*Escrito por Wendy Rayón Garay .
15.01.2025./CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- En el marco de los 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum, organizaciones del Espacio OSC, señalan que hubo pocos avances en el cuarto de los cien compromisos hacia el segundo piso de la cuarta transformación, el cual hace referencia a la garantía de libre expresión, reunión y respeto a los derechos humanos, por ello, expresaron que «se necesita implementar un plan de protección a personas defensoras y periodistas».
En México, las mujeres defensoras y periodistas están en constante peligro debido al ejercicio de su labor ya que tienen que ir o viven en lugares con altos índices de violencia; abordan temas de impunidad, injusticia y lucha social; acompañan a las familias o victimas generando un contacto de género; y a esto se suma el componente de género donde sufren violencia o tortura sexual y feminicidios.
Cabe señalar que el Programa de Libertad y Expresión de Género de CIMAC, documenta y acompaña a mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, quienes han sido agredidas por o en su labor, y así lograron identificar mil 145 agresiones en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador donde hubo distintos tipos de violencia contra ellas, entre los que están:
170 bloqueos informativos, 144 amenazas, 142 intimidaciones, 142 desacreditaciones laborales o estigmatización, 110 agresiones físicas, 42 casos de hostigamiento, 29 casos de uso desproporcionado de la fuerza pública, 26 casos de acoso judicial, 25 detenciones arbitrarias, 20 vigilancias, 18 despidos injustificados, 17 despojos de material, 16 censuras, 14 hackeas, 13 allanamientos, 12 doxeos, 8 atentados, 8 alteraciones o remociones de contenido, 7 espionajes, 7 barreras de acceso a protección y justicia, 6 feminicidios, 6 denegaciones de servicios, 6 agresión verbal, 5 suspensiones de cuentas, 5 privación ilegal de la libertad, 5 intentos de homicidio, 5 suspensiones o robos de identidad, 4 suplantaciones o robos de identidad, 4 plagios, 4 desplazamientos, 3 torturas o actos crueles, 3 ataques a instalaciones, 3 agresiones sexuales, 3 agresiones al entorno familiar, 1 intento de coacción, 1 ataque digital, y 1 acceso a la verdad y la memoria.
Tan solo en 2023, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México registró mil 788 agresiones en contra de mujeres defensoras y 184 casos de violencia en contra de mujeres periodistas.
De 2020 a 2023, 33 mujeres fueron asesinadas por su activismo y 23 son sobrevivientes de tentativa de homicidio, según expusieron en el Quinto Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.
Desde Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) se contabilizó que el 38% de los agentes que cometen estas violencias contra mujeres son funcionarios públicos. Es decir, que además de su activismo se ven atravesadas por la opresión sistemática y pacto patriarcal que nace desde la esfera política y/o militar.
En América Latina, las principales causas de feminicidio por activismo es la lucha por defender la verdad o buscar la justicia y es la causa que más desempeñan las mujeres, por lo que son amenazadas, agredidas, desaparecidas e incluso asesinadas. Este último representa el 23% de las violencias con un total de 6 mil 629 agresiones.
¿Quiénes son los principales agresores de mujeres periodistas?
“Palabras impunes” reveló que las principales personas agresoras de mujeres periodistas son:
| Persona agresora | Casos | Porcentaje |
| Funcionario estatal | 171 | 22.29% |
| Particular o civil | 134 | 17.47% |
| Funcionario municipal | 93 | 12.12% |
| Usuarios redes sociales | 88 | 11.47% |
| Sin identificar | 83 | 10.82% |
| Funcionario federal | 56 | 7.30% |
| Equipo de partido político | 31 | 4.04% |
| Estructura criminal | 22 | 2.86% |
| Cuenta falsa/trol/bot | 19 | 2.47% |
| Medio nacional | 14 | 1.82% |
| Organización gremial | 10 | 1.30% |
| Movimiento social | 9 | 1.17% |
| Seguridad privada | 8 | 1.04% |
| Empresario | 6 | 0.78% |
| Organización comunitaria | 5 | 0.65% |
| Grupo armado | 4 | 0.52% |
| Juez/magistrado | 2 | 0.26% |
| Defensora Derechos Humanos | 1 | 0.13% |
| Movimiento político | 1 | 0.13% |
Las organizaciones que integran el Espacio OSC:
ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentarios y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.c. (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.
Recortes de Sheinbaum
Las organizaciones han documentado que en los primeros años de gobierno de Claudia Sheinbaum se asesinó al activista y sacerdote Marcelo Pérez en Chiapas; el periodista Mauricio Cruz Solís en Michoacán; desapareció Sandra Domínguez en Oaxaca quien acaba de cumplir 100 días sin conocer su paradero; se cometieron ataques al periódico El Debate y la desaparición de su colaborador Sergio Cárdenas Hernández en Sinaloa; y se ejercieron amenazas al Semanario Zeta en Baja California.
También expresaron que han aumentado los riesgos que han sufrido las personas defensoras que brindan atención a migrantes y solicitantes de protección internacional, refugio y víctimas de desplazamiento forzado interno. A este panorama se suma que México es uno de los tres países con más agresiones a personas defensoras y periodistas en el mundo.
Adicionalmente, se observaron recortes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 respecto a la protección de los derechos humanos de personas defensoras y periodistas. El Mecanismo de Protección Federal sufrió una disminución del 4.27% pasando de los 624.9 millones de pesos en 2024 a 598.4 millones de pesos en 2025.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), también presentó un recorte del 3.6% que afecta de forma directa la atención a víctimas de violencia. Por ejemplo, hay una disminución del presupuesto para el otorgamiento de recursos de ayuda, asistencia y reparación integral que se ajusta a 658 millones de pesos cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que el mínimo debe ser 909 millones de pesos.
Las organizaciones también expresaron su preocupación por la continuidad de la militarización de la seguridad pública, la eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y los institutos estatales de transparencia, y el desconocimiento sobre cómo se va a garantizar el derecho de acceso a la información a la ciudadanía.
Plan de protección a defensoras y periodistas
Por estos motivos, hicieron un llamado al Gobierno Federal particularmente a la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad pública y Ciudadana, y a la Fiscalía General de la República, quienes integran las Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para que establezcan acciones en conjunto con personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
De esta manera, se trabajará para crear un plan de trabajo especializado en eliminar las causas de la violencia y fortalecer las políticas públicas de protección. Además, solicitaron definir acciones específicas y medibles para revertir el contexto de violaciones a los derechos humanos en el país y fortalecer instancias fundamentales como lo son el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Poder Judicial y las Fiscalías encargadas de investigar delitos.
En adherencia expresaron que la creación de una ruta de protección integral, interseccional y preventiva debe fortalecer la comunicación entre la sociedad civil y el cuidado del espacio cívico. Asimismo, reiteraron su disposición para el diálogo y la construcción de políticas públicas de protección que garanticen el derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión.
