*Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó al empresario Fernando Barbachano Herrero que se analizarán las violaciones reclamadas al Estado Mexicano.
*De resultar favorable se podría condenar por quinta ocasión al país.
Mérida, Yucatán, 24 de diciembre de 2024.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició con el análisis de la demanda en contra del Estado Mexicano interpuesta por el empresario Fernando Barbachano Herrero y sus abogados, en la defensa de su propiedad, el hotel Mayaland y The Lodge de Chichén Itzá, por considerar la presunta existencia de actos de corrupción, ilegalidad, irregularidades y abuso de poder en la impartición de justicia.
Ante la indebida actuación de las autoridades de impartición de justicia de Yucatán y jueces federales, Fernando Barbachano Herrero y sus abogados recurrieron a esta instancia internacional que recibió toda la documentación relacionada al litigio jurídico..
Mediante este recurso jurídico se pide la reparación del daño al empresario que el 17 de febrero de 2022, fue despojado de su propiedad, el hotel Mayaland de Chichén Itzá, por un grupo de pistoleros contratado por Rodolfo Rosas Moya, quien incumplió un acuerdo de compraventa.
El abogado del caso Mayaland, Gerardo Ostos Rincón Gallado, detalló que la denuncia ante la CIDH se presentó el 6 de noviembre de 2024 y se notificó el 18 de diciembre de este año, que se encuentra actualmente bajo estudio, las violaciones reclamadas al Estado Mexicano, conforme a las normas reglamentarias vigentes.
Y advirtió sobre la posibilidad de resultar favorable el estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues se podría condenar a México por quinta ocasión, ya que anteriormente resolvió los casos de Guillermo Castañeda Goodman, Rosendo Radilla Pacheco y más recientemente el de García Rodríguez y Reyes Alpizar en materia de prisión preventiva.
En este litigio, afirmó, están involucrados el exgobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, actual Senador de la República, y el Fiscal General del Estado de Yucatán, Juan Manuel León León, así como la juez interina y la suplemente en el estado, Ileana Álvarez de la Cruz, quienes están denunciados por cometer actos de corrupción, ilegales, irregularidades y abuso de poder en la impartición de justicia, para favorecer a Rodolfo Rosas Moya en el despojo de propiedades.
Además, subrayó, sin un poco de respeto a la ley y a otras instituciones en la materia, la Fiscalía General de Justicia del Estado está en desacato, porque se niega a obedecer una sentencia de amparo federal, mediante la cual se le obliga a ejercer acción penal por el delito de despojo.
“Pero se rehúsan a cumplir con entregar el hotel a su dueño, aun cuando en septiembre de 2023 se ordenó proceder a favor del empresario, en un oficio de colaboración constitucional notificado por la Fiscalía de Quintana Roo, que inicialmente autorizó el aseguramiento de los hoteles de manera ilegal y sin aprobación de un Juez de Control”, asentó Gerardo Ostos.
Ostos Rincón Gallardo puntualizó que si la corte llegase a condenar a México el Estado Mexicano tendría que pedir una disculpa pública al empresario hotelero y difundirla en el Diario Oficial de la Federación, así como en los periódicos de mayor circulación y compensarlo con una reparación económica, que ya hay precedentes en el país.
“Si se declara violaciones a derechos humanos, se nulificarán todos los procedimientos nacionales en los que, a pesar de varias batallas ganadas, sigue sin encontrar un verdadero acceso a la justicia el empresario hotelero”, asentó.
CRONOLOGÍA DEL CASO MAYALAND CHICHÉN ITZÁ.
– El 7 de agosto de 2020 se celebra un contrato de promesa de compraventa, estableciéndose a petición de Inmobiliaria R4 una pena convencional de 6 millones de dólares, en caso de incumplimiento.
– La fecha límite para realizar el depósito de seriedad, según lo pactado en la promesa, era el 27 de octubre de 2020.
– El día 26 de octubre de 2020, RRM solicitó al empresarios Barbachano – por tercera ocasión – una prórroga del plazo.
– Dicha prorroga le fue negada por falta de seriedad, y ante el incumplimiento de pago del depósito, se notificó la rescisión del contrato, conforme a lo pactado.
– En todo el 2021, los hoteles operaron de manera ordinaria sin problema alguno.
– El 17 de febrero de 2022, hombres armados y rompieron en las instalaciones de los hoteles; curiosamente, ese mismo día, la Fiscalía General del Estado de Yucatán acordó entregar en depositaría al señor Alvarado Muro, apoderado legal de INMOBILIARIA R4.
– Los hoteles estuvieron asegurados sin autorización judicial por la fiscalía de Quintana Roo hasta el mes de septiembre de 2023.
– El día 22 de septiembre de 2023, se notificó a la Fiscalía General del Estado de Yucatán, el acuerdo que ordenó cancelar el aseguramiento y entregar todos los bienes inmuebles y inmuebles, su legítimo propietario, Fernando Barbachano Herrero.
– Ante la omisión del fiscal de Yucatán, se promovió un amparo del que derivó el otorgamiento de una suspensión con efectos positivos por parte del Juez Primero de Distrito en la que ordenaba el fiscal, la entrega de los inmuebles, en un plazo no mayor a tres días.
– Esta suspensión fue inusualmente revocada por el mismo juez que previamente le había otorgado; y por ello, es parte de los investigados, actualmente por la Fiscalía General de la República.
– Aunque la suspensión fue indebidamente revocada, estuvo vigente cinco meses y toda vez que el plazo otorgado al fiscal fue de tres días, es evidente que incurrió en un desacato sancionado como delito por la ley de Amparo.
– Por todo lo anterior, el 22 de noviembre de 2024, Fernando Barbachano ejercitó, una acción ciudadana de plebiscito solicitando al gobernador, ejerza su facultad de hacer cumplir la Constitución federal.
– Ante la omisión del gobernador de responder la solicitud de plebiscito. El pasado 19 de diciembre, se presentó un amparo a través del cual se busca que responda favorablemente, como es su obligación.
– El pasado 18 de diciembre, la Comisión interamericana de derechos humanos notificó al señor Barbachano, el acuerdo a través del cual se procede al estudio de la queja; esto implica que México puede salir afectado por las irregularidades que se han cometido en dos estados de la República.
El pasado 19 de diciembre, el Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado, confirmó la resolución del Juez Primero de Distrito, determinando que INMOBILIARIA R4 no tiene ningún derecho respecto a los inmuebles, y que, por ende, la fiscalía tiene expedita su facultad para ejecutar la orden de desposesión.
