*Escrito por Lizbeth Ortiz Acevedo
30.01.2025 /CimacNoticias.com/Ciudad de México.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia pública contra México por el caso de Ernestina Ascencio Rosario este jueves, una mujer nahua de la Sierra de Zongolica, Veracruz, quien falleció el 26 de febrero del 2007, cuando tenía 73 años, tras ser atacada por miembros del Ejército Mexicano y ser víctima de graves violaciones a sus derechos humanos, incluyendo tortura sexual, este es un emblemático en el país que aspira a justicia.
Los hechos ocurrieron luego que soldados del 63 Batallón de Infantería del Ejército instalaron un campamento cerca del hogar de Ernestina en Tetlatzinga, un pueblo veracruzano ubicado cerca de los límites con el estado de Puebla.
A la noche siguiente, el 25 de febrero, los familiares de Ascencio Rosario la encontraron herida de gravedad muy cerca del campamento militar; antes de intentar trasladarla al hospital, ella alcanzó a señalar a los soldados como los presuntos culpables de haberla agredido.
La hija de Ernestina Ascencio encontró a su madre tirada en el monte. La indígena, quien era una adulta mayor, llevó a pastar a sus ovejas cerca de un campamento del Ejército mexicano. Al preguntarle lo que le había sucedido, Ernestina respondió a su hija en su lengua náhuatl:
“Los verdes se me echaron encima, mi hija. Me duele la cadera”.
Ernestina no recibió atención médica oportuna. Falleció en la madrugada del día siguiente. Los primeros hallazgos médicos evidenciaron la existencia de violencia sexual, lo que motivó el inicio de una investigación en la Agencia del Ministerio Público Especializada en delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la familia en la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz (PGJ).
Antes de que concluyeran las investigaciones, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, adelantó la conclusión del caso y aseguró que Ernestina murió de “gastritis crónica”. Esta versión fue secundada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la PGJ de Veracruz, quienes en lugar de continuar la investigación decidieron archivarla.
A esta violencia le siguieron otras más que no son sino pruebas de la vulneración constante de las comunidades indígenas por parte de las instituciones públicas. Y es que tuvieron que pasar cerca de 10 horas para que la familia de Ernestina Ascencio finalmente pudiera recibir atención médica en el hospital regional de Río Blanco (donde, por otro lado, no había intérpretes de lengua náhuatl que facilitaran la comunicación entre el personal médico y la paciente).
De acuerdo con la necropsia realizada en el hospital -en la que también participó una ginecóloga de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV)-, la mujer indígena presentaba desgarres. Pero ya desde un día antes, el personal del hospital y la familia de Ascencio habían levantado una denuncia por violación frente a la PGJV. Por su parte, la Sedena inició una investigación con la Procuraduría de Justicia Penal Militar.
A pesar de todo esto (las pruebas, las denuncias y las supuestas investigaciones), en abril, las autoridades veracruzanas cerraron el caso. ¿La conclusión? Ernestina Ascencio Rosario murió de una gastritis crónica, una resolución avalada por la CNDH y reiterada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa en marzo, un mes antes de que se diera el carpetazo a la investigación.
Con esto, la muerte de Ernestina pasó a formar parte de una larga lista de casos de violencia sexual contra mujeres perpetrada por parte del Ejército Mexicano. También se unió al catálogo de los miles de casos hundidos en la impunidad del sistema de justicia de nuestro país.
En 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación para reabrir el caso, y en 2022 diversas organizaciones pidieron que se realizara una investigación independiente para, por fin, alcanzar la justicia
El caso de Ernestina Ascencio no es un caso aislado
De acuerdo con un informe de 2019 elaborado por la organización Human Rights Watch, entre diciembre de 2012 y julio de 2019, la CNDH recibió más de 4 mil 841 quejas por abusos de todo tipo perpetrados por las fuerzas armadas.
Por su parte, en 2020, la CDNH registró al menos 219 denuncias contra la Guardia Nacional desde su creación en mayo de 2019 hasta agosto de 2020. Entre las agresiones registradas hay desde intimidaciones y detenciones injustificadas hasta desaparición forzada, asesinatos y tortura sexual.
De hecho, desde años antes de la creación de la Guardia Nacional por órdenes del actual presidente Andrés Manuel López Obrador se conoció el caso de tortura ejercida contra Magdalena Saavedra en San Luis Potosí. Esta mujer fue violada y torturada por miembros de la Marina por cerca de 11 horas para, después, llevarla a una casa de seguridad clandestina y obligarla a firmar una declaración que la ligaba con los Zetas y el cartel del Pacífico.
Esto sucedió en 2013; cinco años después, en 2018, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presentó un informe que comprobaba que esto no era un caso aislado. Prodh documentó los casos de otras 29 mujeres que, entre 2006 y 2015, enfrentaron la misma situación de Magdalena, donde la corrupción permitió a las fuerzas armadas usar la tortura sexual como método para inculpar a mujeres inocentes.
Pese a estos datos, en 2018, se cristalizó la orden de López Obrador de conformar una Guardia Nacional. Y ahora, pese a que las quejas y denuncias contra el Ejército y dicha institución no cesan, el gobierno vuelve a ignorar las voces de organizaciones civiles, expertas y expertos para unir la Guardia Nacional a la Sedena.
La audiencia
En la audiencia, la Corte Interamericana juzgará la violencia sexual y tortura que miembros del Ejército mexicano perpetraron contra doña Ernestina Ascencio, dando como resultado su muerte por la omisión estatal de garantizarle la atención médica adecuada y oportuna que pudo salvar su vida.
La Corte también juzgará al Estado por la discriminación racial feminicida ejercida contra ella por el hecho de ser mujer, indígena nahua empobrecida, monolingüe y adulta mayor.
Las autoridades estatales no sólo ignoraron su testimonio sobre la tortura sexual por pronunciarlo en su lengua, lo que llevó a desestimar evidencias clave para esclarecer los hechos, desviar y archivar indebidamente su investigación; sino que también intentaron frustrar la búsqueda de justicia de su familia, recurriendo a su secuestro para impedirles impugnar la decisión.
Asimismo, se juzgará el ocultamiento de información pública para asegurar la impunidad de los perpetradores. Todo ello en un contexto general de racismo patriarcal, de falta de efectiva garantía de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas, y de un sistema de justicia y de acceso a información pública sujeto a aplicación discrecional y gravemente debilitado.
Esta audiencia histórica busca justicia y reparación para ella y su familia, y pone en el centro la lucha de las mujeres indígenas contra la violencia y la discriminación racial, así como la ausencia de garantías plenas para el ejercicio del derecho a la verdad y a la justicia en el país.
