*Teresa Ulloa advierte que la trata podría ser en breve el negocio ilícito más importante.
*Las mujeres vivimos con miedo, ya no sabemos quiénes son peor: cuerpos policiacos, militares o la delincuencia.
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 4 febrero 2019.- La trata de personas y sus varias formas de esclavitud y explotación podría convertirse en breve en el negocio ilícito más importante en el mundo, por las cuantiosas ganancias que genera, y en México va al alza, afirma Teresa Ulloa Ziaurriz, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC).
Al analizar la vinculación del crimen organizado con el delito de trata de mujeres, niñas y niños en nuestro país, Ulloa Ziaurriz señala que han aparecido nuevos fines para la trata de mujeres, niñas y adolescentes en la región, que ni siquiera están contemplados en los tratados internacionales, porque es más fácil castigarlas, criminalizarlas, y no protegerlas y asistirlas como víctimas.
La abogada y pedagoga mexicana señala que frente a la actuación y proliferación de grupos armados oficiales y no oficiales, los cuerpos y las vidas de las mujeres se convierten en botín de guerra, para unos y para otros.
“Las mujeres vivimos con miedo, y ya no se sabe quiénes son peores, si los cuerpos policiacos y las fuerzas armadas o los cárteles de la droga, que han encontrado un nicho de negocio muy redituable, con inmensas ganancias”.
Los grupos del crimen organizado, las levantan para usarlas como halconas, sicarias, mulas o esclavas sexuales de los Jefes de Plaza y, cuando se cansan de ellas, simplemente las matan, desfigurándoles los rostros, cocinándolas o desmembrándolas, para hacer más difícil su identificación.
Señala que aunque han podido rescatar o ubicar a algunas, todas ellas adolescentes entre 12 y 16 años, no pueden dejar de trabajar para ellos, porque están amenazadas de muerte, tanto ellas como sus familias, lo que las lleva a paralizarse. La delincuencia organizada se aprovecha de las necesidades de las personas para forzarlas, inducirlas o seducirlas para lograr que se muevan de sus lugares de origen.
Por un lado, la amenaza del grupo delictivo y por el otro la amenaza del ejército que ahora las está deteniendo y enviado a los juzgados para jóvenes en conflicto con la ley penal.
También lamentó que las consignaciones por trata de personas y explotación sexual a menudo son reclasificadas como lenocinio o desestimadas por el poder judicial porque les es más fácil a los jueces y Ministerios Públicos probar los delitos que se cometieron en la jurisdicción de la autoridad judicial y, en muchos casos, el elemento de la extraterritorialidad no se comprende para configurar el delito de trata.
Las estadísticas
Teresa Ulloa, una de las 27 articulistas que integran el libro “Trata de Personas. Un acercamiento a la realidad nacional”, coordinado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), participa con las “Estadísticas cualitativas y cuantitativas para medir el efecto de las nuevas formas de criminalidad violenta contra las mujeres: los delitos en materia de trata de mujeres, niñas y adolescentes y sus vínculos con la delincuencia organizada.”
Explica que el CATWLAC desde el 2006 creó y promovió un sistema integral de auxilio a víctimas al que llamo Sistema Alerta Roja (SAR) que promueve la colaboración con Sub-Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR (SEIDO/PGR), la Fiscalía Especializada sobre Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA/ PGR) y la Policía Federal, en México. Con este sistema han alcanzado el rescate de más de mil 478 víctimas, y la transparencia en los casos de desapariciones.
El objetivo principal del SAR es localizar y rescatar mujeres, niñas y niños, reportados como desaparecidos, ausentes, perdidos, secuestrados o levantados que pudieran ser víctimas de delitos en materia de trata de personas que han impactado como consecuencia de la presencia y actividades de la delincuencia organizada.
De 203 casos de víctimas de trata en 2015, 186 son mujeres.
En 2015 se totalizaron 203 víctimas detectadas por el SAR; el número de nuevos casos registrados en 2015 fueron 74 casos y el resto, 129 casos, fueron registrados en años previos que no se habían solucionado o concluido legalmente. Si bien reconoce que no el total de casos que se registran en el país si son una muestra de la dinámica del delito.
Los delitos más comunes del crimen organizado son trata de personas, explotación sexual, reclutamiento de niñas y niños para actividades criminales, y casos de violencia familiar al igual que desaparición. La forma más común de explotación es la sexual con fines de prostitución.
