HORA LIBRE
Álvaro Belin Andrade.
Aunque apenas lleva cinco meses como encargada de la Fiscalía General del Estado, y en los últimos días en medio de la polémica por su parentesco con una integrante confesa del crimen organizado, Verónica Hernández Giadáns debe apresurar el análisis de los funcionarios heredados no solo del yunismo sino de muchos gobiernos anteriores que, en lugar de estar del lado de la justicia, ya deberían ser objeto de investigación por parte de los órganos encargados de procurarla.
Varias fiscalías regionales están copadas con personajes ligados directamente con las bandas delictivas y hasta se señala que, en el caso de Córdoba, forman parte de ellas en calidad de líderes; en otras más han levantado imperios de corrupción y de protección a criminales, mientras que en la mayoría de los casos se hace a un lado a las víctimas.
Si bien con Hernández Giadáns se ha visto más efectividad de la policía ministerial tanto en investigación como en detención de delincuentes, a nivel de piso, en varias regiones se conocen casos de fiscales que claman ser objeto de investigaciones ministeriales.
Un caso que cobró notoriedad esta semana se está dando en Martínez de la Torre, luego de generar escándalo en las redes sociales y en medios locales de comunicación, pues significa un ejemplo grave –según la denuncia de la víctima– de violencia de género que, por la posición del presunto victimario, se mantiene en total impunidad y, con su regreso a esa ciudad, constituye un riesgo inminente para la denunciante.
Se trata del abogado Jaime Callejas Lagunes, quien actualmente se desempeña como Fiscal segundo de Delitos Diversos de la Sub-Unidad de Procuración de Justicia en esa ciudad, y quien es señalado por Rosana N. de haberla sometido a privación ilegal de la libertad, violencia física y psicológica y tratos inhumanos, cuando fue su pareja.
La víctima ha narrado que, tras un periodo de noviazgo en Martínez de la Torre, ambos decidieron tener vida de pareja, primero cerca de Xalapa y finalmente en Cosamaloapan, a donde fue trasladado por exigencias del trabajo en la Fiscalía.
Fue en este último lugar donde Callejas Lagunes mostró su verdadera faceta de agresor sexual. De hecho, según narró la víctima en el Instituto Municipal de la Mujer en Martínez de la Torre (a donde acudió pues las instancias de justicia protegieron siempre al todavía fiscal), fue en la ciudad cuenqueña donde fue rescatada semidesnuda, luego de que pudo escapar de la casa en que el abogado la mantenía amarrada, golpeada, amenazada y sin alimentos.
Un presunto agresor sexual, en la Fiscalía de Martínez de la Torre
Fue en 2018 cuando conoció en Martínez de la Torre al abogado, según sus palabras un caballero, un personaje altamente educado, cortés y bien posicionado social y laboralmente, que después habría de mostrar su verdadera naturaleza depredadora.
En Cosamaloapan, relata, los días se volvieron terribles para ella, los minutos corrían al revés y mientras pasaba el tiempo, experimentaba formas cada vez más crueles en su existencia. El funcionario de justicia mostró su verdadero rostro de agresor, y ejerció contra ella violencia física, verbal, sexual, económica, psicológica, bajo el cobijo de su cargo.
Según la víctima, mientras él iba a su trabajo en la delegación de la Ministerial de Cosamaloapan, ella permanecía encerrada, sin dinero, sin comer, sin poder salir, y llegó el momento en el que era golpeada todos los días, amarrada sin ropa a una silla y amenazada de muerte. El martirio se extendió por varios meses hasta que pudo escapar, semidesnuda, y fue rescatada en un parque por unas mujeres de Cosamaloapan que le habrían dado cobijo durante un par de días y dinero para que pudiera regresar a Martínez de la Torre, lejos de su agresor Jaime Callejas Lagunes.
En Martínez, le cerraron las puertas en las instancias de justicia donde no le quisieron tomar la denuncia, y el año pasado Rosana N. se resignó y dejó de buscar justicia, limitándose a solicitar apoyo psicológico en el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Martínez de la Torre, para superar su trauma y seguir adelante con la vida que le estaban haciendo pedazos.
Hoy, para su infortunio, su agresor ha regresado a Martínez de la Torre. Jaime Callejas Lagunes, lejos de un castigo, recibe una recompensa, al ser nombrado Fiscal segundo de Delitos Diversos de la Sub-Unidad de Procuración de Justicia de Martínez de la Torre.
