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08.03.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México. – En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) exigió al Estado mexicano garantizar la reparación integral del daño a las víctimas de la violencia feminicida y a sus familias. La impunidad, la revictimización y el desamparo institucional siguen siendo la norma, dejando en el abandono a quienes buscan justicia.
México: un país donde la justicia llega tarde o nunca
En México, el feminicidio sigue siendo una de las violencias más crueles contra las mujeres. De acuerdo con cifras oficiales, entre 2015 y 2024 se han registrado 28,977 asesinatos de mujeres, de los cuales 8,127 (28%) se investigan como feminicidios.
En 2024 fueron asesinadas 3,395 mujeres, adolescentes y niñas; sin embargo, sólo el 23% de los casos se investigaron como feminicidio. Los estados con mayor incidencia de feminicidios ese año fueron CDMX, Estado de México, Morelos, Nuevo León y Veracruz. Chalco, Chihuahua, Ecatepec, Iztapalapa, Juárez, Monterrey, Nezahualcóyotl y Tijuana.
A pesar de los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que estos crímenes sean investigados con perspectiva de género, en la práctica, la mayoría de los casos quedan impunes, perpetuando el dolor y la injusticia para las familias.
Violencias que siguen sin ser atendidas
Este 8 de marzo llega en un contexto en el que, a pesar de los años transcurridos desde la adopción de plataformas como Beijing y la reciente conmemoración de la Convención de Belém do Pará, donde se han establecido directrices para el avance de derechos, las leyes y políticas en México siguen sin garantizar el acceso efectivo a los derechos de las mujeres. El reconocimiento legal de violencias como la vicaria, la digital y la política refleja la diversidad de agresiones que enfrentan mujeres, niñas y adolescentes. Sin embargo, estas leyes y políticas públicas no se traducen en una protección real debido a la omisión, negligencia, corrupción e incapacidad del Estado para prevenir y sancionar estas formas de violencia.
La reparación integral del daño es un derecho de las víctimas y una obligación del Estado
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara: la reparación debe incluir garantías de acceso a la justicia, verdad y medidas de no repetición. Esto implica no solo sancionar a los responsables, sino también adoptar acciones concretas para resarcir a las víctimas, sus familias y a la comunidad.
Una reparación integral debe garantizar medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición, tanto en dimensiones individuales como colectivas, materiales, morales y simbólicas. Además, el Comité de la CEDAW ha instado a las autoridades mexicanas a tratar a las madres y familiares de las víctimas con respeto, consideración y compasión, sancionando a las autoridades que incurran en tratos crueles e inhumanos. También ha enfatizado la necesidad de garantizar mecanismos de representación legal efectivos para las víctimas en las investigaciones y procesos penales.
No se trata solo de una obligación jurídica del Estado, sino de una deuda histórica con miles de familias que han sido ignoradas y silenciadas.
Justicia para las víctimas
El OCNF llama al Estado mexicano a garantizar una reparación integral del daño a las víctimas de la violencia feminicida, cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas y brindar una respuesta efectiva ante crisis. No bastan las declaraciones oficiales: el país necesita medidas concretas que restituyan la dignidad y los derechos de las víctimas y que garanticen el acceso a la justicia.
