* Asegura que fue malinterpretada.
/Redacción /
Cdmx 04 noviembre 2019.- En una carta emitida desde la Secretaría de Gobernación su titular, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer su postura frente a lo ocurrido durante su visita a Baja California llevando la representación presidencial a la toma de de protesta de Jaime Bonilla como Gobernador de esa entidad.
Sánchez Cordero asegura que no había autorizado fuera grabada por el equipo del hoy mandatario por lo que dio a una aparente falta de cortesía.
“En el caso de la extensión del periodo de gobierno en Baja California, siempre he sostenido mis argumentos jurídicos acerca de este hecho, jamás los he variado, nunca he mentido, ni he engañado a nadie. Mi posición respecto a ese hecho está consistentemente basada en el análisis jurídico de sus variables legales” sostiene.
En un amplia explicación refiere que en toda su trayectoria ha mantenido una postura íntegra e intachable, poniendo por delante, invariablemente, el respeto a la ley y el interés superior de la nación y en el caso Baja California no es la excepción, dice
“En este caso, insisto, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tenga la decisión definitiva, sabiendo que uno de los análisis actuales de la situación indica que es posible perviva la norma aprobada por el Congreso estatal. Como siempre lo he sostenido en mi carácter de secretaria de Gobernación, seguiré siendo plenamente respetuosa de las jurisdicciones del Estado”.
Carta de posicionamiento de Olga Sánchez Cordero.
Respetados ciudadanos, a quienes tengo la alta responsabilidad y el honor de servir:
La vida es la continua oportunidad de confirmar que nunca dejamos de aprender y de entender que si algo está lejos de los seres humanos, es la perfección.
Lamento, profundamente, las malas interpretaciones a las que dio pie la aparente falta de cortesía que reflejé en el video grabado el viernes en Baja California, sin mi conocimiento ni autorización.
Sin embargo, afirmo que, tanto en público como en privado, mis valores y razón dan congruencia a mi actuar.
En el caso de la extensión del periodo de gobierno en Baja California, siempre he sostenido mis argumentos jurídicos acerca de este hecho, jamás los he variado, nunca he mentido, ni he engañado a nadie. Mi posición respecto a ese hecho está consistentemente basada en el análisis jurídico de sus variables legales.
En mi trayectoria personal y en el servicio público como la primera notaria de la Ciudad de México, constituyente de la misma metrópoli, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, senadora de la República con licencia y secretaria de Gobernación, entre muchas otras responsabilidades ejercidas en el transcurso de mi vida, he mantenido una postura íntegra e intachable, poniendo por delante, invariablemente, el respeto a la ley y el interés superior de la nación.
El caso de Baja California no es la excepción.
Con relación a la ampliación del periodo del gobierno de esa entidad federativa, reitero mi postura definida en los términos utilizados, tanto en mis intervenciones ante los medios de comunicación masiva, como en el Senado de la República y el video en cuestión.
Considero, y así lo declaré, que en este momento el bando recibido por el gobernador de esa entidad es legal, en virtud de que prevalece la norma vigente del Congreso local, que prolongó de 2 a 5 años el periodo de gobierno, estando, sí, en entredicho su constitucionalidad.
Como también lo he declarado en distintas entrevistas, se trata de un asunto que corresponde resolver, única y exclusivamente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que será la encargada de determinar si la norma emitida por el Congreso local es o no inconstitucional, de lo que dependerá la duración del mandato del actual gobernador.
Efectivamente, en algunas entrevistas fui cuestionada sobre el tema, manifestando que mi postura como jurista es hoy la misma que ayer me llevó a votar, en escenarios similares siendo magistrada, por la inconstitucionalidad de hechos así, como lo expresé en mi comparecencia en la Cámara Alta.
Lo anterior, de ninguna manera indica que en este caso la autoridad competente vaya a emplear el mismo criterio, toda vez que, precisamente el “esgrima jurídico” que mencioné en el video y es parte de los escenarios inmediatos, muestra que el problema radica en quién está legitimado para promover la acción legal.
En este caso, insisto, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tenga la decisión definitiva, sabiendo que uno de los análisis actuales de la situación indica que es posible perviva la norma aprobada por el Congreso estatal. Como siempre lo he sostenido en mi carácter de secretaria de Gobernación, seguiré siendo plenamente respetuosa de las jurisdicciones del Estado.
Siento mucho las interpretaciones dadas al referido video por diferentes actores sociales, políticos, periodísticos y de las redes sociales, sobre la manera de expresarme.
Sostengo que mis argumentos en público y privado, son congruentes y totalmente respetuosos de los ámbitos de competencia de los poderes del Estado.
Como mujer, madre de familia, abuela, esposa, ciudadana, jurista, constitucionalista y funcionaria pública me he conducido y seguiré conduciéndome con congruencia, valores, convicciones y argumentos, por lo que como secretaria de Gobernación continuaré defendiendo y manteniendo la reputación personal y profesional que a lo largo de mi vida he sostenido y hoy pongo al servicio de la dependencia a mi cargo y nación.
Con esa misma determinación, perseveraré, como ser humano imperfecto, en mi decisión de seguir sirviendo cada vez mejor a México.
Eventualmente podré equivocar una expresión, más mi honestidad e integridad seguirán rigiendo permanentemente mi vida en lo público y privado, estando siempre por encima de cuestionamientos y de cualquier interés que no sea el superior de mi país.
Respetuosamente
Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación
