*Escrito por Lizbeth Ortiz Acevedo y Arantza Díaz Ramírez ./Foto de Xiaoyi: https://www.pexels.com/es-es/foto/interior-corredor-celula-movil-5377052/

18.02.2025/CimacNoticias.com/ Ciudad de México.-  El Centro Federal de Readaptación Social femenil número 16 en el estado de Morelos, se ha convertido en uno de los capítulos más violentos en la historia de México contra las mujeres y ni los escándalos mediáticos que evidenciaron torturas contras las internas, ni los documentos oficiales que lo avalan, ni testimonios de sobrevivientes, han sido determinantes para su inminente clausura, por lo que hoy se convierte en una cárcel para el ejercicio de violencia feminicida auspiciada por grandes capitales ligados al poder político y la cúpula empresarial mexicana.

Actualmente, este Cefereso es el único centro penitenciario federal para mujeres en el país y considerado uno de los más grandes en América Latina, se ubica en el estado de Morelos, a unas dos horas aproximadamente de la Ciudad de México.

Lo que sucede en el Cefereso 16 tiene dos responsables: Carlos Slim y el Estado mexicano. Con información pública del Gobierno de México del 9 de diciembre del 2024, la empresa asociada al adjudicatario de esta prisión es Capital Inbursa cuyo propietario es este empresario reconocido como un aliado del poder. Nexos que lo ha capitalizado con cada presidente en turno, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Andrés Manuel López Obrador.

Desde el 2022 en México se informó en medios de comunicación de una veintena de suicidios de mujeres internas del Centro Federal de Readaptación Social femenil 16 ubicado en Morelos, no obstante, hoy la situación rebasa cualquier evidencia publicada hasta el momento, porque las muertes violentas siguen ocurriendo con la misma incidencia desde que comenzó sus operaciones en mayo del 2015, a lo que se suma una política de escarmiento de Estado que incluye torturas, castigos, tratos crueles e inhumanos y violaciones a derechos humanos, todo esto, bajo un cobijo sistémico.

Cabe señalar que para Jane Caputi y Diana E.H. Russell, precursoras del término femicide (feminidio) en Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres, que:

«El feminicidio es el extremo de un continuo terror antifemenino que incluye una gran cantidad de formas de abuso verbal y físico: como violación, tortura, esclavitud sexual, incesto y abuso sexual infantil extra familiar, maltrato físico y emocional, hostigamiento sexual, mutilación genital, operaciones ginecológicas innecesarias, heterosexualidiad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada, psico cirugía, negación de alimentos a las mujeres en algunas culturas, cirugía cosmética y otras mutilaciones en nombre de la belleza. Siempre que estás formas de terrorismo resulten en la muerte, son feminicidios».

Un concepto procedente de la academia que permite darle un concepto a lo que sucede en el Cefereso 16.

Además, se debe agregar estos casos de feminicidio tienen una responsabilidad compartida entre el Estado mexicano y Carlos Slim. Según datos del Gobierno de México del 9 de diciembre del 2024, la empresa asociada al adjudicatario del Cefereso 16 es Capital Inbursa cuyo propietario es este empresario. Nunca sobra decir sus nexos con la política que lo han capitalizado con cada presidente en turno, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Andrés Manuel López Obrador.

En este cautiverio de mujeres se han dado a conocer estos presuntos suicidios masivos de, al menos, 20 mujeres quienes habitaron este lúgubre espacio, pero lo cierto es que estas muertes violentas siguen ocurriendo y se desconoce el número preciso. El último registro fue notificado el 7 de febrero del 2025. Fue una mujer de nacionalidad colombiana, con ella se suman tres casos en el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo.

Cabe señalar que desde el término, se están violando derechos porque no se puede afirmar que sí fue un suicidio sin antes realizarse una investigación con perspectiva de género. Este tipo de muertes violentas de mujeres apelan a la sentencia Mariana Lima Buendía emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2015, la cual exige que se presuma un delito aunque parezcan un «accidente» o «suicidio».

Ahora, suponiendo que estos sí fueran hechos generados por las mismas internas, estarían relacionados con una estricta política de control al interior del Cefereso, la cual quiebra el espíritu de las mujeres quienes al ingresar son víctimas de estos castigos, tratos crueles e inhumanos.

Por ejemplo, hemos podido documentar a través de testimonios de las mismas sobrevivientes, que al ingresar son aisladas completamente por varios meses, rompen sus lazos afectivos, restringen su movilidad corporal en espacios estrechos hasta la ansiedad y pánico, las alimentan con comida podrida, las hidratan con agua contaminada, les suministran medicamentos psiquiátricos a destajo provocando una población adicta y les infligen castigos degradantes e infamantes conocidos como “cuatro puntos” o “seis puntos”, en los que permanecen sujetas e inmóviles en una misma posición, hasta por una semana, esto mientras permanecen cercanas a sus deposiciones.

Actualmente, este Cefereso es el único centro penitenciario federal para mujeres en México y considerado de los más grandes en América Latina, se ubica a unas dos horas aproximadamente de la Ciudad de México. Cuenta con una capacidad para albergar a 2 mil 528 mujeres pero tiene una población de mil 201.

Ser mujer y vivir en reclusión exige una revisión distinta. De acuerdo con Documenta, en su informe El 5% importa. Situación de los Derechos de las mujeres privadas de su libertad, informaron que en México, dentro de las mujeres privadas de la libertad coexisten una diversidad de factores sociales:

«Mexicanas y extranjeras, con condiciones de estancia regular e irregular; indígenas y afrodescendientes; jóvenes en edades laborales y mujeres mayores de 65 años, sin instrucción escolar y también con estudios superiores. Las mujeres que han sido sentenciadas en su mayoría es por posesión ilegal de drogas».

Además, la situación de las internas está relacionada con lo informado en el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales (CNSIPEE), cuando documentaron que del 2020 a la fecha ha existido un recrudecimiento de la prisión preventiva sobre las mujeres, quienes tienden a permanecer bajo esta medida con mayor incidencia en comparación de sus congéneres, por ejemplo, en 2023 el 36% de los hombres fue imputado con esta medida cautelar; las mujeres en un 46.9%, esto representa 10 puntos porcentuales más.

El 22% de estas mujeres esperará más dos años para recibir una sentencia y sólo el 19% esperará menos de 3 meses para terminar oficialmente la prisión preventiva -con una sentencia favorable o condenatoria.

En este sitio facultado para la reclusión humana se aprecia una estética incolora e inodora, características propias para la neutralización absoluta. Cuenta con extensas y amplias estancias que recorren custodios fuertemente armados y ocasionalmente algunos visitantes quienes pueden perderse fácilmente por su configuración laberíntica, pero esta amplitud no es compartida con las internas, a ellas se les constriñe en su andar diario.

La vigilancia es abrumadora. Por ejemplo, un equipo legal que ingresa al Cefereso 16 para encontrarse con su defendida debe pasar exhaustivos filtros de revisión y en cada uno de ellos son videograbadas mostrando en alto una identificación y así continuar al siguiente y al siguiente y al siguiente.

Como visitante es intimidante el lugar. En el caso de las mujeres, les exigen no portar sostenes con varilla y en caso de acudir en días menstruales se verifica que el ingreso se haya dado sólo después de un cambio de toalla sanitaria, acto que será corroborado. Las entrañas de los visitantes serán analizadas a través escaneo biométrico y de rayos x.

Si esto sucede solo para ingresar, la situación de las mil 200 internas al interior es degradante.

Esta tortura de Estado contra mujeres también se hace acompañar de opacidad informativa, la cual no es fortuita, con ese ocultamiento se configura la asimetría de poder contra las internas quienes sienten un desamparo total.

Además del horror que se difunde a través de las sobrevivientes resulta un mensaje ejemplificante y atemorizador hacia otras, para quienes se atrevan a atentar contra el orden político.

Por tanto, la labor periodística para documentar lo ocurrido en el Cefereso 16 es titánica, cuando debería ser pública y de fácil acceso porque están a cargo de la vida y seguridad de estas mil 200 mujeres y además reciben recursos públicos de la federación.

Según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2024, el presupuesto ejercido por los centros penitenciarios y centros especializados fue de 39 mil millones 631 millones 595 mil 452 pesos. Del total 41.2% lo concentraron los centros federales y 58.8 %, los centros estatales.

En cuanto al presupuesto ejercido destinado a la adquisición y mantenimiento de la infraestructura tecnológica para la seguridad y vigilancia, los centros penitenciarios y centros especializados ejercieron un total de 379 millones 652 mil 716 pesos.

Viridiana Molina fue una de las primeras mujeres en ser trasladada al Cefereso 16. Ella fue transferida de Tepic en el estado de Nayarit hacia Morelos, para este propósito debió realizar un recorrido de más de 700 kilómetros para llegar al Cefereso 16. Narra en entrevista que ese camino:

“Fue extremadamente violento y negligente”, pues ninguna de las internas contaba con algún tipo de expediente médico».

Viridiana

Luego en 2022 dio inicio la segunda ola de traslados masivos de más mujeres hacia el Cefereso 16, procedentes de distintas partes de México. Se supo que en este segundo capítulo murió Juana Ortiz, asesinada a golpes por los mismos custodios, “cuando intentaron sacarla de su penal” y también Guadalupe Merino, quien fue llevada a Morelos, sin ningún historial clínico, tenía principios de cáncer y aunque al llegar se pudo realizarse estudios médicos, falleció porque tenía metástasis, no recibió atención.

