Por Yamiri Rodríguez Madrid
Durante años, en las periferias de las zonas arqueológicas de Veracruz, se vendían supuestas figurillas arqueológicas. En la mayoría de los casos, se trataban de réplicas de yeso que, mañosamente, los pobladores enterraban durante algunos meses para darles el aspecto de antiguo. Otras, desafortunadamente, sí eran piezas auténticas. Así, se perdió una buena parte de la historia de Veracruz. Muchas figurillas arqueológicas de gran valor terminaron en colecciones privadas, más allá de nuestras fronteras.
De ahí la importancia de la iniciativa que la semana pasada presentó el diputado federal panista, José Salvador Rosas Quintanilla, para reformar el Código Penal Federal, a fin de imponer penas de cuatro a 10 años de prisión a quien cometa robo de bienes culturales, propiedad de la nación, sin importar el objeto o el periodo histórico.
Rosas Quintanilla considera que proponer esta sanción es pertinente ante el daño que provoca para la historia de los pueblos, las arcas de la nación y el bienestar de la ciudadanía en general, pues el mercado de bienes culturales genera mayores ingresos a nivel internacional, sólo detrás del tráfico de drogas y de armas; es urgente erradicar el hurto, por lo que resulta necesario tener un marco legal pertinente para la prevención de este tipo de robo.
Pero, además, la iniciativa del legislador pone una vez más en evidencia de que no existe una base de datos centralizada de bienes y la proliferación de zonas arqueológicas o históricas sin ser exploradas a profundidad, pone al patrimonio cultural en estado de vulnerabilidad, además, lo expone al vandalismo y saqueo por parte de delincuentes que comercian en el mercado negro.
Tan solo en Veracruz se calcula que hay más de mil vestigios arqueológicos aún sin poder explorar dado que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no tiene ni los recursos económicos ni humanos para investigarlos, muchos menos para resguardarlos, lo que los ha dejado a merced de los saqueadores.
A decir del legislador, la incidencia de este delito deja un panorama desalentador; entre 2008 y 2018 el gobierno recuperó un total de 634 objetos que pretendían atravesar fronteras, lo que representa un grave problema, que también exige la labor de las autoridades aduaneras.
Ojalá y sea aprobada, aunque dadas las prioridades del país, se vislumbra difícil que exista interés por preservar nuestro rico pasado.
@YamiriRodriguez
