frentes, la crisis humanitaria se recrudece mientras la carrera contra el tiempo por cruzar la frontera norteamericana avanza.
Estamos a un par de semanas del segundo mandato del republicano Donald Trump y el escenario podría ser un déjà vu de lo vivido en 2017, poniendo en riesgo a la población migrante, pero particularmente, a las y los mexicanos.
El Migration Policy Institute estima que aproximadamente 5,1 millones (45%) de los 11,3 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos a mediados de 2022 procedían de México. El tamaño de la población total no autorizada ha crecido en los últimos años; en 2007, la población mexicana representaba el 64% del total de la población inmigrante no autorizada.
Así, mientras buena parte de la población migrante mexicana se está viendo atravesada ante la posibilidad de la deportación masiva de toda su familia, -aún cuando las políticas de proceso de reintegración no contemplan su acceso a la vivienda, empleo, identidad jurídica, inclusión financiera y mucho menos contienen una atención focalizada en perspectiva de género ante mujeres víctimas de violencia, en las fronteras del sur, las caravanas migrantes intentan cruzar a los Estados Unidos sorteando los peligros de Chiapas y su latente conflicto entre cárteles del narcotráfico; todo esto, a un mes del segundo capítulo del partido republicano.
De amenazas, una campaña antiinmigrante y el zar de la frontera
La campaña y promesas políticas de Donald Trump han oscilado en encarnar el nacionalismo y promover la regulación -violenta- de la migración al considerarles «invasores» de la apodada tierra de la libertad. Desde abril de este año, lanzó la primera advertencia sobre el uso de las fuerzas castrenses para no permitir a ningún migrante más cruzar la frontera norte del país.
En una entrevista con la revista Time, el mandatario -quien apenas estaba por entrar en campaña- aseveró que, la primera acción contundente que haría al llegar al poder sería mover todos los recursos posibles para impulsar la mayor deportación en la historia, además, realizaría algunas reformas importantes al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas con el objetivo de eliminar trámites burocráticos que entorpezcan el plan de militarizar la frontera.
Concretamente, dotaría de mayor poder al ICE, lo que le permitiría actuar de forma más radical -y de ser necesaria extrema- para contener el flujo migratorio, algo que el mismo Trump definió como «quitarle las esposas al ICE» para posteriormente, tener la facultad de proceder con redadas y arrestos masivos con el objetivo de «proteger al pueblo estadounidense».
Pero ¿por qué estas reformas resultan preocupantes? Primero, hay que recordar que en diversos países existen leyes o tratados internacionales que reconocen que la presencia militar en asuntos civiles puede derivar en serias violaciones a los derechos humanos.
Por ejemplo, en México la Constitución pautaba que las fuerzas armadas no podían actuar como autoridades civiles, a menos, que se tratara de circunstancias extraordinarias; hasta el 30 de septiembre del 2024, cuando se reformaron los artículos constitucionales 21 y 13 sobre el fuero militar, la permisión de realizar labores de investigación y participación en actividades civiles.
En Estados Unidos también se cuenta con una ley que prohíbe a las fuerzas castrenses actuar en labores de carácter civil, por ello, la idea de que pueda hacerse uso del ejército puede parecer demasiado compleja, aún para el propio Trump. La conocida «Posse Comitatus Act» es una poderosa ley emitida en 1878 que limita la fuerza del poder federal para hacer uso del Ejército, a menos, que se trate de circunstancias extraordinarias.
En este caso, Donald Trump argumenta que, para el 20 de enero, declarará estado de emergencia y apostará a que, quien atraviese la frontera de manera ilegal, será considerado un invasor del país y con ello, tratar de saltar el Possse Comitatus.
Ante estos intentos de comenzar a rozar la militarización de la frontera se suma otro brazo importante: Tom Homan.
