Culiacán, estado de ¿excepción?

31.01.2025.- En la jerga legal se denomina estado de sitio o estado de excepción a la suspensión temporal y transitoria del goce de ciertos derechos emitida por el Poder Ejecutivo, que debe ser formalizada mediante decreto (nuestra Constitución lo contempla en el artículo 29). Dicha medida está motivada por situaciones extremas como guerra, invasión extranjera y desastres naturales, entre otros [1]. Sin embargo, la suspensión de derechos no es ilimitada: hay derechos que no pueden nunca ser parte de la misma, como el derecho a la vida, a la integridad personal, los derechos de la niñez y el principio de legalidad [2].

La excepcionalidad es un rasgo definitorio de esta medida. Eso implica que su duración ha de ser finita, y no puede prolongarse como una condición que dure mucho tiempo o que se establezca como permanente en cualquier ordenamiento legal. En Culiacán, hace más de cinco meses que la población vive en un estado de excepción de facto, debido a la pugna por el liderazgo de la agrupación predominante en la entidad. La expresión “de facto” no hace referencia a que es una medida gubernamental desarrollada para eficientar el cumplimiento de sus funciones, sino justamente lo contrario: es el síntoma de la incapacidad manifiesta que han demostrado los diversos órdenes de gobierno. ¿Qué tan excepcional es la situación que permanece en la entidad?

El diccionario de la academia española define el término excepción como “cosa que se aparta de la regla o condición general de las demás de su especie” [3]. Pero no parece ser un pico temporal que sale de la regularidad, sino el asentamiento de una “nueva normalidad”, en la que la población está a merced de los poderes salvajes de los que nos hablara Luigi Ferrajoli [4]. No es casual que las y los culichis [5] se refieran coloquialmente a este periodo como “la narcopandemia”, o el “culiacanazo extendido” [6].

De ningún modo estoy insinuando que lo propio sería declarar un estado de sitio formal y legalmente. Más bien, me pregunto por cómo las instituciones estatales (tanto de la entidad y de la federación) estarán planeando, porque quiero pensar que tienen contemplado este como uno de los asuntos importantes en la agenda nacional, el retorno a la regularidad debida. Me pregunto qué significará eso en un estado como Sinaloa, en el que el negocio de las drogas ilegales (al que hoy en día se suman otros rubros como el tráfico de personas y la extorsión), se ha mezclado con la vida y las prácticas de sus habitantes hace ya casi un siglo. Sin duda, me refiero al retorno del goce de derechos básicos como la libertad de tránsito, la educación y el trabajo, por mencionar algunos centrales para reproducción de la vida que han quedado suspendidos en los hechos desde septiembre del año pasado.

Esta afirmación no debe ser trivializada como alarmista ni amarillista. Pude observar y experimentar en piel propia el cambio drástico en el paisaje urbano de la capital del estado y la afectación social en diferentes áreas, que la situación del estado de excepción de facto, ha generado. Los primeros dos o tres meses, los estudiantes de todos los niveles oscilaron entre la suspensión de clases, el retorno físico a las aulas, y las  clases virtuales, que algunas escuelas cumplían, y otras no. Las calles se vacían significativamente al ocultarse la luz del sol, lo cual revela un cambio brusco en los diferentes órdenes de la vida: los horarios en los que se ocupa el espacio público para las compras varias, las diligencias cotidianas, el cumplimiento de la jornada laboral, el ocio. La violencia ha ido transformando las costumbres y la convivencia social: las fiestas pasaron de ser nocturnas a tardeadas o pijamadas. Si, por alguna razón, la noche sorprende en alguna de estas actividades o en “la visita” entre quienes cultivan un noviazgo, se opta por pernoctar donde ha anochecido antes que arriesgarse al traslado. Esto pudo palparse con claridad en las recientes fiestas decembrinas.

Solamente entre septiembre y diciembre del 2024, la cifra conocida de personas desaparecidas superaba las cuatrocientas personas. Aunque la normalización de la situación crítica parecía asentarse, un evento reciente sacudió de forma añadida la escena local: el asesinato a manos de dos civiles armados de dos pequeños, Alexander de 9 años y Gael, de 12, junto con su padre, Antonio de Jesús. La respuesta social al hecho fue una gran marcha que se distinguió porque en ella participaron activamente las infancias con pancartas, en un desesperado llamado desde la sociedad sinaloense para que replantee la estrategia de atención a la crisis de seguridad en la entidad, pero también en el país.

La prolongación de este estado de sitio de facto, debería perturbar la conciencia de cualquier persona, no solo en el estado sino en el país, principalmente la del ejecutivo local y federal, que bien harían en tomar en serio la vida de las personas en Culiacán, y alejarse de declaraciones que no solo muestran insensibilidad, sino que se acercan al negacionismo.

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* Erika Liliana López López es feminista. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en sociología por la UNAM. Es integrante del GIASF e Investigadora de la UACM. Sus temas de interés son la pluralidad legal, los derechos de los pueblos indígenas, los enfoques que vinculan derecho y violencia para la comprensión integral de la desaparición de personas y de la justicia transicional. A veces el sentir le atora la escritura. Le gustan las cactáceas. No pierde la esperanza de aprender actuación.

El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.

Referencias:

[1] El párrafo primero del art. 29 constitucional.

[2] El párrafo segundo del art. 29 constitucional refiere esas situaciones extremas como invasión o perturbación grave de la paz pública.

[3] Diccionario de la Real Academia Española,  https://dle.rae.es/excepci%C3%B3n

[4] En su libro Derechos y Garantías. La ley del más débil (editado por Trotta en 2002).

[5] Regionalismo que es sinónimo de culiacanense, gentilicio de las personas oriundas de la capital del estado.

[6] Un evento ocurrido el 17 de octubre de 2019 en el que un operativo de fuerzas de seguridad militares y federales, detuvieron a Ovidio el hijo del Chapo Guzmán, entonces aún libre y uno de los líderes de la agrupación criminal “Cártel de Sinaloa”. Dicha organización respondió sitiando la ciudad cerrando con barricadas de mehiculos incendiados y de personas armadas el https://www.noroeste.com.mx/colaboraciones/el-culiacanazo-HY2818191

*Imagen de portada: Cortesía de Marcos Vizcarra