09 de Diciembre de 2019
La titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Mercedes Santoyo Domínguez, compareció ante diputadas y diputados de la LXV Legislatura, como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, y explicó las acciones implementadas durante este año y además contestó las preguntas de las y los legisladores.
A las 10:13 horas, la diputada Rosalinda Galindo Silva y el legislador Eric Domínguez Vázquez, presidenta y vocal, respectivamente, de la Comisión de Hacienda del Estado, dieron la bienvenida a la Contralora y, tras darle a conocer el formato correspondiente, iniciaron la comparecencia.
En la primera ronda y en nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado José Manuel Pozos Castro, preguntó sobre el monto pagado a proveedores de administraciones pasadas y el estatus de estas deudas, por qué disminuyó a 161 los procedimientos administrativos disciplinarios y el motivo por el cual sólo se ha determinado el 35 por ciento de las 178 acciones de auditoría.
La Contralora respondió que hará llegar, en el plazo legal de 48 horas, la información al legislador en relación con los montos de adeudo a proveedores. Agregó que, desde su llegada al cargo, ha instruido a los Órganos Interno de Control (OIC), ser exhaustivos y privilegiar la calidad, más allá de la cantidad, respecto a las revisiones y análisis. Expuso que de las observaciones hay, al momento, 24 con informe de presunta responsabilidad y tres en calidad de pendiente.
Del Grupo Legislativo Mixto Acción Nacional-Veracruz, la diputada Judith Pineda Andrade cuestionó qué ha hecho la CGE para informar a los secretarios sobre los subejercicios, el daño patrimonial al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), los programas implementados para combatir la corrupción y las acciones, derivado de la adquisición de camionetas Hilux por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) y el arrendamiento de patrullas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
La funcionaria contestó que, en mayo de este año, siendo ella Directora General de Fiscalización de la CGE envió un oficio a todos los OIC de las dependencias para que, a su vez, solicitaran a cada unidad administrativa el llenado de una matriz en la que se incluye el programa, ramo, monto, cuánto había llegado del recurso y cuánto se había ejecutado.
Ahora como Contralora “le he pedido al Director General de Fiscalización que le dé seguimiento y le daremos seguimiento puntual y no podríamos hablar de subejercicio porque aún nos queda diciembre para completar”.
Explicó que fue parte integrante del SEA y constató presuntas irregularidades de las que, en su momento, solicitó las aclaraciones pertinentes. Refirió que, en combate a la corrupción, revisó las atribuciones de la Contraloría y que para el 15 de marzo de 2020 habrá manuales, estructura administrativa y reglamento interior; asimismo que preparan metodologías en sistemas de gestión de riesgos, enfocado en la productividad.
También subrayó que sobre adjudicaciones, la CGE participa en los comités o sub comités y ahí exponen sus pronunciamientos, que están asentados en las actas de cada reunión. Detalló que el OIC de la Sedarpa hizo los comentarios sobre la adquisición de camionetas, sobre todo, por el cumplimiento de la política de austeridad y contención del gasto y que está en curso la investigación por el arrendamiento de patrullas.
El coordinador del Grupo Legislativo Del Lado Correcto de la Historia, diputado Gonzalo Guízar Valladares, preguntó por qué no se ha agilizado la emisión de los dictámenes necesarios, que deben dar los OIC de las dependencias del Ejecutivo, para que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) integre a su programa de pago de deuda a los empresarios a los que se les adeuda.
Expuso el legislador que los OIC dependen jerárquicamente de la Contraloría, pero presupuestalmente no, son de la dependencia a la que están adscritos, lo que les permite poca independencia, por lo que se pronunció por realizar alguna reforma para que estos órganos dependan totalmente de la CGE.
La Contralora señaló que, respecto a los pasivos que se debe a proveedores, la dependencia está comprometida a dar celeridad a la revisión y a la verificación de todos los casos que les pasen las unidades administrativas y enviándolos a donde corresponda.
El legislador Raymundo Andrade Rivera, de Morena, cuestionó a la Contralora en torno a las cifras sobre los procedimientos disciplinarios administrativos aplicados en 2019 con referencia a 2018 y en qué dependencias se registró el mayor número de procedimientos.
La respuesta de la funcionaria fue que hubo un incremento en los casos debido al mayor control que se tiene y a la constante revisión que ahora se realiza en las dependencias.
A las preguntas de la diputada de Morena, María Esther López Callejas, en relación con si las 57 inhabilitaciones corresponden a servidores públicos de la actual administración y qué estrategias tiene la CGE en materia de gobierno abierto, la Contralora informó que dichas inhabilitaciones corresponden a exservidores públicos, pero existen actualmente cinco procesos abiertos contra servidores públicos de la actual administración.
Además, expuso que con la Sefiplan se integrará un programa para el cumplimiento de metas y que la Secretaría de Función Pública (SFP) proporcionará a las entidades plataformas digitales, con lo que se trabajarán las políticas de gobierno abierto y así la Contraloría no tendrá gastos innecesarios.
El diputado Eric Domínguez Vázquez, de Morena, cuestionó la evaluación primaria que se llevó a cabo a despachos externos que realizaron las auditorías de la cuenta pública 2018 y qué acciones han hecho para fortalecer a los OIC, así como sus áreas de oportunidad.
La Contralora respondió que analizaron los informes entregados por los despachos externos en cuanto a calidad de la información, limpieza, redacción, tiempo y forma, además de evaluar si las observaciones o recomendaciones fueron realizadas correctamente.
Agregó que, con base en este estudio, se adjudicó un puntaje donde los mejores calificados fueron integrados en un padrón de despachos externos para continuar trabajando con la dependencia e iniciar la evaluación de la cuenta pública 2019, dando prioridad a empresas veracruzanas.
Reconoció la importancia de realizar trabajos de capacitación dentro de los OIC, pues, de esta manera, se logra desarrollar acciones en equipo procurando el respeto entre los participantes. Señaló que así se favorece la realización de informes en conjunto, aportando ideas en una discusión sana para dar respuestas a las necesidades de cada dependencia.
Asimismo reconoció como área de oportunidad la rotación del personal entre dependencias, pues –consideró- así se estimularía un mejor funcionamiento del área al no haber algún tipo de situación que pudiera complicar su desempeño.
En su segunda intervención, la diputada Judith Pineda Andrade solicitó ampliar la información referente a los casos de supuestos nepotismos en diferentes secretarías y dependencias de Gobierno del Estado y qué ha hecho al respecto.
Santoyo Domínguez aseguró que se han hecho investigaciones en las diferentes dependencias donde aparentemente se presentaba este tipo de situaciones. Puntualizó que algunas de las investigaciones se encuentran cerradas por no hallarse conflictos de interés y en otras hubo renuncias por cuenta propia, sin embargo, no por ello, han quedado fuera del proceso. Aseguró que actualmente se encuentran abiertos 17 expedientes por nepotismo y/o conflicto de interés y que se tomarán las medidas pertinentes de acuerdo con lo que marque la norma.
Tras concluir las dos rondas de preguntas y respuestas, la diputada Rosalinda Galindo Silva agradeció la presencia de la Contralora Mercedes Santoyo y, siendo las 12:21 horas, concluyó la comparecencia.