La muerte comenzó a rondar entre las que iban sobreviviendo a los traslados para poblar el Cefereso 16. El ambiente era desolador. Viridiana narra que ella junto con sus compañeras debieron hacerse cargo de las exequias de sus compañeras quienes iban muriendo.

«Los últimos cuerpos que recogimos, tuvimos que ponerlos [en ataúdes] arriba de botes porque el centro no dio los utensilios para poder velar a las compañeras. Están equivocadas cuando dicen que son 19 o 20 muertes, son 29 mujeres que han perdido la vida entre traslados masivos, negligencias médicas, enfermedades crónico degenerativas no atendidas, suicidios y posibles no suicidios.»

Cabe señalar que el número de mujeres en el país que viven en condiciones de reclusión es infinitamente menor al de hombres. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) en 2022 había 233 mil 277 personas en México en alguna cárcel del país, de esos el 94.3% corresponde a hombres y solo 5.7 % a mujeres.

Por tanto, hay un nexo entre mujeres y las determinaciones sociales y culturales del delito que se configura para que actúen como delincuentes y víctimas.

Lagarde especifica que hay dos tipos de mujeres ligadas a las drogas: las que cometen delitos a lado de sus hombres y son detenidas junto con ellos, aquí hay que apuntar que no hay bandas narcotraficantes de mujeres, pero sí en todas hay hombres que las dirigen. Ellas no funcionan solas en esta célula delictiva.

Y el otro tipo de mujeres ligadas con el narcotráfico son las que están conminadas al delito por un hombre preso quien trafica en la misma cárcel. Ellas introducen drogas a la cárcel amparadas en la visita conyugal.

“Varias presas comentaron que antes de llevar drogas a la cárcel, no eran “malas”, pero que se habían animado a meter la droga por amor o por obediencia” donde su vagina sirvió de vehículo para introducir drogas a petición de su pareja que les exigió realizar el hecho. Aquí—castigo Marcela

Para Marcela Lagarde y de los Ríos, el cautiverio de las mujeres se concreta políticamente en la relación específica de las mujeres con el poder y se caracteriza por la privación de la libertad y además determina al poder como la esencia de su cautiverio.

Ser mujer y vivir en condiciones de reclusión exige una lectura desde la perspectiva de género.

“La situación de las mujeres en prisión las hace más vulnerables por el doble abandono: primero, por su familia como una forma de reprocharle, en su condición de mujer, haber infringido la ley y haber sido etiquetada como delincuente, sin importar si el delito lo cometió por el bien de su familia. Segundo, por la institución penitenciaria, al no concederle condiciones para su encierro ni oportunidades para su reinserción social cuando salgan” (visitadora adjunta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Faviola Elenka Tapia Mendoza).

¿Escarmiento de Estado contra mujeres? 

Kenia Inés Hernández Montalván, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, especialmente de mujeres indígenas.

Desde febrero de 2019, Kenia y los miembros de su colectivo comenzaron a ser objeto de amenazas y hostigamiento judicial. En junio de 2020, durante una manifestación por la liberación de los presos del Movimiento por la Libertad de Presos Políticos, ella y tres activistas fueron detenidos sin orden de aprehensión en la carretera Toluca-Valle de Bravo, en el estado de México. Posteriormente, Kenia estuvo cinco días en prisión preventiva en Chiconautla, una cárcel en Ecatepec, antes de ser liberada.

Por violaciones a derechos humanos en CEFERESO donde está en reclusión Kenia Hernández, piden su cierre definitivo

Cuatro meses después, el 18 de octubre de 2020, Kenia fue detenida en la caseta de Amozoc, en Puebla, por más de una veintena de elementos policiacos, quienes no le informaron el motivo de su aprehensión ni presentaron una orden judicial. Al día siguiente se comunicó a sus familiares que se encontraba en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Se le acusó de ataques a las vías de comunicación contra Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Desde entonces está detenida como “un acto de persecución política para tenerla lo más aislada posible”, afirma.

Enfrenta una condena de 21 años y 9 meses de prisión. El caso de esta defensora afroindígena sigue sin mostrar avances significativos, por ello, el Comité de Apoyo a la Libertad de Kenia, entregó una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para exigir su liberación y recordando su compromiso de visibilizar la lucha de las mujeres indígenas.

Además, lo que vive Kenia no es aislado, este sistema de agresión contra defensoras ha sido documentado. Entre 2012 y 2023, el informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan creado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, IM-Defensoras, documentó 35 mil 77 actos de violencia en contra de 8 mil 926 mujeres defensoras y también, en contra de 953 organizaciones y colectivas que luchan por la defensa de los derechos humanos.

Kenia ha sido mencionada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se hizo énfasis de la violencia, intimidación y criminalización hacia las y los defensores.

Tras su paso por Almoloya, fue trasladada al Cefereso 16 en Morelos, donde estuvo del 25 de octubre del 2020 hasta el 25 de enero del 2024; 3 años con 3 meses exactamente, tiempo durante el cual también vivió las torturas sistemáticas contra la internas.

“En la madrugada llegaron por mí, ejecutaron la orden de aprehensión y me mandaron a ese penal”.

Sus primeros meses en el Cefereso 16 fueron de total encierro. Solo recorría el Pabellón de máxima seguridad donde estaba interna, un espacio de 10 metros por 15 de largo. Cuando le permitían la salida al patio recorría una distancia aún más diminuta que consistía en 4 metros por 2 de ancho y el lugar estaba cubierto, “no podía ver el cielo”.

El aislamiento total la llevó a no tener contacto con ninguna persona por cuatro meses. La resistencia debió ser un aliciente para sobrevivir ante las circunstancias de vida que se le presentaban, por lo que generó protestas hasta que le permitieran salir a ese patio por una hora completa cada día, pero las demandas debían ser consecutivas para que esa ganancia fuera posible.

Transcurridos esos cuatro meses fue trasladada a otra área donde se le presentó una rutina menos estricta la cual iniciaba a las 5 de la mañana, momento justo en que se abrían su celda para volver a la cerrarse a las nueve de la noche. La luz en ocasiones no era apagada y así debía intentar descansar.

“Después, me dejaron estar con otras compañeras como servidoras públicas o ex líderes del crimen organizado, ese era el perfil con el que estuve bastante tiempo, hasta que a todas nos dejaron ir a mediana seguridad y ahí, nos permitían salir a sectores compartidos para trabajar donde, momentáneamente, podíamos convivir con otras compañeras de 9 de la mañana a 9 de la noche”.

Desde penal, activista Kenia Hernández denuncia tortura psicológica contra ella y sus hijos

Hay que señalar que el artículo 75 del Protocolo de Estambul ha remarcado los efectos negativos del confinamiento solitario en las mujeres, incluyendo los casos donde las mantienen separadas de sus hijas e hijos. También establece que las malas condiciones penitenciarias se consideran maltrato y tortura contra las personas.

La huelga de hambre

Ante las condiciones que vivía Kenia en el 2021 en el Cefereso, decidió irse a huelga de hambre. Lo hizo dos veces en el mismo año. Sobra decir que esta protesta estaba dirigida a terminar con las torturas.

Además, en una ocasión autoridades del Cefereso 16, le restringieron el ingreso a uno de sus familiares cuando fue a visitarla y se le negó el espacio para tener comunicación privada. Ello a pesar de que esa persona cumplió con todos los requisitos burocráticos que establece el penal para la visita presencial.

A esto, se sumó que tras un año de prisión en el Cefereso 16, no se le había permitido la comunicación privada y personal con su abogada. En abril de ese 2021, la defensora denunció ante el juez de control que ordenó su prisión, que era víctima de tortura psicológica y otros delitos, por lo que Kenia Hernández requería ampliar su declaración, para lo cual necesitaba hablar con su equipo legal de manera presencial y no a través de elementos electrónicos que podrían ser intervenidos.

Aunque buscó denunciar formalmente estos hechos, el personal del mismo penal se rehusó a recibir y entregar sus oficios.

“Cuando yo estuve en huelga de hambre pasé dos meses en el hospital y pude darme cuenta del alto sentido humano de un doctor. Me dijo: «Ya no aguanto, Kenia, voy a renunciar«, me dijo que el problema era con las autoridades que trabajaban ahí (en el Cefereso 16). Mira esta lista, y me enseñó una lista de 57 personas, me dijo: «De aquí a que yo entregue mi turno tengo que haberlas atendido a todas, ¿sabes cuántas realmente vienen porque están mal? Son 8 las que tienen enfermedades crónico degenerativas como principios de cáncer, pero las otras 49, tengo instrucción de la directora para darles medicamento controlado, Clonazepam, Quetiapinas y Gabapentina. La directora dice que se los dé y yo ya le dije que no puedo seguir dando más medicamento controlado porque es falto a la ética, yo no estoy capacitado, no soy psiquiatra; les estoy haciendo una adicción, pero la directora Gabriela Cerón dice que dé el medicamento y ya».  A la semana, ese doctor renunció, entonces, por el tema de dar a mano abierta el medicamento controlado se descuidaban a las mujeres con enfermedades crónico – degenerativas.

