El otro negocio de Odebrecht

Astrolabio Político

Por: Luis Ramírez Baqueiro

“La ambición es el último refugio del fracaso.” – Oscar Wilde.

Cuando el 21 de agosto de 2015 el Congreso de Veracruz aprobó a través de su Diputación Permanente la concesión del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) por 30 años a la empresa mixta Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), Sociedad Anónima Promotora de Inversiones de Capital Variable (SAPI de CV) con 8 de los 10 votos, muchos suponían ya la clase de contubernio que el gobierno de Javier Duarte había gestado.

Pese a los ya incontables escándalos de corrupción, que el gobierno de Duarte de Ochoa acumulaba, este incentivó y promovió la participación de la empresa brasileña Odebrecht a través de dos proyectos que les permitieron a dos subsidiarias de la compañía operar el agua y recursos energéticos en el estado de Veracruz.

El primero de los casos, fue para Grupo MAS, en donde Odebrecht Ambiental mantiene la mayoría de las acciones, favoreciéndole con una concesión a 30 años para el manejo del agua potable en el centro urbano más grande del estado -Veracruz y su zona conurbada-.

El otro proyecto facilitado por el exmandatario -actualmente preso en el Reclusorio Norte- se desarrolló en la región sur del Estado, en el municipio de Nanchital.

Se trata de la Planta Etileno XXI, construida por la subsidiaria Braskem Idesa, que impulsó primero como titular de la Secretaría de Finanzas en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, luego como diputado federal y después como gobernador de Veracruz.

Los escándalos de corrupción ligados a la empresa brasileña los conoce usted, lo más reciente, la detención del propio ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austín en España.

Pero el asunto no quedó ahí, la concesión otorgada a Grupo MAS filial de la empresa brasileña sigue provocando severos problemas a la población como consecuencia del pésimo servicio que presta.

Y es que desde ese fatídico 2015, han transcurrido cerca de seis años en donde los señalamientos por mal servicio se acumula, tan solo aquí un compendio de las muchas notas periodísticas que lo avalan: https://www.alcalorpolitico.com/informacion/siguen-reclamos-contra-mal-servicio-de-grupo-mas-y-companiia-de-agua-de-boca-del-rio-290378.html#.Xl6KFs5KiUk; https://eldemocrata.com/el-agua-de-grupo-mas-no-es-apta-consumo-humano-esta-contaminada/; http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=191203_080647_403

En todos los casos, son integrantes de la sociedad civil quienes manifiestan su inconformidad ante la serie de incumplimientos al permiso de concesión que el Congreso les otorgó.

Este reportero conversó en entrevista con el presidente del Movimiento Civil Independiente (MOCI), Oliver Olmos Cabrera, quien confirmó que han desarrollado a lo largo de un año una serie de acciones jurídicas con el objeto de poder conseguir que el Congreso revoque la concesión a Grupo MAS. https://encontacto.mx/confia-moci-en-retiro-de-concesion-a-grupo-mas/

El Ingeniero Civil explicó que muchas de los reclamos obedecen a la evidente violación a los términos de concesión que le fueron otorgados al grupo, sin que este en algún momento hubiera tomado medidas para remediarlos.

El activista confirmó que se está gestando una movilización que tendría su culminación en el Congreso del Estado, a más tardar los próximos días posteriores al 15 de marzo, donde esperan contar con la participación de ciudadanos de Veracruz y Boca del Río.

El asunto ha llegado al terreno mismo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya dedicó espacio en una de sus mañaneras para señalar que es a través de la Profeco como se esta evaluando el asunto, pues las quejas y reclamos se siguen acumulando.

Se estima que Grupo MAS acumulará multas por un monto cercano a los 50 millones de pesos tan solo por diferendos con usuarios ante la Profeco.

Elemento suficiente para justificar la aplicación de Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz, en sus artículos 97 y 98; sumado a que la misma Profeco podría emitir una solicitud directa al Congreso para revocar la concesión por incurrir en severos fallos en la prestación del servicio.

Lo que nació como un tremendo negocio al paso de los meses se convierte en un gran lodazal que habrá de embarrar a muchos ex funcionarios Duartistas.

Sextante.

La gravedad del hackeo a los servidores de la Secretaría de Economía ocurridos el pasado 23 de febrero, se puede explicar mejor si le comento que a través del portal https://rpc.economia.gob.mx/siger2/xhtml/login/login2.xhtml el cual por cierto no funciona, se realizan los siguientes trámites.

Tan solo para el tema del Registro Público de Comercio se anotan entre otras cosas, en el caso de las empresas: el nombre, razón social o título, la clase de comercio u operaciones a que se dedique, la fecha en que deba comenzar o haya comenzado sus operaciones, el domicilio con especificación de las sucursales que hubiere establecido, los instrumentos públicos en los que se haga constar su constitución, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación; el acta de la primera junta general y documentos anexos a ella; los poderes y nombramientos de funcionarios, así como sus renuncias o revocaciones; el cambio de denominación o razón social, domicilio, objeto social, duración y el aumento o disminución del capital mínimo fijo, entre otros.

Hasta ahora todos estos datos desaparecieron y fueron robados, grave, porque como le decía en la entrega anterior el costo económico y el riesgo al que están expuestas todas las empresas en México es altísimo.

¡Y la autoridad sigue haciendo mutis!