Considerado uno de los políticos más radicales en materia de migración apodado «el zar de la frontera» es la última pieza del trumpismo. Nombrado como nuevo titular de seguridad fronteriza, Homan sostiene la viabilidad del extremo plan de deportaciones masivas e indica que su política será «cero tolerancia«, además, a este personaje se le atribuyen las violentas separaciones de familias e infancias acontecidas en 2018.
En añadidura, se debe recordar el llamado título 42 (la política que intentaba frenar la pandemia expulsando migrantes) y que se mantuvo vigente hasta el gobierno de Biden; se expulsaron a más de 2 millones de personas hacia nuestro país, principalmente, de El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití, Venezuela y Cuba. Nuestro país aceptó dar auspicio a estas personas intentando regresarlas a su país, pero en este tránsito, se registraron más de 13 mil 480 casos de violencia contra este grupo, de acuerdo con información registrada por el Instituto para las Mujeres en la Migración.
¿Volverán a separar a las familias? Según ha dado a conocer Homan para algunos medios tradicionales del frente conservador, el plan esta vez no es separar familias, sino más bien, deportarlas completas. Además, no habrá más prácticas de aislamientos, campamentos para migrantes, ni redadas indiscriminadas, sino más bien, se está trabajando en un proyecto sistémico nacional que buscará crear puntos específicos para ejecutar las detenciones, incluyendo, centros de trabajo.
Estas propuestas han sido confirmadas por el futuro presidente quien ha bromeado con el asunto de «deportar a toda la familia», asimismo, ha dado a conocer que se modificará la Constitución con el objetivo de dejar de otorgar la nacionalidad estadounidense a las personas migrantes que nacen en el país.
Ante un escenario de deportación y detención masiva, aumento en operativos de control migratorio y eliminación de programas de regularización como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), Permisos Humanitarios y de la aplicación CBP One -que permitía entregar documentos a las autoridades estadounidenses para programar citas de asilo-, resulta complejo acertar en el porvenir de las comunidades migrantes que no sólo están en vías de cruzar en la frontera, sino también, de quienes radican en el país y se enfrentan a un escenario de vulnerabilidad sistémica.
Caravanas migrantes: Una carrera contra el tiempo (antes del trumpismo)
Desde el 2 de diciembre, una de las caravanas más grandes -y la tercera desde el triunfo de Trump- arribó a nuestro país al cruzar la frontera con Guatemala. Las caravanas, mayormente conformadas por familias, están apretando el paso atravesando Tapachula, Chiapas, una de las entidades con mayores tasas de crimen organizado donde se gesta una disputa entre grandes células delictivas del narcotráfico.
En un breve contexto, Rutilio Escandón es el exgobernador de Chiapas, está señalado por su endeble papel al frente de la entidad, considerando que dejó a la entidad sumida en una profunda violencia, pero también, acusado por haber permitido el avance del narcotráfico al estado sureño. Actualmente, Escandón ha sido nombrado por Sheinbaum, cónsul en Miami.
Es precisamente en Tapachula, Chiapas, que se libró un violento enfrentamiento donde fue aprehendido «El Memo», uno de los jefes de plaza del Cártel de Sinaloa con la fracción del Mayo Zambada. En añadidura, algunas zonas de Chiapas se han convertido en espacios inhabitables donde, incluso, comunidades del movimiento zapatista han abandonado las caracolas.
Escandón ha dejado el cargo, pero el cinturón de la frontera con Guatemala permanece bajo el yugo del Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, pero la violencia no sólo parte desde el brazo del narco, sino también, desde la militarización que se adueña de la zona bajo el pretexto de contener el crimen.
Recordando así, que el pasado 3 de octubre, fuerzas armadas acribillaron a 6 migrantes e hirieron a otras 10 personas en Villa de Comaltitlán en Chiapas. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, el motivo del ataque no fue infundado, sino más bien, se trató de una confusión donde los militares creyeron haber escuchado detonaciones de fuego y ante la omisión de no frenar la camioneta donde viajaban, el Ejército abrió fuego en su contra.