Ingesta de comida podrida 

El testimonio de Kenia ha permitido echar abajo la información filtrada por algunos medios de comunicación quienes sólo documentaron un hecho general en el Cefereso, el 1 de octubre del 2022, en el que aconteció una intoxicación masiva por alimentos en mal estado en el 2022. Ella da fe de dos ocasiones en que esto le sucedió en carne propia.

Kenia se intoxicó en dos distintas fechas, en cada una de ellas sintió que moriría. La primera ocasión fue en marzo del 2021, ella junto con 30 compañeras presentaron la misma sintomatología por consumo de comida podrida e insalubre.

Hernández –quien pertenece a la comunidad indígena n’ooomdaa’ y es hablante del amuzgo– aunque permanece en prisión, hoy, pudo tomar la llamada de esta agencia de noticias desde el Reclusorio Femenil Tepozanes en el estado de México para dar su testimonio de lo que vivió en el Cefereso 16.

La defensora afirma que en el Cefereso 16, la preparación de alimentos se lleva a cabo con agua contaminada la cual se obtiene directamente de la llave y aunque las autoridades les manifestaban que “estaba bajo todos los estándares de calidad y era apta para tomar”, lo cierto es que las autoridades penitenciarias nunca la consumían.

Además, la salud de las internas tiene costo y no todas la pueden costear. Si deciden hidratarse de forma segura, deben comprar garrafones de agua por 104 pesos y 47 pesos cuando se trata de rellenarlos, situación que Kenia se negaba a realizar porque “la ley dice que el agua debe ser gratuita”.

Afirma que el agua de consumo humano en el Ceferso 16 está llena de salitre lo que provoca que algunas internas ya presenten afecciones por “piedras en el riñón o infección en vías urinarias y esto tiene mucho qué ver con el agua, que con tal de hacerla apta, le echan mucho cloro”.

Kenia sobrevivió a la intoxicación alimentaria masiva del 2022 que afectó al 75% de la población del Cefereso. Repasa que el hecho “fue muy crudo”. Había más o menos mil cien mujeres internas en ese momento y 800 de ellas fueron las que enfermaron de salmonelosis. En el lugar solo había disponibles 300 vacunas para la desintoxicación.

La mayoría de las internas requirieron atención médica porque presentaron: vómito, diarrea, dolor de cabeza, fiebre e incluso algunas con desmayos. Hasta la noche del viernes 31 de septiembre, las autoridades penitenciarias mantenían en reserva los casos de intoxicación masiva.

En ese momento, en el Cefereso 16 había 202 mujeres con padecimientos crónico-degenerativos, lo que las ponían aún en mayor riesgo ante la intoxicación.

Hay imprecisión sobre lo que se sirvió esa noche. De acuerdo con testimonios recabados por la CNDH, esa noche sirvieron caldo de pollo en poca cantidad, cuatro tortillas y agua concentrada de arroz, y más tarde un trozo de pizza pero no alcanzó para todas por lo que les dieron tortillas de harina crudas con salsa y unas rodajas de jitomate.

Aunado a esto, las mujeres internas argumentaron insuficiencia de papel higiénico e insumos de limpieza para atender la emergencia.

“Recuerdo que me retorcía del dolor y fue algo muy difícil, incluso, pedir atención inmediata a mí y a otras 3 compañeras del pabellón, pues éramos 8 y tres estábamos muy, pero muy mal. Honestamente, pensé que me iba a morir, el primer día evacué 49 veces y el segundo día 43 veces, fue algo muy difícil para nosotras porque pensábamos que nos íbamos a morir y yo lloraba de la impotencia”.

Kenia recibió atención en un hospital donde se percató que había otras compañeras más delicadas que ella.

“Me arrastraba del dolor pero cedí mi lugar con tal de que atendieran a las otras hasta que la directora técnica me pidió que me aplicaran la vacuna; yo me olvidé mi dolor, fue la forma en que lo enfrenté, ayudando a las otras”.

La escasa información y la nula rendición de cuentas que maneja el Cefereso 16 da pie a especulaciones de lo sucedido en materia de intoxicación alimentaria. En primeras versiones se manejó que fueron 400 internas quienes atravesaban la ingestión de comida podrida el 29 de septiembre del 2022, pero en realidad fueron el doble.

Documenta, una asociación civil, informó que familiares de las mujeres intoxicadas, “aseguraron que varias de las internas fueron sacadas en camiones, fuertemente custodiados, para trasladarlas a hospitales de la zona surponiente del estado”. Además denunciaron que “la comida que reciben las internas es de mala calidad y en poca proporción”.

La situación había causado conmoción nacional. Era casi la totalidad de la población de un Cefereso quienes enfrentaban una intoxicación, pero la noticia no pudo alcanzar mayores titulares en la prensa porque se atravesó el fin de semana.

https://cimacnoticias.com.mx/2024/02/25/denuncian-torturas-y-tratos-crueles-en-contra-mujeres-recluidas-en-cefereso-de-morelos/

Transcurridos unos meses del hecho, específicamente para el 31 de marzo del 2023, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la recomendación 59/2023 porque se había dado a la tarea de investigar aquella noche en el Cefereso 16.

De esta visita se presentó un expediente de queja CNDH/3/2022/11637/Q, en el que se acusaban violaciones al derecho humano a la alimentación durante una contingencia sanitaria por ingesta de comida que derivó en un cuadro clínico digestivo infeccioso colectivo.

La Comisión confirmó que la intoxicación afectó al menos al 75% de la población quienes tuvieron gastroenteritis probablemente infecciosa, se dijo que hubo negligencia en la supervisión de alimentos que se suministraron entre el 28 y 29 de septiembre de 2022 en ese establecimiento penitenciario. Aunado a esto, se acreditó la falta de diligencia para brindar atención médica oportuna e integral a la población penitenciaria femenil.

Se dijo que el personal de servicio de alimentos en el Cefereso es capacitado al menos una vez al año con los temas que dicta la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, pero los hechos distan de esta afirmación.

En su visita, la CNDH, encontró en la zona de preparación de alimentos: “lámparas sucias y con tijerillas”, “restos de alimentos, basura y fauna nociva”, “refrigeradores descompuestos y fuera de servicio”.

Esta situación que enfrentan las mujeres en el Cefereso vulnera leyes que protegen a las internas como la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), que afirma, deben “recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud”, así como “un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal; y atendiendo a la perspectiva de género”.

Así como la Regla Mandela 22, que mandata: “todo recluso recibirá de la administración del establecimiento penitenciario, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas”.

Y la Ley General de Salud, que hace mención de las finalidades del derecho a la protección a la salud, siendo estas: “I. El bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana […]”

Cabe señalar que el suministro de alimentos está a cargo del Departamento de Producción de Alimentos, mismo que depende de la Dirección de Administración de ese lugar, quienes están obligados a servir alimentos con un aporte calórico de 2 mil 586 kcal. El diseño de menús y las raciones se realizan en función a lo establecido en el Contrato de Prestación de Largo Plazo de conformidad con la NOM-043-SSA2-2005.

Aunque se presentó este informe de la CNDH y hubo un escándalo mediático por los hechos, las condiciones insalubres “se mantuvieron exactamente igual” tras las infecciones masivas que vivió Kenia.

Lo solucionaron de una forma: “en el Cefereso solo dejaron de servir chicharrón, el guiso al que le atribuyeron la salmonelosis”.

Jheralding

Jheralding Pantoja era originaria de Cali en Colombia, estuvo siete años en prisión preventiva sin sentencia por el delito de delincuencia organizada. Falleció dentro de la cárcel por presunto suicidio el pasado 7 de febrero del 2025, fue su madre Mónica Botero quien se vio en la forzosa necesidad de viajar para repatriarla quien dio testimonio de las torturas que vivió su hija al interior de este sitio.

Su caso estuvo plagado de inconsistencias, esencialmente, porque Jheralding llegó a México en febrero del 2018 y los hechos delictivos que le imputaron ocurrieron un mes antes de su llegada, asimismo, la familia desconoce de un acompañamiento legal efectivo.

La familia de Jheralding desconoce hasta el día de hoy cuándo, cómo y dónde fue aprehendida.

Durante el tiempo que Jheralding estuvo en el Cefereso 16, Mónica su madre pudo percatarse de las torturas que se le infligían a su hija. Fue testiga de los golpes, castigo por sujeción e incluso la medicalización no consentida, la cual, especial, era suministrada en la comida.

Tras la llegada de Mónica a México, Cimacnoticias pudo conversar con ella y su testimonio es fundamental para dar fe de las torturas que vivió su hija al interior de este cautiverio.

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Migrar

«Una niña muy querida, especialmente, por el papá que siempre le compraba paletas; nunca se quedaba quieta». Emprendedora, comerciante y concluyó su bachillerato. Era querida en su comunidad y la red vecinal, realizaba mandados; le recogía, el medicamento a una vecina mayor y también, daba mantenimiento al barrio. Como aquella vez que hizo una rifa grande, siendo aún una adolescente, para comprar unos botes de pintura color fluorescente y mejorar el aspecto de las canchas comunales: «Ese día agarró los botes y se fue a pintarlo todo, ese era el tipo de cosas que ella hacía».

