HORA LIBRE
Álvaro Belin Andrade
Apenas en diciembre pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) exoneró al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, de supuesto enriquecimiento ilícito y conflicto de interés, al omitir informar de 25 inmuebles y 12 empresas en sus declaraciones patrimoniales.
Hoy, implicado uno de los hijos del exgobernador poblano en la venta con enorme sobreprecio de respiradores artificiales al IMSS y al ISSSTE, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado de nuevo a su exoneradora oficial Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, para que “investigue” este caso.
De inmediato, tras la experiencia de la “investigación” aplicada a Bartlett Díaz, que solo se refirió a sus adquisiciones en el tiempo en que ha sido director de la CFE, sin tomar distancia para descubrir el enorme emporio inmobiliario fraguado por décadas de corrupción, prácticamente todos los analistas han hecho saltar las alertas pues el caso amenaza con pasar a la larga lista de impunidad de la 4T.
En aquella ocasión, la esposa del científico social norteamericano John Ackerman, uno de los ideólogos del gobierno morenista, dijo que no existían pruebas sobre el ocultamiento de bienes propiedad de Bartlett Díaz, en su encomienda como funcionario público desde su arribo a la dirección de la CFE, el 1 de diciembre de 2018.
“En la temporalidad de los hechos denunciados, el investigado no tiene ninguna injerencia o control en las empresas por las que fue cuestionado en las denuncias que se presentaron”, porque éstas pertenecen a sus hijos y a su pareja sentimental Julia Elena Abdala Lemus. Y ya para la anécdota, Irma [la cándida] Eréndira defendió que dichas propiedades no fueran incluidas en la declaración patrimonial del funcionario porque él y su “pareja sentimental” no están casados legalmente.
Y justificó su blandengue actuación: “La Secretaría de la Función Pública únicamente tiene atribuciones para investigar y, en su caso sancionar, los actos cometidos de servidores públicos durante su desempeño en la administración pública federal y hasta siete años después, cuando las responsabilidades, de acuerdo con esta legalidad, prescriben”.
Peor que en Veracruz, donde los actos de corrupción se sanan con el despido o el silencio de los “guardianes” del erario, en el caso del gobierno federal la administración que se postuló como la más limpia guerrera contra la corrupción ha roto con todos los protocolos ideados para evitar el sospechosismo y ha preferido ir por la vía de las adquisiciones directas.
El asunto se ha recrudecido bajo el argumento de la emergencia del coronavirus. Según varios testimonios, con ese atajo, se ha permitido la adquisición de equipos y materiales médicos de muy mala calidad, con sobreprecio y, lo más grave, con fechas de entrega demasiado morosas, lo que asegura que lleguen a cubrir el pozo cuando el niño ya haya muerto ahogado.
Dichos mecanismos de compra se prestan a la corrupción. Y ha sido el caso de varias adquisiciones que nada más no logran satisfacer las necesidades del sector médico y de enfermería, muchos de cuyos integrantes han muerto por el Covid-19 gracias a un Estado irresponsable que sigue sin dotarle de los estrictamente necesario para atender la pandemia.
¿Cómo amarrarle las manos a los Bartlett?
Si usted creía que con la asunción de Andrés Manuel López Obrador se acabarían los clanes que han agobiado los recursos públicos de la nación, puede empezar a tener una ligera sospecha.
A la bendición presupuestal y política que ha prodigado el mismísimo Presidente de la República al depredador grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego, habrá que sumar a muchos de sus funcionarios, diputados federales y senadores que siguen como si nada hubiera ocurrido en el país, eso sí, con menos competencia y mayores beneficios, pese a que López Obrador anunció la escoba de arriba para abajo.
Uno de ellos lo es el exsecretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett Díaz, quien le birló el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 con su famosa estrategia de que se había caído el sistema, logrando que a la presidencia llegara Carlos Salinas de Gortari, el enemigo fantasma de la 4T.
Su hijo León Manuel Bartlett Álvarez ha sido puesto en el centro de un escándalo mayúsculo, al ser exhibido por una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que halló que la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León, vendió a la delegación del IMSS en Hidalgo ventiladores respiratorios a un precio más alto que el del mercado.
No fue, por supuesto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la que observó el entuerto; la cándida Eréndira solo ha indicado que desde el primero de mayo inició una investigación sobre el supuesto sobreprecio que, seguramente, concluirá en su justificación por los factores que le plazcan.
Por lo pronto, ha realizado los primeros requerimientos de información al IMSS, a través de su director general Zoe Robledo, para contar con mayores elementos sobre el caso, porque durante la actual contingencia “para la Función Pública es una prioridad que las actuaciones de las dependencias y entidades, además de legales, sean morales y no se alejen de la ética pública de la Cuarta Transformación”. ¡Vaya severidad!
La dependencia añadió que este fin de semana realizaron los primeros requerimientos de información al IMSS; de igual manera, le hizo llegar un oficio al titular del instituto, Zoé Robledo, para contar con mayores elementos sobre el caso.
Mediante una revisión de contratos, la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señaló que la delegación del IMSS en Hidalgo asignó a Cyber Robotics Solutions un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios, es decir, un precio de un millón 550,000 pesos por cada equipo, “que es el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria por Covid-19”.
Andrés Manuel López Obrador dijo que había instruido a Eréndira de que investigara el caso, porque “desde el inicio del gobierno, dije que no iba yo a tolerar ningún acto de corrupción, ni siquiera de mi familia […] De modo que, quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad tiene, que ser investigado, sancionado y no debe de permitirse la impunidad”.
Sin embargo, el tabasqueño enfureció ante la evidencia y dio luces de la impunidad que seguirá a la famosa investigación de su secretaria de la Función Pública: “No somos iguales a los gobiernos de antes. A veces calienta porque nos confunden… Si resulta responsable esta persona tiene que ser sancionada, igual el funcionario que entregó este contrato”.
¿Hay otra vía? ¿Le molesta que caigan en la movida a sus funcionarios? ¿No hubiera sido deseable que esas observaciones se las hubiera hecho llegar la responsable de contener posibles actos de corrupción en lugar de una ONG? Por cierto, con información oficial, así que ni para que se muevan…
Frases sin disfraces
“Negar un hecho es lo más fácil del mundo. Mucha gente lo hace, pero el hecho sigue siendo un hecho”. Isaac Asimov
Comentarios y contacto: belin.alvaro@gmail.com
