*Escrito por Wendy Rayón Garay
07.01.2025 Ciudad de México.- La película Emilia Pérez, del director francés Jaques Audiard, ganó un premio a Mejor Película en los Golden Globes 2025. No obstante, el filme de Hollywood sobre desapariciones forzadas en México, un problema que ha afectado a miles de familias y que desencadenó una crisis forense en el país, no consideró la realidad de las personas buscadoras que en su mayoría son mujeres.
Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) han registrado 110 mil 448 personas desaparecidas entre diciembre de 1952 a enero de 2025, siendo 27 mil 323 mujeres. El último informe de Red Lupa estableció que se trata de una problemática generalizada porque alcanza a una gran escala de la población y sistemática, por los patrones de violencia encontrados.
El análisis también mostró que, en 2023 la cifra de personas desaparecidas aumentó un 7.3% y en 2024 un 6.4%. Asimismo, el 88% de los casos sucedieron entre los años 2000 y 2024 y el 48% ocurrieron entre 2018 y 2024. No obstante, en 2023 fue el periodo en que se registraron más personas desaparecidas alcanzando los 10 mil 513 casos; mientras que hubo un descenso en las cifras durante 2003, 2012, 2015, 2018, 2020 y 2022.
Dentro de los registros de personas desaparecidas se ha encontrado el siguiente panorama:
- Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León son los estados con mayor número de personas desaparecidas en 2024 concentrando al 48% de los registros.
- El rango de edad en el cual se concentran la mayoría de los casos sigue siendo de los 25 a 29 años. Sin embargo, las niñas, niños y adolescentes desaparecidas representan el 18% de los registros.
- En cuanto a las niñas y mujeres, el 52.3% de ellas desaparecen en los estados de Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León en ese orden.
- Son las niñas y mujeres de 15 a 19 años quienes más desaparecieron en 2024.
De igual forma, hay una crisis en materia de desapariciones forzadas y por particulares que ha sido aceptada por diversas instituciones del gobierno mexicano, incluyendo a la presidencia de la República. No obstante, no se han creado políticas públicas suficientes para contrarrestar la situación y ayudar a las personas buscadoras a encontrar a sus desaparecidos.
Actualmente, la Ley General en materia de desapariciones forzadas de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda (en adelante, Ley General) es el principal marco legal e institucional que funciona como una hoja de ruta que todas las instituciones deben seguir para revertir la situación.
Ante esta realidad, en mayo del 2019, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció ante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la existencia de una crisis forense, después de que mujeres buscadoras denuncian la existencia de un gran número de restos humanos sin identificar que ascendió a 52 mil 004 restos sin identificar en 2020. Y es que son las mujeres en quienes constantemente recaen las tareas de búsqueda.
La realidad de las mujeres buscadoras
De acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, gracias a su labor como buscadoras, las mujeres y niñas experimentan impactos diferenciados, especialmente por los roles de género que le son asignados por la sociedad patriarcal. En primer lugar, se enfrentan a la estigmatización de la familia, la comunidad, la sociedad, los medios de comunicación y otros actores con poder cuando denuncian la desaparición de sus familiares.
Esto se ve reflejado cuando culpan a la víctima, el cual se agrava cuando la persona desaparecida, así como la persona buscadora es una mujer, ya que se les culpa por desafiar los mandatos patriarcales. Cuando se trata del segundo caso, son las madres a quienes culpan por no cuidar lo suficiente a sus hijos e hijas y son rechazadas por dedicarse a la búsqueda generando en ellas sentimientos de culpa y preocupación.
La violencia ejercida hacia las mujeres buscadoras escala hasta criminalizadas desde la perspectiva de quienes perpetran los crímenes o si afecta algún interés político como ocurre en muchos casos de personas defensoras de derechos humanos. Por ello, con la intención de impedir la búsqueda y perpetuar la impunidad, el Estado suele ejecutar estrategias de disuasión que involucran el uso indebido del sistema penal en contra de las mujeres buscadoras iniciando investigaciones de manera arbitraria.
Las formas más comunes para silenciar su lucha son a través de la violencia física donde sus cuerpos son perpetrados de forma diferenciada y que puede terminar en amenazas, ataques, desplazamientos forzados, violencia sexual hasta llegar a su asesinato. Por otro lado, también enfrentan empobrecimiento al equilibrar su búsqueda con sus esfuerzos de ser proveedoras del hogar y la carga de los cuidados; así como impactos en su salud al afrontar el estrés y duelo por la desaparición de su familiar.
La instrumentalización del dolor de las personas buscadoras
Para Lesli J. Urzua, abogada penalista y feminista, más allá de la crítica hacia los diálogos y actuaciones de los actores principales quienes no son mexicanos, la película instrumentaliza el dolor de las personas buscadoras, ya que lucra y utiliza su sufrimiento, historias y luchas con fines que no respetan su dignidad y objetivos, según expresó en sus redes sociales.
La película, contada desde el género de comedia musical, aborda la historia de una abogada quien debe ayudar a un líder de un cartel mexicano, que ha provocado diversas formas de violencia, a desaparecer sin dejar rastro y a vivir como siempre lo ha deseado, como una mujer trans llamada Emilia Pérez.
Entre la trama central de la película se incluye uno de los temas sensibles del país: la desaparición forzada. A lo largo de la historia se observa que la mentalidad de Emilia Pérez se ha reivindicado y ahora en lugar de desaparecer personas, ayuda a las personas a encontrarlas creando una organización.
No obstante, el director confirmó en una entrevista que para la realización del filme no estudió sobre la situación real de las personas desaparecidas en México y tampoco se acercó a las víctimas para conocer su historia y visibilizar la crisis nacional a nivel internacional.
