*Las mujeres periodistas enfrentan aún altos índices de violencia en México reconoce ONU Mujeres.
Cdmx.- 15 de enero 2019.-“Hace 30 años Las reporteras empezamos a investigar los feminicidios en México y todos los hombres y autoridades se burlaron de nosotras. Lo que hacemos no es para trascender, sino para que nuestro trabajo ayude para que las leyes trasciendan, señaló Lydia Cacho en la invitación a conversar sobre el tema que le realizó el Senado.
En entrevistas sostuvo que está un poco cansada después de 13 años de buscar justicia, “pero me siento bien. Ya era hora”, dijo al reaccionar al anuncio de la SEGOB.
“Fuimos las mujeres las que le cambiamos el rostro del periodismo de este país, fuimos quienes cambiamos el rostro violento, por un rostro con derechos humanos” destacó la periodista secuestrada y torturada por un gobernador y sus “colaboradores por denunciar un caso de pederastia que los involucraba.
La periodista se expresó durante el Conversatorio en el Senado, mismo que se llevó a cabo con motivo de la disculpa pública que ofrece el Estado Mexicano a Lydia Cacho Ribeiro, por el caso de tortura y secuestro del que fue objeto.
“Ni torturadas ni perseguidas habremos de someternos a la narrativa del periodismo corrupto, mentiroso, machista y complaciente del poder patriarcal. Las mujeres llegamos para cambiar la historia de este país”, Sostuvo
Las disculpas públicas como parte de la reparación del daño son un gran avance en materia de derechos humanos, pero tan sólo un primer paso en el camino en un país donde el derecho a la información y la libertad de prensa son severamente vulnerados, coinciden periodistas, activistas y feministas.
“La disculpa pública por tortura y detención arbitraria que recibí, es sólo una parte de la Reparación Integral del Daño que implica perseguir a los autores intelectuales y la no repetición para cualquier periodista. A eso se comprometieron, ´refirió Cacho
Al respecto Belén Sanz Luque, Representante de ONU Mujeres, reconoce que Las mujeres periodistas enfrentan aún altos índices de violencia en México. “Por ello, la lucha de Lydia Cacho va más allá de la igualdad, es por la verdad y la justicia!, afirmó.
Luego de más de una década fue el primer caso de una mujer periodista que se resuelve en el sistema universal de derechos humanos de la ONU.
En agosto del 2018 se dio el fallo y el Estado Mexicano tenía 180 días resarcir el daño y sancionar a los culpables.
El fallo dimensiona los siguientes delitos: “Tortura; investigación de intimidación de castigo; violencia de género, discriminación a las mujeres; detención arbitraria de la libertad; evidentemente la libertad de expresión, la violencia contra periodistas e impunidad, como el denominador común de muchos derechos humanos en México y la colusión de poderes”.
De los involucrados que detuvieron a Lydia Cacho el 16 de diciembre de 2005, cinco eran empleados de Kamel Nacif, empresario mexicano de origen libanés, a quién la periodista denuncia en su libro Los demonios del Edén, por pornografía infantil, junto con funcionarios mexicanos, entre ellos Miguel Ángel Yunes y el exgobernador del estado de Puebla, Mario Marín.
Se sumaron a los empleados de Nacif, otros cinco agentes, de los cuales solo José Montaño Quiroz quien ya fue sentenciado a seis años de prisión por tortura.
“Nos parece una pena insuficiente por la gravedad de los delitos, por el carácter sexual y también de la tortura y por el tema que traen, de la violación a la libertad de expresión. Los jueces apelamos a la sentencia y el Tribunal Unitario de Quintana Roo solamente lo aumentó un poco, pero este sujeto, prácticamente, va a salir en 2020”, señaló el abogado de Lydia Cacho.
El Estado, tenía la obligación de proporcionar a Lydia las siguientes medidas:
1.Una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados por Lydia.
2.Procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsable de las violaciones cometidas.
3.Ofrecer compensación adecuada a Lydia.
4.Adoptar medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, garantizando que todos los periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión en sus actividades, incluso mediante la despenalización de los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas.
Hasta hoy la respuesta fue parcial.