Jheralding se convirtió en madre autónoma de 2 niños. Para sostener a su familia trabajó como cajera de autoservicio y posteriormente, derivada de su facilidad para los negocios, “encontró un buen trabajo en Las Canchas Panamericanas, un lugar popular en Cali donde se venden cholados”, un tipo de raspado de hielo con distintos sabores, describe Mónica.

Ante la situación que enfrentaba por sostener a sus dos hijos, Jheralding decidió migrar; tenía el sueño de comprar una casa para su familia. Por tanto, planeó en conjunto con otras 2 amigas -una de ellas vecina del barrio-, la posibilidad de trabajar en México y luego dar el salto hacia los Estados Unidos.

Entonces, echó el corazón en la maleta y dejó a sus dos hijos al cuidado de su madre, abuela, hermanas y hermanos en Cali, así Jheralding llegó a Puerto Vallarta en febrero del 2018 a la edad de 23 años. Todas las mañanas y antes de dormir, Jheralding hacía videollamadas a la familia para mostrarles su vida, les documentaba sucesos cotidianos; sus desayunos, la comida, paisajes e historias del trabajo.

De pronto, un día del mes de mayo de ese 2018, Jheralding dejó de comunicarse. Entonces, Mónica contactó al padre de la vecina con quien había viajado su hija para obtener alguna respuesta, y ahí, recibió la noticia:

«¿Apoco no sabe? Las cogieron [a Jheralding y a su hija] y están en un penal, están presas», yo le pregunté porqué, si estaban trabajando bien; nadie nos avisó nada y si nos dimos cuenta fue por él, yo no sé de leyes mexicanas pero creo que el deber es avisar a familiares o permitirle a ella que nos hablara.

Ellos le compartieron el celular de la defensora mexicana Viridiana Molina, quien estaba cercana al caso, así como el teléfono del área social del Cefereso 16 y finalmente, le informaron a Mónica que las 3 jóvenes caleñas tendrían una representación legal conjunta, sin embargo, ella nunca recibió una llamada telefónica de este abogado.

En cuanto tuvo la información, se comunicó al área de Trabajo Social pero ahí le compartieron que su hija debía aceptar la llamada primero si quería entablar contacto y afirmaron que Jheralding “se negaba a tomarle la llamada a su mamá«, por lo tanto, no podían comunicarla. Situación que la misma Jheralding refuta días más tarde cuando por fin logra conversar con Mónica.

Las torturas contra Jheralding

Desde que Jheralding entró al Cefereso 16, Mónica supo que tenía el derecho a hablar por teléfono con su hija dos veces a la semana y una vez al mes, sostener una videollamada de 10 minutos, sin embargo, había obstáculos persistentes que la autoridad aducía: falta de internet y esto postergaba sus encuentros virtuales hasta por 2 meses.

El calor en la entidad de Morelos resulta abrazador, de ahí que, en México este Estado llevara por apodo popular «El de la eterna primavera», durante las videollamadas, Jheralding solía aparecer sólo con su playera del uniforme que es de un color beige más suave que el del pantalón y la chamarra, sin embargo, esa tarde que habló con Mónica tenía puesta la chamarra; Mónica narra en entrevista que eran las pequeñeces como esta las que la hacían saber que algo no andaba bien con su hija, por lo que le cuestionó si todo estaba bien y que por qué tenía puesto eso, si ella sabía que ahí siempre el clima es caluroso.

Jheralding le explicó: «Me obligaron a ponérmela porque…». Entonces se escucharon pasos al fondo que se aproximaron rápidamente: era una custodia. La mujer frenó rápidamente la idea y quedó en silencio, después de unos segundos, continuó: «Lo que pasa es que tengo frío». El resto de la llamada, Jheralding parecía en constante alerta y mientras movía sus manos al hablar, el cuello de la chamarra se tiró hacia un lado y Mónica notó hematomas en su cuello y clavícula.

Un golpe fuerte que vivió Jheralding en el Cefereso 16 fue la muerte de su hermano. Un joven que murió el 10 de enero del 2024 a causa de un agresivo cáncer de hígado y quien era el encargado de atender las llamadas desde el penal. Mónica recuerda que, tiempo después de este suceso, cuando hablaba por videollamada con su hija, ésta lucía inquieta y en un momento, mientras se tocaba su rostro, observó lesiones en sus muñecas.

«Le vi que, mientras se rascaba su carita, tenía algo en sus muñecas, como si la hubieran amordazado, tenía muy lastimados sus bracitos y yo muy preocupada le dije: «¿Qué te pasó, Jheral?, ¿qué te hicieron?» y me dijo: «Me dio una crisis por la muerte de mi hermano Oscar y dicen que me amarraron para que no me haga daño». La llamada se cortó inmediatamente después de decirme eso.»

Mónica refirió no recordar fechas exactas y tampoco años: «Cuando una pierde a un ser querido es muy doloroso, no entiendo nada, ni sé de fechas», respondió. Sin embargo, sí recuerda con lucidez todos estas violencias que, en sus palabras, le quebraron el alma. Especialmente, una temporada donde Jheralding fue castigada por agredir a una custodia y se le cortó toda posibilidad de contacto; fueron semanas de angustia.

Mientras Jheralding se bañaba, una custodia se le acercó y comenzó a acosarla. ¿Sexualmente? No, no fue puntual en decirme, pero yo me imagino que sí, porque la otra mujer miraba a mi hija desnuda mientras tomaba un baño. Entonces, Jheralding reacciona empujándola para alejarla y la repliega contra la pared, acto seguido, la custodia se va muy ofendida y regresa acompañada de otras 5 mujeres y con sus bolillos [macana policial], le propinaron una golpiza a mi hija que estaba desnuda.

Según narra Mónica, le pegaron en el torso y también, le abrieron la parte superior de la cabeza, a la altura del lóbulo frontal, la herida fue tan profunda que requirió intervención y no volvió a crecerle cabello en su cicatriz.

A lo largo de los años, para Mónica era evidente de que su hija estaba en un constante peligro y a pesar de que mandó un sinfín de correos al Consulado Colombiano en México de que intervinieran y brindaran seguridad a Jheralding, nunca hubo respuesta favorable.

Esto lo corroboró una llamada previo al suicidio de su hija. Pasando la medianoche en Calí, Colombia, una custodia -de quien nunca supo su nombre- se comunicó con Mónica y le advirtió: «Rápido, comuníquese con el consulado, porque quieren sacar a Jheralding de su celda y la van a matar«.

Mónica recordó levantarse de un salto de la cama; intentó llamar 3 veces al Consulado y mandó múltiples reportes vía correo donde refería que su hija estaba en peligro, que le habían avisado de que intentarían matarla, tras un largo tiempo de angustia y sin posibilidad de hacer más, obtuvo una respuesta: Se pondrían en contacto con la dirección del penal para estar al tanto de la situación.

«Al otro día se comunicó conmigo un representante del Consulado y me dicen que no pasa nada, que les informaron que sólo se había tratado de una inspección de rutina, sin embargo, todo eso me decía que algo no estaba bien, yo seguía preocupada por la vida de mi hija. A los 2 días, yo escribo de nuevo que quiero más seguridad para ella».

La noticia

¿Eres familiar de Jheralding Marcela Pantoja Botero?

-Sí, yo soy la hermana, ¿por qué, qué pasó?

Una voz de mujer les dijo que se comunicaban de Trabajo Social para notificar el deceso de su hermana. Dijo no estar autorizada a decir más información. Les pidió comunicarse al día siguiente.

Intentaron comunicarse con el área de Trabajo Social del Cefereso 16; nunca obtuvieron respuesta. La abuela de Jheralding llamó una y otra vez, así como sus hermanos pero nunca atendieron ninguna llamada, ni lograron tener contacto con autoridades del centro penitenciario.

Mónica se comunicó por correo con el consulado de su país en México, les escribió que Jheralding murió y les reclamó porque “no la habían protegido a sabiendas, de que era violentada en el penal”. En la respuesta sólo se limitaron a cuestionar quién le había informado sobre el tema. No era la respuesta que Mónica quería; ella necesitaba auxilio, indicaciones sobre qué hacer y cómo repatriar a su hija a Calí.

«Quedé con mucho dolor y no recuerdo bien cómo fue todo, pero sí tengo claro que mi hija era agredida ahí adentro», sostiene Mónica a quien el consulado le llamó después para darle un ultimátum: Tenía 7 días para viajar a México o reconocía vía zoom el cuerpo de Jheralding para empezar las debidas diligencias. Terminado ese plazo, su hija sería enviada a una fosa común.

La madre de Jheralding comenzó a reunir dinero ese mismo día y la comunidad de Valle de Cauca se unió para hacer una donación; las y los vecinos hicieron una colecta que alcanzó los 2 millones de pesos colombianos (aproximadamente 9 mil 800 pesos mexicanos o 484 dólares). Dinero apenas suficiente para comprar sólo un ticket de ida, esa misma tarde del martes 11 de febrero, Mónica tomó su mochila y salió del país.

A más de 3 mil kilómetros de Calí, en la capital mexicana, la defensora Viridiana Molina ya estaba enterada del caso y había entablado comunicación con Mónica Botero con antelación.

