*Escrito por Wendy Rayón Garay.
28.01.2025/Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- Pese a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2020 que dictamina no acoger a la población migrante sin establecer lineamientos de atención que protejan sus derechos humanos y que sean publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF); el gobierno mexicano ya comenzó a recibir a las primeras personas deportadas como parte del protocolo ‘Quédate en casa’ que fue reactivado con el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos.
Ante esta decisión, el pasado 21 de enero del 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió en su mañanera que, legalmente Mexico no forma parte de la política Migration Protection Protocols (MPP) o coloquialmente conocida como “Quédate en México”, la cual busca controlar el flujo migratorio de Estados Unidos, ya que el país cuenta con su propia política respecto al tema. No obstante, apuntó que el gobierno mexicano se caracteriza por ser humanitario, por lo que albergarán a personas migrantes y de ser extranjeros, serán repatriados a sus países de origen.
De acuerdo con el Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI), las acciones del gobierno mexicano están lejos de lo humanitario, pues 62 mil 144 personas migrantes fueron expulsadas a México durante 2019, a la espera de la resolución de sus casos, cuando se implementó por primera vez la política migratoria, siendo que el 42% fueron mujeres, es decir 26 mil 293 personas, según datos de la Secretaría de Gobernación e IMUMI.
Desde la implementación del programa, organizaciones internacionales y de la sociedad civil advirtieron las consecuencias para las personas migrantes. El principal señalamiento fue la exposición a la violencia del crimen organizado y la militarización, empleada para la el uso de militares en tareas de seguridad pública, existente a lo largo del territorio mexicano convirtiéndose en víctimas de secuestros, trata de personas, desapariciones forzadas, o en el caso particular de las mujeres de abuso sexual.
Cecilia, una historia de cientos
Prueba de ello es el caso de Cecilia P., quien llegó al pueblo mexicano de Nogales en 2019 junto a su hija de 14 años y su hijo de 3 años. Después se dirigió al cruce fronterizo con Estados Unidos para solicitar asilo como parte del programa MPP y ahí le notificaron que tendría que anotarse en una lista de espera para que le permitieran transitar al país vecino, momento que se cumplió en diciembre. Posteriormente, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza le dijeron que sería retornada a México hasta que un juez de migración decidiera sobre su caso
Además, le explicaron que no sería regresada a Nogales, sino a Ciudad Juárez, que se encuentra a 550 kilómetros de distancia y es una de las ciudades más peligrosas del país para las mujeres. Cecilia trató de explicar que no tenía ningún amigo en México y que temía por su seguridad en la nueva locación, en consecuencia, recibió una hoja con la autorización de ser trasladada a El Paso, Texas.
Una vez que llego a el Paso del Norte, que conecta El Paso Texas con Ciudad Juárez, fue atacada por cuatro hombres. Cuando finalmente logró perderlos de vista, compró boletos de autobús para regresar a Nogales, pero dos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) la detuvieron acusándola de regresar para entrar a Estados Unidos de forma ilegal, por lo que le cobraron trescientos dólares por para devolverle sus papeles y dejarla ir.
Historias como las de Cecilia son alarmantes, pero también comunes entre los solicitantes de asilo con la política “Quédate en México”, el cual demora en proporcionar una respuesta en un promedio de 180 días o más a las personas migrantes debido a la falta de personal. Esto provoca que tengan que permanecer en México a expensas de que corrieran riesgo de violaciones a sus derechos humanos.
Los otros problemas de la política migratoria
Siguiendo el informe Como si me estuviera ahogando. El programa estadounidense «Quédate en México” de Humans Rights Watch, la política migratoria presenta cinco principales problemáticas. La primera se trata de su implementación como:
- Niñas y niños no acompañados fueron puestos en el MPP aun cuando la guía de políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DSH) establecía que estaba prohibido.
- La separación de las infancias de familiares incluso cuando son directamente madre o padre que viajan en conjunto.
- Transferencias arbitrarias a puntos lejanos de la frontera que exponen a las personas migrantes a peligros en lugares desconocidos.
- Largos calvarios para acudir a la corte, desde los traslados, la espera y posteriormente su detención en una celda migratoria.
- Incumplimientos al debido proceso como falta de acceso a asesoría jurídica; obstáculos en audiencias que son por videoconferencia; errores en los avisos para la notificación de sus casos, sabotaje en los avisos de comparecencia; fechas de audiencia ficticias; detención en celdas frías y hacinadas; abuso por parte de los agentes de inmigración; y la inacción en la pandemia.
En segunda instancia, el informe señala que los pueblos mexicanos pueden ser peligrosos para las personas migrantes. En teoría, el MPP no debe colocar en el programa a personas que podrían correr peligro durante su estancia en México y debe evaluar excepciones humanitarias caso por caso. No obstante, en la práctica esto no sucede.
- Es casi imposible que una entrevista de no devolución sea exitosa para una persona migrante, puesto que muchas veces las solicitudes de entrevista son ignoradas, hay fallas en el debido proceso y los resultados pueden ser absurdos incluso cuando se presentan pruebas.
- Rara vez se conceden exenciones humanitarias (libertad condicional en Estados Unidos).
- Dificultad de abrir una orden de deportación en ausencia (cuando la persona migrante no se presentó) por motivo de secuestro.
- Suspensión a las entrevistas de no devolución y a las exenciones humanitarias en 2020 durante la pandemia.
Además de afrontar la violencias de las calles, cuando no están fuera de peligro las personas migrantes quedan a su suerte en la búsqueda de recurso necesarios para alquilar un lugar para vivir. Tampoco los servicios de educación, salud quedan cubiertos, por lo que sus vidas quedan “suspendidas en un limbo”:
- Refugios y campamentos informales operan más allá del límite de su capacidad.