Desde hace 4 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la violación a los derechos humanos que sucede en Chiapas, instando al gobierno a proteger a esta comunidad de la violencia que azota la región; no solo ejercida por parte del crimen organizado, sino también, por parte de las mismas fuerzas armadas mexicanas.
Este cinturón fronterizo (Chiapas- Guatemala) ha registrado 5 mil 745 agresiones y delitos en contra de migrantes, según la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob), 2023.
Este jueves 12 de diciembre partió la última caravana migrante registrada, está constituida por aproximadamente unas mil 500 personas y tienen por objetivo llegar a la Ciudad de México como base para seguir su camino con dirección a los Estados Unidos.
A pesar de los intentos del Instituto Nacional de Migración por disolver el paso de esta comunidad ofertando permisos y la posibilidad de llevar a las familias a otras entidades del país, la caravana se mantiene firme y ha denunciado que sólo quieren salir de Chiapas y subir a la Ciudad de México en paz, preocupando, principalmente, la seguridad y salud de las infancias quienes están presentes en la caravana; la necesidad de acelerar el paso, concluir trámites y llegar a la frontera sur antes del temido 20 de enero, se ha convertido en la misión fundamental de un aproximado de 9 mil personas que han transitado la frontera chiapaneca de octubre a la fecha.
Según reporta la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS), sólo en 2023 un total de 113 mil 660 infancias y adolescencias fueron detenidas en nuestro país, el 47.6% en Chiapas, lo que representa que este fenómeno de menores migrantes en calidad de detención se disparó un 191.7% en la entidad con respecto al año anterior.
Según documenta la organización, la mayoría de este grupo tiende a provenir de Venezuela, Ecuador y Colombia; el 75% de estas infancias o adolescencias migrantes detenidas en Chiapas provienen de Sudamérica, el 12.8% de Centroamérica y el 2.7% de Asia.
En su mayoría están acompañados por algún familiar, sin embargo, después de los 12 años se abre un ligero porcentaje de menores que comienzan a migrar solos, la mayoría- 7 de cada 10-, tiende a desistir de cruzar la frontera con Estados Unidos. Por ello, a un par de semanas del ascenso de Donald Trump, México debe tener bien blindadas sus leyes para hacerlas cumplir, sin olvidar, que tiene la responsabilidad de activar el Protocolo de evaluación para la identificación de necesidades de protección internacional de niñas, niños y adolescentes (NNA) y con ello, no permitir la separación de este sector de su familia.
De este lado, en México, un aproximado de 82 organizaciones, entre las que se encuentra Amnistía Internacional y las Casas del Migrante Tijuana, han exigido a Claudia Sheinbaum no torcer mano, por el contrario, asegurar el cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, especialmente, para proteger los derechos supremos de las infancias, recordando así, que en la pasada administración de Trump más de 5 mil niñas, niños y adolescentes fueron separados de sus familias y más de mil 400, no han sido reunidos con su familia.
Defensoras e instituciones en México, listas para dar batalla
Organizaciones civiles, personas defensoras de los derechos humanos migrantes e institutos ya ha advertido que el porvenir ante el trumpismo resulta incierto, por ello, a raíz de sus declaraciones en campaña y estos momentos de transición previos a su investidura, preocupa la criminalización, la detención arbitraria y el aumento exponencial de deportaciones arbitrarias.
Por ello, entre las principales denuncias que se han realizado está el proteger a la comunidad mexicana en los Estados Unidos, es decir, desde la diplomacia el consulado debe blindar a la población a través de rutas humanitarias y crear campañas informativas en los 53 consulados de México, particularmente, donde la población mexicana es mayor.