Viridiana relató en entrevista para Cimacnoticias, que los representantes del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, no sólo se mostraron indolentes, sino además, incrédulos; dudaban que Mónica llegaría a México a reclamar el cuerpo de Jheralding.

«Subestimaron que Mónica vendría porque cuando yo peleaba en el Órgano me dijeron: «Ah, ¿y ustedes la van a traer?,  ni tienen cita en el Ministerio Público para ver el cadáver». ¿¡Cómo!?, les grité, ¿la madre necesita una cita para ver el cuerpo de la compañera que falleció dentro de la custodia de ustedes? Ahí fue cuando me di cuenta que esto no era normal y que el estado iba a ser omiso.»

Mientras Mónica tomaba el vuelo con dirección a México, Viridiana, se acuerpaba por la Defensoría Pública; Angélica Ospina, asignada al Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la defensora migrante Yarima Merchan Rojas, quienes, en conjunto, habían empezado el movimiento y la agitación entre las autoridades: «Estábamos listas para recibirla, una mandaba correo, otra estaba buscando el canciller, nos preparamos para cachar todo lo que iba a venir, porque teníamos que ser su escudo [de Mónica Botero]».

Cuando Mónica llegó a la frontera sur, se le prohibió el paso, pues no tenía boleto de ida y se le cuestionó el motivo de su paso por México.

«Yo le dije a la señorita que venía a México para recuperar el cuerpo de mi hija y que no sabía cuántos días tardaría, por eso no compré el boleto, bueno, además de que no tenía el dinero tampoco para hacerlo, pues yo pensaba: Dios proveerá. Me dijeron que no me podían dejar pasar, yo me sentí frustrada y caí de rodillas, llorando, pidiéndole a dios que me ayude, entonces, me suena el teléfono y me llama Norma, quien es hermana de la expareja de Jheralging y padre de sus hijos; una mujer religiosa quien hizo una recaudación de emergencia en su iglesia y costeó el vuelo de regreso a Colombia.»

Tras su llegada, el jueves 13 de febrero fue el más complejo. Viridiana y Mónica salieron de la Ciudad de México por la mañana con rumbo al Ministerio Público de Jojutla para el reconocimiento del cuerpo, sin embargo, ninguna autoridad le explicó a la madre de Jheralding el sistema penitenciario, todo fue un intercambio privado de información entre la Fiscalía de Morelos y el Ministerio Público.

Mientras tanto, a Viridiana le indicaron que ellos tenían la instrucción de darles el cuerpo pero que sólo sería enviado a CDMX y que no había forma de repatriarlo hasta Colombia.

Tras horas de espera en el Ministerio Público, Mónica pasó a reconocer el cuerpo de su hija Jheralding.

Lo que encontró en ese reconocimiento es indecible aún. Mónica entra en un estado alterado que le impide emitir palabras. Necesita realizar ciertas acciones que le permitan tranquilizarse para continuar.

En ese reconocimiento, dos representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también realizaron acompañamiento y permanecieron vigilando, un hecho que, en palabras de Viridiana, era insólito: «Nunca había visto que le entraran así a los madrazos, hicieron un excelente trabajo«. Todo terminó a la 1 de la mañana del viernes 14 de febrero.

El Estado mexicano tenía encima los ojos del Instituto de la Defensoría Pública y de la CNDH, junto con la defensora Viridiana. No hubo más remedio, «sabían que esto les iba a estallar«, dice Viridiana. Esa misma noche, la Secretaría de las Relaciones Exteriores tomó el caso para empezar la repatriación.

Viridiana señala que todo terminó, pero hay que ser claras, «el Estado quiso callar a Mónica y engañar a una persona que no conocía las leyes, querían que se enfrentara sola a esto. Esto es un precedente porque recuerda que las mujeres privadas de su libertad no son un número de expediente, fue una mujer que murió bajo custodia del Estado y tiene nombre: Jheralding Pantoja Botero».

SAVO

El Instituto Federal de Defensoría Pública explicó que el 20 de junio de 2024, tuvo conocimiento de la muerte de SAVO, iniciales de esta mujer quien fue privada de la libertad en el Cefereso número 16, información que se pudo constatar hasta el 23 de junio de ese año, cuando defensoras públicas federales acudieron a una visita extraordinaria.

El instituto denunció que esta falta de atención médica oportuna, no sólo se le negó a SAVO, sino a la mayoría de las mujeres privadas de la libertad, asimismo, reclamó que su personal había tenido dificultades para ingresar al Cefereso 16, para conocer directamente la situación de internamiento de sus representadas, así como la negativa de información respecto al estado de salud de las personas privadas de la libertad.

Frente a esto, el IFDP explicó que se habían iniciado diversas acciones con la finalidad de lograr el ingreso de las personas defensoras al Centro, entre ellas 14 controversias, una de ellas relativa por Savo y una controversia judicial 556/2024 resuelta por la Jueza de Distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, en funciones de Jueza de Ejecución, el 6 de junio de 2024.

Poco más de un mes después de la muerte de SAVO, el 5 de agosto del 2024, un Juez Décimo de Distrito del estado de Morelos declaró procedente una denuncia de incumplimiento promovida por el IFDP, donde se acusaba al Cefereso 16 de “inobservancias”.

Esta legitimación resultó fundamental, pues fue la primera vez que una autoridad reconoció la inacción de las autoridades penales, pero también, la corresponsabilidad con el Gobierno de Morelos y de las instituciones de salud que han ejercido el abandono institucional en contra de las mujeres privadas de su libertad.

Consecuentemente, las autoridades del Cefereso pretendieron deslindarse de esta responsabilidad, refiriendo que sí habían cumplido con las órdenes del amparo para salvaguardar el interés supremo de la vida de las internas, sin embargo, el Juez de Distrito falló en su contra y se giró el caso al Ministerio Público para continuar las diligencias de investigación.

Hasta el momento, no existe documento que sustente cuál ha sido el trabajo de las autoridades ministeriales, por lo que Sofía de Robina, secretaria Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública, advirtió que esta etapa sería una de las más complejas por atravesar, pues se atañe de un fenómeno común en México: La impunidad.

Quebrar el espíritu. La ¿vida? en el Cefereso

Una vez que las mujeres ingresan, las autoridades del Cefereso 16 las llevan al aislamiento absoluto, porque las distancian de sus redes familiares, fracturan su identidad y deterioran sus vínculos afectivos, lo que se suma a un clima emocional de desesperanza, invalidez y de insignificancia.

Los familiares de Kenia Hernández Montalván viajaban para los encuentros con ella cada 15 días donde solo tenían autorizado hablar con ella por 10 minutos y luego regresar a su comunidad en Guerrero.

Al ser un centro de reclusión federal, hay mujeres de diversas entidades, incluso de otros países como el caso de Jheralding por lo que visitarlas se complica, incluso solo pueden ir a verlas una vez al año.

“Una llamada de 10 minutos cada 4 días te parte; te parte no saber qué pasa con tu familia, supe de algunos casos de suicidio entre junio y diciembre del 2023. Al menos 3 casos fueron porque recibieron una mala noticia por teléfono y no les dio tiempo de desahogarse, escuchar, saber qué pasó. Tienes que esperar otra llamada y sólo son 10 minutos. Recibían noticias de la muerte de su madre, de su hijo, de un familiar y no podían saber nada por 4 días”.

Ante revertir esta situación, Kenia afirma que se debería impulsar una Ley de Ejecución Penal, que establezca llamadas frecuentes para las internas y así fortalecer su vínculos y mejorar las condiciones de vida.

Medicalización

En 2019 María de los Ángeles García Martínez, dejó la dirección del Cefereso y en su lugar entró Gabriela Cerón Martínez, quien era directora del penal de las Islas María y fue transferida al Cefereso 16 en Morelos.

Con este cambio directivo de Cerón Martínez, de acuerdo con versiones de sobrevivientes internas, se modificó la dinámica, porque se eliminó la restricción de medicamentos controlados y hasta el momento ha sido complejo contener la adicción generada.

Desde el Reclusorio Femenil Tepozanes “Neza Sur”, Kenia Hernández hace una pausa para hablar del problema de adicción; una cruenta realidad que, en sus palabras, se relaciona un 70% en los casos de suicidios masivos.

“Las mujeres se desesperan, quieren más y más, quieren más Clona (clonazepam), porque ya no les hace efecto, entonces la revuelven con otros medicamentos, hacen un cóctel y lo inhalan como si fuera cocaína, entonces, se vuelven adictas al medicamento controlado.

El testimonio de Kenia Hernández, hace sinergia con la voz de la también defensora Viridiana Molina, quien también estuvo privada de su libertad en el Cefereso 16 entre 2015 y 2019; quien rememora lo que era permanecer bajo los efectos de los medicamentos y sentir cómo pasaban los días.

La llegada de Cerón Martínez se volvió, en palabras de Molina, “el error más catastrófico y en el génesis de todo”.

«Entra Gabriela Cerón Martínez y fue el error más grande del penal, porque pusieron a una persona que no tiene idea de nada; no entendió a mujeres que vienen regidas por sistemas de manos atrás y cabeza agachada [militarizado]. Cerón llega con el modelo más leve de centro penitenciario común; entonces llegaban las mujeres a exigirle cosas como medicamentos y ella a todo les decía que sí. Todo este problema que ahora es una crisis que no pueden contener”.

