*Escrito por Arantza Díaz.
06.02.2025. /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- Han pasado 3 años desde que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenara a la Fiscalía General de la República (FGR), expedir el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (PNT); una herramienta clave para contener y erradicar violaciones de derechos humanos que ha sido omitida e ignorada con el paso de los años por la FGR.
La resolución deriva del juicio de amparo indirecto 568/2022, ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa. Organizaciones del Observatorio contra la Tortura han denunciado, no sólo la constante omisión de la FGR para cumplir con su responsabilidad, sino, además, la violación de la Fiscalía al no acatar el plazo de 180 días establecido por el Juzgado para la emisión del Programa. En cumplimiento de la sentencia del tribunal de alzada, el Juzgado ha ordenado a FGR publicar en 10 días hábiles el PNT.
Desde hace 6 años diversas organizaciones de la sociedad civil, con apoyo de la asesoría técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sostuvieron mesas de trabajo con la FGR y la Secretaría de Gobernación para consolidar un PNT que contemple los más altos estándares de la defensoría de los derechos humanos. También, entregaron diagnósticos que reconocen la tortura como una práctica vigente en nuestro país, definieron objetivos, líneas de acción, indicadores e instrumentos de seguimiento de evaluación, sin embargo, a pesar de que las organizaciones civiles se comprometieron con el programa, la FGR continúa sin expedir ningún documento o pronunciamiento al respecto.
Se debe acotar que dentro de la resolución, el Tribunal exigió a la FGR y a Gobernación que, el diseño y elaboración del Programa Nacional debía contemplar a la sociedad civil, sin embargo, el desacato -a pasar de las investigaciones y participación insistente de las organizaciones civiles- levanta las alertas sobre hasta cuándo y cómo va a accionarse el plan, pues en añadidura, el Tribunal ordenó hace 3 años que expedir esta herramienta era una responsabilidad exclusiva de la Fiscalía General de la República.
Ahora, el Tribunal Colegiado reiteró el compromiso que tiene la FGR para acatar la orden y sostuvo que la omisión para expedir el programa no sólo constituye una vulneración a los derechos de las víctimas de tortura, sino que, además, también vulnera el derecho a la sociedad a contar con políticas públicas efectivas que garanticen la prevención y erradicación de acciones como la tortura, crueldad o actos inhumanos. Asimismo, se reconoció la labor de las organizaciones civiles que durante 3 años han estado desde sus trincheras impulsando la creación de esta herramienta y documentando los casos.
«Las organizaciones promoventes hacemos un llamado a la FGR a que cumpla con su responsabilidad de publicar el Programa Nacional conforme a lo ordenado dentro de los siguientes 10 días hábiles y garantice una adecuada implementación del mismo, en coordinación con todas las instituciones del Estado, en particular de todas las instancias de procuración de justicia a nivel nacional.» -Observatorio contra la Tortura.
La importancia del PNT y tortura en contra de mujeres
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura (PNT) es una de las herramientas previstas en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, que contempla diseñar e implementar políticas públicas específicas para la prevención, investigación, juzgamiento, sanción y erradicación de la tortura, con base en estrategias y objetivos específicos para las diversas autoridades, así como para la protección, asistencia, ayuda, atención y reparación integral de las víctimas.
Asimismo, la organización refiere que el PNT debe emitirse con base en un diagnóstico que reconozca la incidencia, modalidades, causas y consecuencias de la tortura en el país, el cual se debe desarrollar con la participación de los sectores involucrados en la prevención y documentación, incluyendo a los tres poderes y órdenes de gobierno, las diversas Instituciones de Procuración de Justicia en el país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los organismos públicos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas.
De acuerdo con la Presentación de Hallazgos 2023 del Observatorio contra la Tortura, durante ese año se abrieron 4 mil 234 investigaciones por tortura a nivel nacional; en 2022, fueron 6 mil 211.
En 2023, a pesar de que la denuncia es la manera principal de iniciar una investigación penal, sólo el 10.4% de los casos se abrieron por esta vía, lo que refiere que las víctimas de tortura y tratos crueles e inhumanos siguen enfrentando obstáculos para acceder al Sistema de Justicia Penal.
Además, se registraron 865 víctimas mujeres y otras 312 víctimas sin sexo identificado lo que podría inferir a una tasa más alta que lo registrado por el Observatorio de Tortura. La mayoría de los casos se gestaron en Michoacán de Ocampo con 193 y Estado de México con 167. El Observatorio contra la Tortura denuncia que estas cifras devienen a la versión manejada por el Gobierno Federal que reniega de que estas prácticas continúen vigentes en nuestro país.
Por otro lado, se recuerda la necesidad de una segregación por género, recordando casos como el de Keren Ordoñez y Ericka Guadalupe Acosta Corona; víctimas de tortura, fabricación de delito, amenazas y criminalización. Ambas, permanecen privadas de su libertad en Veracruz y Jalisco respectivamente a pesar de que existe documentación que sustenta tratos crueles e inhumanos a manos de las autoridades.
La ausencia de una herramienta como la PNT se encuentra socavando los derechos humanos de las víctimas de tortura, cooptando su acceso a la información y/o justicia y perpetuando dinámicas de poder; dinámicas que tienden a golpear con mayor fuerza a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como la población migrante o indígena quienes enfrentan con mayor recrudecimiento la violencia a manos de los principales responsables: Policías y Fuerzas Armadas, según documenta el Observatorio contra la Tortura.