Las víctimas son reclutadas por medio de la fuerza, engaño y seducción; sin embargo, esto varía por grupo de edad; las adolescentes, generalmente es por la fuerza, seguida de la seducción. Las niñas y niños, que son el segundo grupo más grande, son generalmente reclutados por la fuerza y el engaño.
De los 203 casos reportados, 67 por ciento involucran a la delincuencia organizada y 33 por ciento involucran a la delincuencia común; es decir, 136 casos se vinculan con delincuencia organizada y 67 son vinculados con la delincuencia común. Las víctimas son en su mayoría mujeres (186) y 17 víctimas son hombres.
Las mujeres jóvenes son las que están en mayor riesgo. La mayoría de mujeres que se registraron en 2015 se encuentran entre los 12 y los 18 años (74 casos), seguidas por mujeres jóvenes entre 18 y 25 años (44 casos), después por mujeres entre 25 y 35 años (32 casos), y después seguidas por niñas entre 5 y 11 años de edad (18 casos). La gran mayoría de hombres se registraron como niños entre 0 y 5 años de edad con siete casos
De los 203 casos, seis resultaron en feminicidios. Sólo uno de los casos pertenece a la delincuencia común.
Del total de víctimas registradas hay todavía 142 mujeres desaparecidas, comparadas con los 16 hombres desaparecidos. La mayoría de las víctimas localizadas, fueron mujeres (37) y por desgracia ningún hombre fue localizado con vida.
Teresa Ulloa está convencida de que las estadísticas cuantitativas y cualitativas son un instrumento invaluable para diseñar programas de prevención e intervención comunitaria y un medio muy enriquecedor para medir los niveles de impunidad y la calidad de los servicios que presta el Estado mexicano.
Así como también, para el diseño de políticas públicas tanto generales como focalizadas y ser más eficientes en la prevención y combate a todas las formas de criminalidad, y nuevas formas de violencia contra las mujeres y las niñas para su asistencia y protección.
Ulloa Ziaurriz hizo hincapié que, en esta guerra sin fin, para la erradicación de la violencia contra las mujeres, su empoderamiento y la promoción de sus derechos, las políticas públicas de los Estados han fallado al no diseñarlas desde los factores estructurales como la pobreza y únicamente se han impulsado medidas compensatorias que no corrigen las causas y solo sirven de paliativo a los efectos.
¿Cómo desaparecen?
La especialista en su artículo destaca como son cooptadas las mujeres y adolescentes: “por su condición de pobreza o pobreza extrema, por su situación de exclusión social, por eventos de violencia sufridos con anterioridad, por engaño, por seducción, otras por la fuerza, levantadas a la salida de la escuela o en la calle; otras por medio de las redes sociales, o cuando vienen en situación de migración irregular”.
Entre los obstáculos más frecuentes que enfrentan las familias que buscan a mujeres y niñas desaparecidas, destaca el hecho de que para considerarlas desaparecidas, deben transcurrir entre 48 y 72 horas, dependiendo de las legislaciones locales.
Los prejuicios donde se culpa a las familias o a las mujeres, jóvenes y niñas y se le resta importancia a la desaparición, ligándolo con estereotipos de género, como que seguramente se fue con su novio.
Carencia absoluta de protocolos de investigación, al grado de que los Fiscales mandan a las familias a buscar a sus hijas, hermanas, madres, etcétera, y les dicen que cuando las encuentren les avisen.
Irresponsabilidad total de autoridades de los ejecutivos de los tres órdenes de gobierno, de no alertar a la población de eventos que ponen en peligro a las mujeres, jóvenes, niñas, con tal de que sus administraciones no se desprestigien.
Falta de sistematización de casos, para poder establecer patrones y modus operandi y poder descartar o no si se trata de uno o varios grupos de la delincuencia organizada, si se trata de un asesino serial, o si se trata de un delincuente aislado en un hecho aislado.
La falta de un banco único de datos biológicos y genéticos, también requerido al Estado mexicano en la Sentencia de Campo Algodonero y a otros países en sentencias similares.
Los 19 estados de la Republica donde se han encontrado vinculación con la desaparición de mujeres y niñas, con la trata de personas y posterior feminicidio son: Baja California Norte, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Y los 23 estados donde hay mayor incidencia de desapariciones son Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