En esto último, se debe nombrar a la Ciudad de Nueva York, donde la población mexicana es de 1.5 millones de personas y en algunos barrios como Brooklyn o Sunset Park tienen una representación mexicana del 60%, de acuerdo con datos del Migration Policy Institute. Nombrar a Nueva York en esta conversación es fundamental, pues se le ha visto al alcalde de la ciudad, Eric Adams siendo particularmente cercano con Tom Homan; han sostenido reuniones y planes juntos a pesar de manifestaciones y denuncias de la población neoyorquina.
Como resultado, Adams ya ha salido a dar sus primeras declaraciones sobre sus charlas con Homan: Está arriba en el tren de las deportaciones y habrá cero tolerancia, afirmando que la gran manzana ya no será refugio para aquellos migrantes que recurran en la ilegalidad y delitos.
Así, la ciudad de Nueva York también prepara trinchera bajo la observancia de Adams -acusado, a propósito, de corrupción en 2022- y Homan. En respuesta, algunas organizaciones y colegas del partido demócrata han mostrado su indignación con la manera en que Adams ha accedido a perseguir las políticas trumpistas, aún, cuando la ciudad camina gracias a la multiculturalidad y el trabajo de la mano migrante.
Ante los desafíos actuales con el país vecino, es crucial que esta administración publique con prontitud su enfoque estratégico de migración y asilo, que debe priorizar acciones hospitalarias, expansión de vías de migración regular y acceso a derechos como vivienda, identidad jurídica, educación, salud, trabajo, etcétera. permitiendo un desarrollo digno para las personas que transitan, residen o retornan a México.
Esta política debe incluir un diagnóstico riguroso de las necesidades diferenciadas de los flujos migratorios, considerando la interseccionalidad, el interés superior de la niñez, el género, la diversidad sexual y el antirracismo, y asegurar los recursos materiales, humanos y financieros suficientes para su implementación, según versa el documento firmado por 82 organizaciones a nivel regional.
Colaboraciones… ¿por los migrantes?
En un intento de mantener las relaciones diplomáticas intactas, México ha recurrido a acuerdos que permitan contener la crisis migratoria y mantener bien amarrada la relación con Estados Unidos; un movimiento político que se ha hecho con Joe Biden, e incluso, con Donald Trump durante su pasada administración.
Sin embargo, estos presuntos acuerdos bilaterales no han contemplado los derechos humanos, por el contrario, sólo han acrecentado la vulnerabilidad y el estado mexicano se ha convertido en segundo verdugo propiciando programas como Quédate en México, Asegurando la Frontera o Elusión de Vías Legales.
El Instituto para las Mujeres en la Migración denuncia que, México ha obligado a personas que buscan protección internacional a esperar en las zonas más inseguras de México, sin acceso a derechos fundamentales y con una resolución congelada en los tribunales. Además, entre 2019 y 2021, más de 71 mil personas fueron deportadas a México, muchas de ellas, bajo circunstancias de extrema vulnerabilidad y precarización.
El IMUMI advierte que es muy probable que, con la nueva administración de Trump, se busquen acuerdos similares con México e incluso, más restrictivos, sin embargo, será responsabilidad del poder ejecutivo pautar límites, poner al centro los derechos humanos y no eludir sus obligaciones legales internacionales; es urgente que México reconozca su responsabilidad en este proceso, porque no está libre de la opresión sistémica, si se articula con las políticas enemigas.
¿Y cómo se podría lograr construir un mejor diálogo?: En primera instancia, sacando a las fuerzas armadas del territorio transitado por migrantes. Para contener la movilidad humana en nuestro país, México adopta medidas restrictivas como por ejemplo retenes -mismos que originaron el asesinato de los 6 migrantes en Chiapas-, revisiones migratorias y detenciones arbitrarias, sin embargo, el efecto que producen estos intentos por «asfixiar» el flujo migratorio no es el de seguridad, ni el de libre movilidad humana, por el contrario, el Estado mexicano está obstaculizando las opciones de un viaje seguro y violando los derechos de la comunidad migrante, el IMUMI sostiene que el control migratorio castrense no tiene un enfoque de protección, pero sí de criminalización.
