Rúbrica.
Por Aurelio Contreras Moreno.
Mientras el régimen de la autodenominada “cuarta transformación” se retuerce para encontrar la manera de controlar los daños causados a su imagen por su indolencia, ignorancia e insensibilidad ante la emergencia de feminicidios en México, con sus decisiones públicas demuestra cuáles son sus verdaderas prioridades. Mismas que no pasan por la defensa de la vida de las mujeres.
Y no nos referimos a las sistemáticas evasivas para discutir siquiera el tema de la despenalización de la interrupción del embarazo, que también cuesta decenas de vidas de mujeres –sobre todo pobres- cada año, y que en estados como Veracruz ha sido bloqueada por las propias autoridades estatales y legislativas de dizque izquierda, a pesar de que existen en la entidad dos alertas por violencia de género y una petición expresa por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para legislar al respecto.
Se trata de un asunto que ni siquiera entraría en los terrenos de la polémica pseudomoral ni del mezquino cálculo electoral, sino en el de la brutal irresponsabilidad de un gobierno que ya no sabe de dónde sacar dinero para financiar sus clientelares programas sociales.
Este jueves, la Fundación de Cáncer de Mama A.C. (Fucam) dio a conocer que tras dos meses de financiar con recursos propios la atención a pacientes en distintas fases de sus tratamientos oncológicos, ha tenido que suspender la gratuidad de los mismos debido a que a pesar de “nuestros resultados y la experiencia que nos respalda”, éstos “no fueron suficientes para concretar una alianza con el gobierno, lo cual nos deja imposibilitados para continuar brindando atención gratuita a la población más desprotegida del país”.
La labor del Fucam consiste en la atención a mujeres con problemas de cáncer sin acceso a servicios de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE. Y no solamente en cuanto a sus tratamientos oncológicos, sino que brinda atención integral, desde el diagnóstico hasta la rehabilitación, incluida la psicológica y la clínica, a través de los mejores especialistas en la materia.
Para ello contaba con un convenio con el Seguro Popular, el cual concluyó el pasado 1 de enero con la desaparición de este organismo decretada por el gobierno federal, el cual lo sustituyó, como se sabe, por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), mismo que desde su puesta en operación mostró tremendas deficiencias debido a la improvisación y absoluta falta de preparación con que fue echado a andar. El sello de la “4T”.
Pues en el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador decidieron que el Insabi no retomara el convenio con el Fucam, cuyas pacientes tendrán que ser canalizadas a instituciones de salud federales, mismas que desde que asumió el poder el actual régimen han sufrido problemas de desabasto de medicamentos y de ministración de recursos.
Esta absurda decisión lo que traerá como consecuencia es que se ponga en serio riesgo la salud y la vida de las pacientes con cáncer que recibían atención gratuita en el Fucam, con todo y que el nefando vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, afirme que “ninguna mujer que se atiende en la fundación Fucam quedará sin atención. Están garantizados tratamientos y medicamentos de todas las pacientes”, cuando la realidad es que no se dan abasto ni para la atención de los padecimientos no graves.
Y para que no quede duda quiénes son ellos, va la diatriba y la calumnia por delante: “Fucam es financiada en su totalidad con recursos públicos, es decir, dinero de todos los mexicanos”, mintió en Twitter Ramírez Cuevas. La Fundación se sostiene a través de donativos y, como ya se mencionó, tenía un convenio con el Seguro Popular para financiar los tratamientos, más no su operación.
Se trata, sin ambages, de otra manera de matar mujeres. Desde el poder.
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