Entonces llegó la nueva directora del Cefereso 16, Jazmín Ochoa en junio del 2023 y les dijo a las mujeres internas “que no se dejaría chantajear”, cuenta Kenia Hernández. De la noche a la mañana decidió quitarle todos los medicamentos controlados. Sólo se dispensaba a quienes contaban con una receta psiquiátrica, es decir, 1 de cada 10 contaban con este comprobante, el resto, que correspondía al 90% se quedaron sin sustancias.

Lo que derivó en crudos síndromes de abstinencia, pero también, abrió la brecha a una gran oportunidad de negocio para las internas que sí recibían periódicamente sus pastillas; se comenzó a gestar una venta ilegal de medicamento entre las mujeres, pero también, la perpetuación de las adicciones a través de consejos prácticos sobre cómo actuar, qué decir y qué hacer para que el personal médico en turno les recetara cierto tipo de medicamentos controlados:

Desde la autodefensa y en un intento por abatir estas prácticas, Kenia impulsó un proyecto de desintoxicación favorable, pues el panorama se había recrudecido gravemente desde el ascenso de Jazmín Ochoa y su política restrictiva.

En los primeros días que empezó el programa, un total de 30 mujeres se reunieron con Kenia, posteriormente sólo 16 aceptaron la ayuda y poco tiempo después, sólo 3 mujeres continuaban mostrando interés en abandonar el consumo de medicamentos; el programa piloto fracasó y la baja participación no sólo fue la señal inequívoca de que algo no iba bien, sino también, fue un mensaje de auxilio de que urgía una atención inmediata encauzada en acabar con las adicciones, narra Kenia.

Castigos

Dentro de los centros de reclusión donde se violan los derechos humanos es habitual infligir castigos corporales como una forma de control a través del dolor, el escarnio y vergüenza entre quienes los reciben, el Cefereso 16 no es la excepción con esta descripción.

De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución penal artículo 41, En México, está prohibido el uso del aislamiento físico de personas privadas de la libertad por más de 22 horas consecutivas y por un periodo mayor a 15 días, así como el aislamiento con penas corporales o en condiciones torturantes.

Sumado a las declaraciones de sobrevivientes. El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), ha documentado 10 casos de sujeción mecánica forzada entre un grupo de 57 mujeres, entre las que se encuentra Rosa, de 31 años quien intentó suicidarse y fue rescatada a tiempo, pero al despertar, después de estar inconsciente por 48 horas, estaba sujeta de brazos, pies y cuello, así permaneció por seis días.

“Sí, esto de la sujeción, allá se le dice «a 4 puntos», son compañeras que quisieron ahorcar o se cortaron, entonces, se las llevaban al hospital; eran sujetadas con grilletes de pies y manos. Sabíamos que algunas eran agarradas a 6 puntos, cuando agredían a alguna custodia o se peleaban, eso sí me consta”, sostiene Kenia Hernández.

Lo que sí sabe es que después de eso estuvo amarrada una semana, de pies y manos, en una cama. Solo le desataban una mano para que comiera. “No podía ir al baño, tenía que evacuar en un cómodo que tardaban mucho en retirarle”.

Sofía de Robina Castro, del IFDP, explicó en entrevista para Cimacnoticias que el Instituto ya había tenido conocimiento de un caso en el que amarraron a una mujer privada de su libertad en este Cefereso en 2022. Por ese caso se interpuso un amparo, para evitar esta práctica, con el argumento de que era un acto de tortura.

“El juez concluyó que en efecto lo era y dictó que no debía volver a ocurrir y medidas de reparación, y aunque solo aplica para la persona por la que se metió el amparo, ya tenía conocimiento el penal de que esto es una práctica inadecuada. Se habían hecho peticiones, controversias judiciales ganadas, se habían presentado solicitudes para cambio de medida cautelar; sin embargo, no se atendieron los hechos”, subraya.

Ante todo lo documentado por el Instituto, De Robina Castro detalló que el IFDP ha puesto una denuncia penal y dos demandas de amparo en representación de 58 mujeres. Ambas demandas tuvieron una suspensión, por lo que un juez federal exigió medidas inmediatas. Posteriormente, uno de los amparos fue desechado, mientras que el otro sí fue admitido.

¿Suicidio? Sistemático

A finales del 2023 la prensa nacional informó que en el Cefereso 16 se suscitó una oleada de suicidios entre las mujeres internas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer en noviembre de ese año un total de ocho casos de mujeres privadas de la libertad.

Confirman otras 2 muertes de mujeres en Cefereso 16 de Morelos. Suman 17 casos

Una cifra que se ha duplicado a lo largo de los años y deja en vilo cuál es la cantidad precisa de mujeres que han muerto al interior del Centro, pues ex-internas como Viridiana, acusa que son aproximadamente 29 los casos.

El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) debía investigar esos suicidios de mujeres ocurridos bajo el protocolo de feminicidios.

“Todas las muertes ocurridas dentro de Centros Federales consideradas como violentas, deben ser investigadas por la Fiscalía General de la República, debiéndose deslindar todas las responsabilidades por acción u omisión de las autoridades correspondientes, y tratándose de muertes de mujeres, deben investigarse como feminicidios”, señaló.

Para el 28 de noviembre del 2023 se realizó una brigada del IFDP junto con los titulares de la Unidad de Defensa Penal, Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos y la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, debido información sobre irregularidades ocurridas en dicho Cefereso:

«Esto ante un contexto de creciente preocupación y alarma por la información recibida respecto de la pérdida de la vida de al menos ocho mujeres en meses recientes, a las que han denominado las autoridades penitenciarias como suicidios, mientras se encontraban bajo custodia del Estado en el Cefereso 16 en Morelos. Durante esta visita, 21 personas servidoras públicas se entrevistaron con 41 mujeres que contaban con antecedentes en materia de salud mental y que deben ser atendidas con urgencia”, expuso el Instituto.

Las indagatorias resultaron en una primera lectura: Las 13 mujeres que cometieron suicidio entre el 20 de julio de 2021 y el 6 de diciembre de 2023 en el Cefereso 16, no tuvieron acceso oportuno a servicios psicológicos y psiquiátricos adecuados y las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado fueron inapropiadas. Así lo determinó la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Cefereso 16 y los suicidios de mujeres en reclusión llega a la Corte Interamericana

El organismo también identificó irregularidades en la investigación realizada por la Fiscalía de Morelos relacionada con las muertes y planeaba interponer denuncias administrativas en contra de los servidores públicos responsables.

Además, precisó que no llevaron a cabo mayores diligencias tendientes a investigar y determinar si existe alguna responsabilidad penal del personal de esa prisión, en tanto no se agotó el principio de exhaustividad y omitieron apoyarse de instrumentos internacionales, como el Protocolo de Minnesota -que contiene procedimientos que deben realizarse cuando acontece una muerte potencialmente ilícita-.

En respuesta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación 276/2023 dirigida al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) por violaciones a los derechos humanos y a la Fiscalía General del Estado (FGE) por omisiones y dilaciones en la investigación de dichos casos.

Para emitir esta recomendación, la CNDH llevó a cabo un estudio en materia de Antropología Social, el cual, en términos generales, señaló que las víctimas se encontraban en una situación de vulnerabilidad social, tomando en consideración que 86% de las mujeres privadas de la libertad en el Cefereso son madres de niños pequeños y provienen de distintas regiones de México, lo que implica lejanía con sus vínculos vitales y trae como consecuencia el abandono.

“Ante los decesos por suicidio acontecidos en el Cefereso 16, resulta indispensable que la autoridad del OADPRS, en el modelo de gestión penitenciaria, visibilice y considere una perspectiva interseccional, tomando en cuenta de forma permanente y precisa las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las mujeres privadas de la libertad, cuyos contextos sociales, familiares, económicos y/o culturales son diversos a los de los hombres, y que por tanto ameritan un enfoque diferencial y especializado que observe de manera integral la salud física y mental, la atención de riesgo suicida, el encierro prolongado, la obstaculización en la comunicación con el exterior, así como el tratamiento y atención predominante en cuanto a los duelos y estados de depresión; en ese mismo sentido, como factores detonadores de conductas de riesgo suicida, se fortalezca la intervención por parte del personal médico, psicológico y psiquiátrico en el tránsito de duelo”, (CNDH)

El organismo de derechos humanos también determinó que hubo retrasos significativos en la atención de emergencia que se brinda por parte de los custodios y el servicio médico del centro. Consecuentemente, se exigió que las -entonces- 13 mujeres fallecidas y las 18 víctimas indirectas fueran incluidas en el Registro Nacional de Víctimas, así como la reparación integral, indemnizaciones y la provisión de atención médica centrada en la salud mental.

Ahora, si bien lo más escandaloso en este caso del Cefereso 16 que llegó a la prensa nacional e internacional fue el suicido colectivo de 13 mujeres, lo cierto es que las raíces de la violencia son más profundas y tiene un sistema activo que respalda su continuidad.

Es de resaltar que no hay ninguna persona detenida por su responsabilidad en las muertes de estas mujeres.

