16 diciembre 2018.- El integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (PES), impulsa iniciativa que reforma el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que el Comisionado General de la Policía Federal, pueda acceder a información necesaria en la investigación de delitos.
La propuesta, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, busca establecer en la ley que el Comisionado General de la Policía Federal esté facultado para solicitar a las instituciones de crédito, información que lleve a la integración de una investigación para la prevención de los delitos, realizar análisis técnico-táctico o estratégico de datos obtenidos sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito para, en su caso, remitirla al Ministerio Público.
El legislador Manzanilla Prieto consideró primordial otorgar mayor eficacia y coordinación entre instancias de seguridad pública, procuración de justicia, así como autoridades reguladoras y supervisoras del sistema financiero.
Actualmente, detalló, la información y documentación relativas a operaciones y servicios son de carácter confidencial, por lo que las instituciones crediticias en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios; sin embargo, estas reglas son exceptuadas cuando las siguientes autoridades la solicitan: los procuradores generales de la República y de justicia de las entidades federativas o subprocuradores.
Asimismo, el procurador general de Justicia Militar, las autoridades hacendarias, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el tesorero de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, el titular y los subsecretarios de la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.
Es necesario que el ya citado cuente con la misma facultad que los anteriores funcionarios públicos por el importante papel que desempeña en el combate a la comisión de hechos ilícitos, porque la incidencia delictiva ha aumentado gravemente. De acuerdo con el Inegi, en el 2012 por cada cien mil habitantes en el país, fueron 35 mil 139 delitos y para 2017, aumentó a 39 mil 369.
El nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa llegó al 93.6 por ciento a nivel nacional durante 2016, mientras que en 2015 fue de 93.7 por ciento.
Los delitos económicos avanzaron hacia esquemas más sofisticados, de mayor alcance e impacto, debido a diversos factores como mayor conectividad y un continuo avance de la tecnología lo que ha sido aprovechado por la delincuencia.
Destacó que la corrupción, el soborno y el lavado de dinero, lideran la lista de grandes problemas para México. “Desde luego, se han logrado grandes avances, como es el Sistema Nacional Anticorrupción; no obstante, se enfrentan grandes desafíos a mediano y largo plazos”.
En la encuesta de 2018, el soborno y la corrupción alcanzaron una tasa de incidencias de 30 por ciento, colocándose en el segundo lugar de los delitos económicos, sólo por debajo de la malversación de activos (47 por ciento) y por arriba del fraude cometido por el consumidor (23 por ciento) y los delitos cibernéticos (22 por ciento).
Finalmente, el diputado Manzanilla Prieto enfatizó que esta iniciativa atiende a lo que, en el informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2016 de la Auditoría Superior de la Federación, dentro del apartado de Propuestas de modificaciones legislativas, solicitaba al Congreso reformar la Ley de Instituciones de Crédito.