No solo de agresor sexual ha sido señalado. Desde 2010, según relatan periodistas locales que hicieron una investigación sobre el funcionario, fue acusado por abogados de corrupto, por favorecer a funcionarios y obstaculizar la justicia para privilegiar la impunidad. En ese entonces se le asociaba con el gobernador Fidel Herrera Beltrán.
Más tarde, tomó fuerza y poder en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, donde pasó a formar parte del grupo de privilegiados y favoritos del fiscal Jorge Winckler Ortiz, siendo protegido del caso de Rosana N. y quedando impune.
Ahora, en el gobierno de la Cuarta Transformación, a pesar de su pasado, puede presumir de gozar de una oficina en la Fiscalía de la que dice es su tierra: Martínez de la Torre, una ciudad que tienen como fiscal a un señalado como promotor de la violencia contra la mujer.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez declaró hace poco que su gobierno será más preciso en la persecución de delitos por odio de género, la agresión sexual contra mujeres, porque en la Fiscalía General está una mujer como encargada.
Por desgracia, el caso de Martínez de la Torre puede echar abajo esa percepción.
Liberar espacios públicos que han sido convertidos en privados
En las últimas semanas ha sido bien recibidas las acciones emprendidas por el ayuntamiento de Xalapa para la liberación de espacios públicos que han sido prácticamente agenciados por particulares.
Hace tiempo que la capital de Veracruz carece de espacios suficientes y amables para los peatones. Si las aceras o banquetas se han convertido, gracias a comerciantes, empresas telefónicas y particulares, en verdaderos vía crucis para el peatón común, para quienes tienen problemas de motricidad son prácticamente una aventura con altos grados de riesgo hasta para su vida.
No es solo que a lo reducido se le reduzca más con casetas telefónicas que ya pocos usan y, en algunos casos, ya ni aparatos telefónicos tengan, o con anuncios o extensiones del negocio.
Por su orografía, la mala leche de los pobladores y la eterna desatención de las autoridades municipales, casi todas las banquetas podrían utilizarse como escenarios para el juego de SuperMario Bros.: escalones, precipicios, rampas, arbustos selváticos, estacionamientos, alambradas y partes de casas invasoras.
Lo que están haciendo en el ayuntamiento está muy bien, aunque sea un inicio. Lo que hace falta es que eso se convierta en leyes o reglamentos que lleven consigo penalizaciones para quienes infrinjan las normas de vialidad.
¿Cómo castigar a quienes usan la vía pública como espacio privado?, ¿qué les parecería que por ley se pudiera sancionar a los particulares que hacen del espacio público una extensión de su propiedad, sea para convertirlo en estacionamiento privado o para rentarlo a otros, desbordar sus comercios en las aceras o despojar a los peatones de sus ya de por sí limitadísimos espacios para caminar?
En Ciudad Victoria se han establecido multas de 800 pesos y arrestos por unas horas contra los ciudadanos que aparten o bloqueen la vía pública para rentarla como estacionamiento. Al principio fue en una avenida en que se apartaban lugares con llantas, pero se ha generalizado al menos al centro de la capital tamaulipeca.
Y todo ello está establecido en el reglamento de tránsito, que establece una sanción por esta práctica, si bien los elementos no han aplicado multa alguna: las autoridades municipales ya están pensando en detener, con ayuda de la policía estatal, a aquellos que cobren estacionamiento y sean agresivos en zona de hospitales, con lo que lastiman al resto de los ciudadanos que tienen prisa de llevar a su familiar al hospital y tienen que pagar por estacionarse en lugares donde está permitido.
Y esta acción que está dirigida exclusivamente a quienes cobran estacionamiento en espacios que son públicos, podría extenderse a los comerciantes que arrojan al peatón al arroyo vehicular por ocupar sus espacios en las banquetas, a quienes usan la banqueta y parte de la calle para sus talleres mecánicos o lavaderos de autos e, incluso, a quienes suben sus autos a las banquetas para estacionarlos.
Xalapa es un escenario del caos en las vías públicas y, salvo el negocio tramposo de las grúas, que levantan a los autos estacionados en lugares prohibidos solo en el centro y ciertas áreas urbanas, no hay medidas que permitan a la autoridad imponer el orden buscando el interés más alto de la colectividad.
Frases sin disfraces
“Vine a La Flor del Guayabo y pedí una cubita y un privado con una ruca que estaba embarazada. ¿Saben qué significa? 2 x 1, putos”. Gibrán Ramírez Reyes. Politólogo e ideólogo de la 4T.
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