- Los servicios de atención médica quedan sobrecargados.
- Las infancias pasan un año o más sin asistir a las escuelas.
- Existen dificultades para encontrar trabajo y si lo encuentran, deben dejar solos a sus hijos e hijas.
- El sistema de protección de refugiados de México carece de financiamiento suficiente.
Derivado de los ataques del crimen organizado, las detenciones migratorias y abusos de autoridades mexicanas, el informe también reveló afectaciones a la salud mental de las personas migrantes. Una mujer cubana reveló a Humans Rights Watch su experiencia cuando fue secuestrada en Puebla.
“Después de nuestra llegada a Puebla [México], fuimos secuestrados por miembros de un grupo armado y retenidos junto con otras 80 personas en un edificio parecido a un almacén. Estuvimos cautivos durante cinco días en el almacén y nos extorsionaron para pedir un rescate. . . Nos sometieron a muchos abusos mientras estábamos allí. Es realmente difícil hablar de lo que enfrentamos allí. Incluso pensar en ello ahora me afecta mucho, y creo que pasará mucho tiempo antes de que pueda hablar de ello sin sentir una gran angustia”. -Mujer cubana migrante
Finalmente, el MPP es parte de un ataque del primer gobierno de Donald Trump, entre el 20 de enero del 2017 al 20 de enero del 2021, contra el asilo y otras protecciones. Al introducir cambios técnicos en las reglas para restringir los estándares del asilo, abandonó un compromiso de décadas con el reasentamiento de refugiados, declaró la organización en su investigación. De igual forma, resaltó que el gobierno estadounidense estaba conscientes de que las personas migrantes dependerían de los recursos humanitarios del gobierno mexicano, los cuales son limitados.
Esto reveló que un problema de fondo que conlleva el uso de la política estadounidense “Quédate en México”: la falta de lineamientos, protocolos o medidas de atención para la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en México, así como necesidades especiales como acceso a la educación, empleos, o salud; colocándolos en situación de vulnerabilidad.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el MPP
Tras la implementación de la política “Quedate en México” en 2019, el Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI) junto a la Clínica Jurídica del programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM, promovieron un amparo indirecto por inconstitucionalidad.
No fue hasta el 26 de febrero de 2020 que la SCJN reconoció las omisión de la Secretaría de Gobernación; la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación; el Instituto Nacional de Migración; así como el Instituto Nacional de las Mujeres ante la falta de publicación de dicha política en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Asimismo, señaló que al no haber cumplido con la obligación de publicar la política, se trastocaron los derechos de la población migrante, puesto que no se llevaron a cabo protocolos o lineamientos para la recepción de este grupo bajo una política que no consideró perspectiva de género, infancia y de personas con discapacidad. En consecuencia, se ordenó a las autoridades responsables a no recibir migrantes hasta que se garanticen medidas de protección y acceso a derechos.
También se solicitó que las reglas contengan mecanismos que expliquen:
- El el tipo de estatus migratorio regular que recibirán las personas devueltas en México mientras se resuelven sus casos en Estados Unidos.
- Articulación clara y precisa de los procedimientos disponibles para que los migrantes soliciten la protección de sus derechos humanos, tomando en cuenta su situación particular de vulnerabilidad, con un enfoque diferencial en el caso de niñas, niños y adolescentes, mujeres o personas con discapacidad.
- Garantía de canales institucionales disponibles para los migrantes que requieran acompañamiento en su caso de asilo en Estados Unidos, considerando que no se encuentran físicamente en el lugar donde se tramita la solicitud.
Esta decisión marcó un precedente fundamental donde se reconoce la responsabilidad del Estado Mexicano en relación con la implementación de políticas migratorias acorde con derechos humanos y perspectiva de género. Sin embargo, a casi cinco años, las autoridades no han publicado los lineamientos, por lo que técnicamente no pueden recibir personas extranjeras expulsadas de Estados Unidos como parte del Programa “Quédate en México”. De lo contrario, implicaría una violación directa a una sentencia definitiva de la SCJN.
¿De qué se trata la política “Quédate en México”?
Migration Protection Protocols (MPP) o “Quédate en México” es una política migratoria que el gobierno de Estados Unidos creó e implementó en 2019. Se trata de una medida en la cual, las personas que solicitan asilo en su frontera sur y manifiestan su interés de pedir protección al país, se les inscribe al programa otorgándoles una fecha para que se presenten ante la Corte de Inmigración Estadounidense. Posteriormente, deben aguardar la resolución de sus casos en México, un paso en el que en promedio tiene una duración de 180 días.
Las personas que no pueden entrar en el programa, siguiendo lo establecido por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB, por sus siglas en inglés) son las niñas y niños migrantes no acompañados, personas mexicanas, migrantes en circunstancias especiales, aquello que enfrentan persecución en México, y migrantes del programa ‘deportación expedita’.
IMUMI ya ha acusado que la política MPP viola el marco legal de los Estados Unidos y la obligación de no devolver a una persona a un territorio donde su vida o integridad están en riesgo.
“Ante este panorama, los dichos del gobierno mexicano de contar con “una política migratoria de derechos humanos” o de “aceptar ‘Quédate en México’ por humanidad” son mera retórica. Desde el IMUMI, en coordinación organización de la sociedad civil de México y Estados Unidos, hemos llamado al gobierno mexicano a dar marcha atrás a este Protocolo; a garantizar la integridad y la vida de solicitantes de asilo; y a asegurar que por ningún motivo serán detenidos ni deportados” -IMUMI
