*Escrito por Wendy Rayón Garay .
28.01.2025 Lima, Perú.- Ciudad de México.- Mientras que el Congreso de Perú tiene señalamientos por una red sexual y casos de violaciones a mujeres; a través de un comunicado interno, se le solicitó al personal del Congreso de Perú no usar “vestimenta inadecuada” durante la temporada de verano.
Este aviso hizo énfasis hacia las prendas de las trabajadoras, a las cuales el Congreso peruano responsabiliza por la violencia contra las mujeres, situación que contraviene la perspectiva de los derechos humanos.
En el comunicado se especifica que los hombres pueden prescindir de los sacos y corbatas durante el verano, solo si no se encuentran en sesiones del Pleno, Comisión Permanente y Comisiones. En el caso de las mujeres, en todo momento deben abstenerse de usar pantalones, jeans, zapatillas, shorts, minifaldas y prendas similares, según el nuevo Reglamento Interno de Trabajo del Congreso de Perú.
Angela Hernández, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, expresó su preocupación, ya que el mensaje reproduce el discurso sobre la culpabilización de las mujeres por la “provocación” hacia los hombres a través de prendas cortas, lo cual perpetúa estereotipos de género que se han arraigado en estructuras patriarcales.
En consecuencia, hay una tendencia a responsabilizar a las mujeres, especialmente si su vestimenta no se ajusta a los estándares patriarcales. Este fenómeno minimiza la gravedad de la violencia y dificulta el acceso a la justicia.
Estudios como ‘Efectos del sexismo y la vestimenta sobre la culpabilización de la víctima de agresión sexual’ han demostrado que a través de la mirada patriarcal, las prendas son percibidas como signo de disponibilidad sexual, lo que lleva a justificar el comportamiento del agresor y a reforzar los estereotipos de género que limitan la libertad de expresión y antonimia de las mujeres.
Siguiendo el estudio, el sexismo ambivalente, aquel que no se manifiesta de forma directa y que incluso se puede percibir “a favor de las mujeres”, juega un papel central en este contexto, pues protege únicamente a aquellas que cumplen con estándares tradicionales de feminidad. Al final, hablar de vestimenta inadecuada en ellas, se traduce en “provocativa” y atribuye la responsabilidad a la víctima en casos de violencia sexual.
La relación entre vestimenta y culpabilización no solo afecta la percepción social, sino también los procesos legales. Las autoridades pueden ser influenciadas por estos prejuicios lo que complica el acceso a la justicia para las víctimas.
El articulo ‘Faldas cortas, lenguas largas: Disciplinamiento y estereotipos sobre la vestimenta femenina’ establece que los códigos de vestimenta femenina reflejan y perpetúan dinámicas de control social basadas en el patriarcado que han afectado la construcción de la identidad femenina. Dichas normas no son neutrales, sino herramientas para la disciplina de las mujeres que limitan sus libertades al imponer un estándar estético y comportamental.
El texto apunta a que las mujeres están en una constante evaluación social donde las decisiones sobre su vestimenta se toman para satisfacer a un público. “La mirada masculina” que expone Laura Mulvey, refuerza la cosificación de sus cuerpos, por lo que ajustan su apariencia para satisfacer los ideales, deseos y placer visual.
Cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, uno de los lugares comunes para violentar las es a través de discursos en donde culpabilizan por la vestimenta que usan. Esta es una forma de desviar la atención hacia las verdaderas cuestiones sociales y culturales como el machismo y sexismo de una estructura patriarcal.
El verdadero problema: la red sexual dentro del Congreso de Perú
La decisión del parlamento se ha ligado al reciente descubrimiento sobre una red sexual y casos de violación entre el personal masculino, tras el fallecimiento de Andrea Vidal, ex asesora de la Oficina Legal y Constitucional, asesinada con 27 impactos de bala mientras se encontraba en un taxi en dirección a su domicilio.
Aunque al principio las investigaciones apuntaban a que el asesinato fue coordinado en contra del conductor, se reveló que en realidad Andrea fue el principal objetivo gracias a que en la escena del crimen se encontraron dos teléfonos que le pertenecían y uno pudo ser desbloqueado.
De esta manera, se determinó que la presunta labor de Andrea Vidal era captar a mujeres trabajadoras sexuales para crear encuentros con altos funcionarios a cambio de votos en el parlamento. Entre las pruebas publicadas se encuentran mensajes de texto, correos electrónicos, registros de asistencia y videos de las cámaras de seguridad del Congreso.
El documental ‘Peruanas del Bicentenario‘ del 2021 ya había expuesto cómo la oficina para el cargo de presidente del parlamento, contaba con una puerta secreta que conducía a un espacio adaptado como un departamento, construido en la época del presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ernesto Fernando Ferrero Costa.
La existencia del búnker fue negado por Eduardo Sahala, actual presidente del Congreso, cuando anunció la reorganización de la dirección legal y constitucional de los trabajadores del Parlamento de Perú en consecuencia de las acusaciones.
No obstante, el semanario Hildebrandt señaló que la red sexual también operó fuera del Congreso en departamentos de zonas exclusivas como Barranco y San Isidro en donde se realizaban fiestas. Siguiendo la información revelada, en una de las reuniones Jorge Luis Torres Saravia conoció a Isabel Cajo, quien contaba con una cuenta de una plataforma de paga popular por su contenido pornográfico y más tarde fue contratada en el departamento de Administración y Bienes, a cargo de Alberto Vásquez Romero, sin contar con una carrera universitaria.
Actualmente el Congreso y la Fiscalía continúan indagando para esclarecer las acusaciones y determinar las responsabilidades correspondientes. No obstante, la reciente publicación sobre la prohibición de prendas cortas para las trabajadoras del parlamento, ha desatado mayor indignación en la sociedad peruana.