Escarmiento de Estado

El Cefereso 16, entre otras cosas, también se ha convertido en un brazo articulado del Estado para ejercer el punitivismo, criminalización y el aislamiento de ciertas mujeres que se tornan incómodas para el sistema como Brenda Quevedo Cruz, quien fue acusada del homicidio y secuestro de Alberto Wallace en julio del 2007, uno de los casos más grandes de la historia contemporánea debido a la desaparición del hijo de una acaudalada familia mexicana y la lucha de su madre, Miranda de Wallace por encontrarle que terminó por convertirse en un paladín «por la justicia».

Lo que rodea al -apodado- Caso Wallace son factores como la corrupción, versiones contrariadas y encubrimientos gubernamentales sobre cuál es el verdadero trasfondo de la desaparición de Alberto.

En medio de este proceso, la señora Wallace inició un proceso de criminalización mediático y ejerció presión a las autoridades para detener a Brenda Quevedo quien fue aprehendida el 28 de noviembre del 2007, aún cuando no existían pruebas que la involucraran con el homicidio de Alberto.

En su peregrinaje por la libertad, también fue derivada al Cefereso 16, donde permaneció recluida hasta el 26 de junio del 2024 cuando se logró que continuara su proceso en libertad a través del arraigo domiciliario.

Brenda Quevedo es sobreviviente de actos de tortura sexual, ocurrida en el contexto de su detención, privación de la libertad y violaciones que recientemente se acreditaron en la recomendación VG127/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Brenda Quevedo permaneció por más de una década privada de su libertad sin recibir sentencia. Pasó sus últimos años penitenciarios, al interior del Cefereso 16 donde también fue aislada de su familia y encerrada bajo condiciones de tratos crueles, alimento en mal estado y tortura a manos de las autoridades.

Privatización de cárceles; negocio acaudalado

¿Sabes qué pasa aquí?, pregunta Viridiana Molina, defensora en la organización Artículo 20 y ex interna del Cefereso 16, «un pinche negociazo que tienen con nosotras y que sólo beneficia a Slim, porque a él se le paga la licitación del Cefereso 16 por manejar el Grupo Inbursa y ser dueño del grupo que nos da la comida».

México es el séptimo país con mayor población penitenciaria, de acuerdo con el Prison Studies, World Prison Brief International Centre for Prison Studies, alcanzando picos sostenidos desde hace 10 años; 255 mil 638 personas permanecen privadas de su libertad, buena parte bajo condiciones penitenciarias de extrema violencia, resistiendo a prácticas de tortura y contextos de vulnerabilidad.

Entre el caos del punitivismo mexicano, el sector privado se embolsa una rebanada grande del recurso público y desde hace años, ha logrado -exitosamente- hacer negocio con los centros penitenciarios.

El Estado mexicano decidió abrir un esquema de privatización y acreditación para que el sector privado metiera las manos en el sistema penal y «apadrinara» la construcción y atención de algunos centros de reclusión en todo el país.

Han pasado 15 años desde que Felipe Calderón anunciara en su Cuarto Informe de Gobierno este sistema conjunto con el sector privado y durante el primer semestre de 2010 se desarrollaron lineamientos de diseño y, en coordinación con las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público, se definieron las condiciones jurídico financieras del proyecto que expidió una serie de contratos por hasta 20 años, todo ello, bajo la premisa de una mejor sustentabilidad y una ligera «liberación económica» del Estado mexicano para maniobrar con mayor libertad sus recursos presupuestales.

Así, se cuadró un escenario idóneo donde el sector privado llegaría como el brazo económico salvador del Estado por el módico sacrificio de representar un cargo multimillonario al Presupuesto de Egresos de la Federación cada año.

De esta manera, el Cefereso 16 se convirtió en un sólido negocio bilateral entre la inversión privada y el gobierno mexicano que desde hace años, produce una cuantiosa derrama económica.

Hace 10 años el Grupo Ideal -perteneciente a la compañía CRS Morelos S.A de C.V-  presidía el millonario negocio, hasta 2019 cuando CRS Morelos y el Grupo IDEAL fueron compradas por el hombre más rico del país: Carlos Slim y su bastión, el Grupo Inbursa.

De acuerdo con el informe anual del Grupo IDEAL, CRS Morelos S.A de C.V tiene, desde el 31 de diciembre del 2017 el 100% de la participación en el Cefereso 16, esto a través de la construcción y administración del centro.

Asimismo, el documento Proyectos México Oportunidades de Inversión, presume como una oportunidad de inversión al Cefereso 16 de Coatlán del Río en Morelos, a través del diseño, construcción, mantenimiento, cubrir requerimientos físicos, materiales y tecnológicos a efecto de que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) pueda llevar a cabo todas sus funciones penitenciarias con éxito.

Este proyecto se logró a través de un contrato de prestación de servicios por un plazo de 22 años bajo el aval de Banobras y Fondo Nacional de Infraestructuras (Fonadin).

Ahora bien, entre las cláusulas del contrato se encuentra:

«El inmueble y sus instalaciones, concluida la vigencia son propiedad del proveedor, NO DEL GOBIERNO, o bien podrán ser objeto de un nuevo contrato».

En 9 años, el Gobierno de México ha pagado 85 mil 398 millones de pesos y se proyecta que, al final de los contratos (para 2035), habrá depositado un total de 276 mil 619 millones de pesos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 2021, el Grupo Inbursa (a través de CRS Morelos S.A de C.V) percibió un pago de 1 mil millones 925 millones pesos esto, por sostener y cubrir los gastos de -hasta ese entonces- 806 mujeres privadas de su libertad que, supuestamente, representan un gasto diario de seis mil 634 pesos para el sector privado, lo que convierte al Cefereso 16 en el Centro más costoso de todo el país por persona, una cifra contrastante con el número tan bajo de mujeres privadas de su libertad.

En un ejemplo concreto, el Centro Penitenciario de Sonora que alberga -según el registro 2021- a 2 mil 5 personas, también se rige bajo un contrato con el sector privado; a este Centro el Gobierno extendió un pago anual mil 824 millones de pesos, es decir, 31 millones de pesos menos que el pago que recibió el Grupo CRS de Carlos Slim en el mismo periodo de tiempo.

Viridiana Molina refiere que ha denunciado esta situación desde hace años, particularmente, entre los grupos de Carlos Slim y Genaro García Luna, quien fue uno de los beneficiarios de estos contratos durante el calderonismo; el asunto medular es que los grupos de Slim se sirven con la cuchara grande en el Cefereso 16, pues además, desbancaron al Cosmopolita «las cosmitos«, un grupo que se encargaba de proveer alimento a todos los Ceferesos del país.

«Se sacan a las cosmos y entra el grupo de los verdes para darnos comida, eso es del mismo Slim y es cuando se da la intoxicación masiva en 2022. Carlos Slim le dice al gobierno: Te hice un Centro con 4 mil lugares, lleno o no, ustedes deben pagar esos cupos porque se está pagando el recurso para que funcione».

Lo que sí se cumplió fue que, apenas unos días después del anunció del -entonces- presidente, repuntaron los traslados; esto sólo sería el inicio de una bola de nieve que reventaría cuando el Estado intentara «aprovechar» el recurso del sector privado a través de el traslado de mujeres de todo el país al Cefereso 16, todo ello, sin importar si pertenecían al fuero común o federal, el objetivo era concreto: Llenar el espacio.

El 21 de octubre del 2015, se hizo público a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo por el que se incorporó el Centro Federal de Readaptación Social número 16 al Sistema Penitenciario Federal, con la firma del entonces secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

Durante el 2016, el Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia asistió al Cefereso16, como parte de la supervisión de las instalaciones a un mes de entrar en funcionamiento, recorrió módulos y escuchó a algunas internas a las que expresó: “estar en un centro penitenciario no implica de ninguna forma la violación de derechos, ni arbitrariedades ni agresiones”.

Sales Heredia anunció que en este Centro Penitenciario Femenil, estarían permanentemente representantes de la Comisión Nacional de Seguridad, para escucharlas y buscar solución a sus problemas. En el recorrido también estuvieron presentes la entonces directora del Cefereso 16, María de los Ángeles García Martínez.

Sí, López Obrador dijo en una mañanera que los Ceferesos eran cárceles de lujo, refiere Viridiana Molina y sucintamente denuncia que, sólo dos semanas después, se iniciaron los traslados masivos no sólo de mujeres, sino de hombres también.

El asunto aquí, es que las mujeres -algunas de entidades lejanas como Monterrey o Quintana Roo-, quedaron encerradas en el Cefereso de Morelos, mientras que la mayoría de los hombres ya han sido regresados a sus entidades de origen.

Los fueros

Cuando se desdibuja la línea de ambos fueros; federal (delitos de corte nacional como daños a la salud o enriquecimiento ilícito) y común (delitos individuales como homicidio o robo). Se reproduce un escenario de múltiples violencias estructurales y agresiones entre las mujeres que habitan el Cefereso. A este capítulo, Viridiana Molina lo nombra «cuando estalló la dinamita».

Es importante recalcar que Viridiana fue una de las primeras mujeres en ser trasladadas al Cefereso 16, proveniente desde Tepic, llegó junto a otras mujeres provenientes de las Islas Marías; el espacio era grande y las primeras dinámicas de poder comenzaban a gestarse, hasta encauzar al día de hoy en un fenómeno incontenible de muertes por negligencia y suicidios.

