*DE FRENTE Y DE PERFIL ,
/ RAMÓN ZURITA SAHAGÚN /
El mensaje de Donald Trump fue directo. Actuar en contra de los cárteles mexicanos, considerándolos como “terroristas”.
La ratificación de ello puso en alerta al gobierno mexicano, el que deberá enmendar la estrategia en contra de la delincuencia organizada, misma que marcha de alguna forma mejor que en la administración sexenal pasada.
El escenario nacional se amplió y ahora hay otras entidades sumidas en la ola de violencia que azota al país, desde décadas recientes.
Tabasco se sumó a la lista de entidades con mayor violencia e inseguridad, mostrando la ampliación del territorio de estos grupos armados.
Siendo un estado que hasta hace poco vivía al margen de la violencia e inseguridad, desde el sexenio pasado se dieron visos de lo que ya se olía en el ambiente, el crecimiento de la violencia y la invasión de los llamados cárteles de la droga.
El fin de año y el inicio del nuevo dejaron muestras de lo que padece Tabasco, con un nuevo cártel delincuencial “La Barredora” surgido de las filas de los grupos que apenas permeaban en el estado.
Nadie atendió el hecho y se dejó que la delincuencia operara, primero con discreción y luego a plena luz, al comprobar que las autoridades no actuaron.
Ahora Tabasco se encuentra sumido en la misma dinámica que Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Sonora, Morelos y otras entidades del país que coexisten bajo la presión del crimen organizado.
El anuncio hecho por el Presidente Trump alertó a todos, especialmente a las autoridades y a los propios cárteles y grupos delincuenciales, pero también a quienes gobiernan esas entidades.
Los gobernadores que han solapado a los grupos delincuenciales se encuentran bajo observancia de las autoridades que plantean pedir cuentas sobre el porqué del crecimiento de la violencia.
Hay quienes señalan la tolerancia de los gobernadores de esos estados para coexistir con los grupos delincuenciales, los que pasean libremente por esas regiones, sin que se vean afectados en su participación de ilícitos.
Rubén Rocha, Sinaloa; Evelyn Salgado, Guerrero; Alfredo Ramírez Bedolla, Michoacán y los ex gobernadores de Chiapas, Rutilio Cruz Escandón; Tabasco Carlos Manuel Merino y Morelos, Cuauhtémoc Blanco, Morelos, son algunos de los que se encuentran bajo la lupa de las autoridades que analizan el cómo y el porqué se dio ese crecimiento acelerado de la violencia.
El anuncio de Trump de considerar a los grupos delincuenciales mexicanos como “terroristas” alertó a las autoridades sobre el papel de esos gobernantes.
Y es que durante la pasada administración federal se mantuvo vigente el lema “abrazos, no balazos”, lo que los gobernantes lo adoptaron como una especie de inacción en contra de los delincuentes.
Sin embargo, el incremento de los ilícitos, especialmente los asesinatos, provocó el cambio de estrategia que, de manera lenta, arroja resultados en algunas entidades en las que ya arraigada la delincuencia ha sido difícil desterrarla.
La captura de algunos elementos que son cabeza de pequeños grupos es uno de los avances en esta difícil lucha contra los grupos que se encuentran mejor pertrechados y con mayor conocimiento de las zonas en que operan.
Veremos si la calificación de grupos “terroristas” como quieren ser identificados estos grupos delincuenciales significa un acicate para las autoridades que diseñan una mejor estrategia para combatirlos y evitar que Estados Unidos aplique ese término que les permite extralimitarse.
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