«Debemos pensar en mujeres que sólo conocen el vivir a través de la violencia y la constante supervivencia; mujeres que llegan al Cefereso y deben convivir con otras compañeras del Penal de Topo Chico o de El Bordo. Muchas mujeres del fuero federal tuvieron qué aprender a sobrevivir, a aprender que habrán otras que les quitarán sus zapatos y a dormir con una pluma atorando la puerta porque sino, se les meten en la madrugada y les van a dar», narra la activista.

¿Cómo fue tu paso en el Cefereso 16?: Recuerdo cuando nos llevaron perfiles de sentencias de 120 o 130 años, mujeres a las que les vale madre matar a quién sea, esto no lo digo como activista, ni tampoco con intenciones de discriminar, sino como mujer que estuvo ahí adentro y lo vivió. Hay que defenderse y luchar por sobrevivir. Hay mujeres que se han puesto de acuerdo para quebrar las cámaras y crear puntos ciegos para golpearte. Nos dieron en la madre, con tal de llenar el lugar y poco les importó que lo que hicieron era un tema de seguridad nacional.

A través de la organización Artículo 20, conformada por familiares de mujeres privadas de su libertad y sobrevivientes, Viridiana Molina ha documentado que, desde principios de año ha existido un repunte de hombres que laboran al interior del Cefereso; guardias de seguridad que, Viridiana ha señalado por iniciar relaciones románticas que son asimétricas y violentas, en añadidura, dan pie a dinámicas de poder que merman la salud mental de las mujeres y reproducen sentimientos de angustia, tristeza y ansiedad.

Asimismo, la activista refiere que, al estar aisladas y con la posibilidad de sólo realizar una llamada cada 4 días, algunas mujeres negocian favores con estos guardias; una llamada telefónica a cambio de tocamientos de corte sexual en senos y genitales.

Viridiana les apoda a esos hombres «el sultán», funcionarios que eligen mujeres para iniciar relaciones sexoafectivas, para posteriormente, socavarlas emocionalmente y, dejarlas en un contexto de vulnerabilidad que, combinado con factores como el aislamiento y la dependencia a medicamentos controlados, tensan la estabilidad emocional de múltiples mujeres que no cuentan con redes de apoyo cercanas para sostenerse.

«¿Tu crees que ahí adentro no se hacen vínculos? Estos son hombres que también son inestables porque prácticamente también están privados de su libertad, pasan 24 horas ahí encerrados porque no hay personal. Se enamoran de las internas, reproducen codependencias e inician relaciones que son violentas y desembocan en las autolesiones de algunas compañeras, son detonantes en la salud de las mujeres; oficiales que las engañan [infidelidad] y después, viene la extrema violencia entre nosotras».

Cuando estaba recluida en el Cefereso 16 dedicaba sus días a hacerle pedicure a sus compañeras, les daba masajes en sus pies cuando las notaba decaídas y convertía esta rutina en un espacio seguro de sanación, ahí siempre pensaba en un hecho inequívoco:

«Entender que estás ahí es doloroso, que estás privada de tu libertad, es un proceso donde nos vemos como enemigas pero entendí que no era así, que las compañeras eran igual que yo y que estaban atravesadas por el mismo sistema opresor. Esta es una de las claves: Todas las que estábamos ahí, antes de ser victimarias, fuimos víctimas».

Autoridades frente al Cefereso 16

Paralelamente, el Congreso de Morelos también ha llevado esta crisis a la Cámara de Diputados, donde políticas como Anayeli Muñoz del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano exigió investigar los suicidios de las mujeres y esclarecer los hechos.

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El Congreso de Morelos exhortó a investigar el suicidio colectivo, asimismo, pidió al Cefereso 16 entregar en cuanto antes, los documentos requeridos por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero ninguna de estas demandas se ha cumplido hasta la publicación de este texto.

Un año después de esta denuncia, a finales de 2024 el diputado Alonso de Jesús Sotelo Martínez volvió a exhortar al fiscal general del Estado a que informara al Poder Legislativo sobre qué seguimiento se le habían dado a las recomendaciones de la CNDH, “recordamos que las mujeres privadas de la libertad no pierden sus derechos humanos al trato digno, a la salud, a la integridad, pero sobre todo a que tengan acceso a la justicia”, sostuvo el diputado.

A la propuesta del legislador se sumaron las diputadas Nayla Carolina Ruíz Rodríguez, Martha Melissa Montes de Oca Montoya, Ruth Cleotilde Rodríguez López y los legisladores Rafael Reyes Reyes y Luis Eduardo Pedrero González.

Para julio del 2024, el caso también arribó a la Cámara de Senadores, donde la legisladora Geovanna Bañuelos solicitó al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, rendición de cuentas sobre las medidas que ha tomado para prevenir nuevos casos de suicidio en el Cefereso 16.

Asimismo, advirtió que el aumento de suicidios representa una crisis humanitaria y que los centros de Readaptación Social en nuestro país se volvieron espacios de reclusión, castigo y abandono, sobre todo para las mujeres.

El avance de la denuncia contra el Cefereso y la sentencia de la Corte Interamericana

El 12 de noviembre del 2024, el Caso Cefereso 16 llegó a la Comisión Interamericana, siendo Taissia Cruz Parcero, titular de la Defensoría Pública, acompañada del representante Christopher Sánchez quienes abrieron la audiencia, denunciando frente a la comisionada de la CIDH, Roberta Clarke, la situación de violencia y vulnerabilidad que viven las mujeres privadas de la libertad al interior del Centro.

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En esta exposición argumental se refirió que, desde el 2021 hasta el pasado 5 de noviembre, las mujeres continuaban cometiendo suicidio; muertes en custodia que debieron ser prevenidas.

«Algunas están confinadas en su celda las 24 horas del día, también, se detectó que se han suscitado riñas donde las autoridades no han intervenido, tampoco hay acceso a atención ginecológica, ni odontológica, (son) muertes en custodia que pudieron evitarse si el estado hubiera cumplido con las obligaciones en materia de derechos humanos y que ya han deparado en 19 muertes prevenibles», denunció Sánchez ante la CIDH.

Desde el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, los representantes del Estado Mexicano reconocieron que, si bien existían deficiencias, eran ellos los principales interesados en contener la situación, además, recordaron que el Cefereso 16 apenas si ha logrado un 50% de su capacidad por lo que las internas gozan de espacios de esparcimiento amplios; una versión que se contrapone a los dichos de las mismas mujeres privadas de su libertad y entrevistadas por Cimacnoticias, quienes aseguraron que, si bien el Centro cuenta con una extensa construcción, el espacio de esparcimiento es sofocante y algunas, no pueden estar, siquiera, a cielo abierto pues los pabellones están techados.

Jacobo Rodríguez y Richard Rubina apuntaron a que en el Cefereso 16 hay 2 modelos; el primero, donde las mujeres están en semi libertad y el segundo, donde están alienadas a un módulo de seguridad, rechazando así, la ofensiva de la sociedad civil que denunció la reclusión aislada y la sujeción.

Al iniciar las indagatorias sobre el suicidio, los representantes del Estado se defendieron señalando que ya habían realizado un estudio profundo sobre el contexto que atraviesa a las mujeres del Cefereso y el resultado de esta línea de investigación fue: El abandono familiar es la causa del suicidio de estas mujeres.

Según la defensoría del Estado, el gobierno de Morelos, en conjunto con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, ya habían desarrollado servicios de atención psicoterapéutico, además, de haberse realizado el levantamiento médico de todas las mujeres para determinar análisis internos y externos para reconocer los motivos del suicidio.

Además, expusieron que ahora las mujeres ya han aprendido a gestionar de mejor forma su salud mental, se ha sensibilizado al personal y también, se ha procurado la conexión con su familia a través de videollamadas. Asimismo, presumieron mesas jurídicas, talleres literarios, traslados a Monterrey, Nuevo León para que las mujeres estén cerca de su familia y logrado viajes para que familias enteras puedan volver a ver a las mujeres que habitan el Cefereso; todo esto, tuvo un «mejor clima de convivencia y mejores relaciones internas».

En respuesta a los argumentos presentados, Roberta Clarke, comisionada de la CIDH, en conjunto con Andrea Pochack y Edgar Stuardo Ralón -especializado en crímenes de tortura en personas en situación de reclusión- cuestionaron si las acciones afirmativas del Gobierno eran suficientes y denunciaron la necesidad de atender las necesidades de las mujeres privadas de la libertad quienes, usualmente, no reciben ningún tipo de cuidados, permanecen más tiempo en prevención preventiva  y lidian por su cuenta con sentimientos de abandono y desesperanza.

La CIDH pidió al Estado coordinar una visita al Cefereso 16 y entregar un documento con el estado de salud de cada una de las internas; información crucial para determinar una recomendación objetiva en un futuro próximo y que, de lograrse un fallo a favor de la sociedad civil, se alcanzaría una sentencia histórica donde se reconoce el desacato del Estado por la dignidad y una vida libre de violencia de las mujeres en situación de reclusión.

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El Centro Federal de Readaptación Social femenil número 16 en el estado de Morelos, debe ser juzgado y conocido a nivel internacional, con denuncias precisas de responsables de este feminicidio sistémico contra las mujeres internas y sus familias para nunca olvidar este capítulo violento en la historia de México.

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