HORA LIBRE
Álvaro Belin Andrade
Al 30 de junio pasado, Veracruz reportaba 1,069 personas que habían perdido la vida por homicidio, 644 de ellas por homicidio doloso (91 por arma de fuego), mientras que se acumulaban 1,578 defunciones por Covid-19.
Estos dos flagelos que están muy lejos de ser controlados, sumaron 2 mil 647 veracruzanos muertos en los primeros seis meses del año. Si a ello sumamos los 45 feminicidios registrados, la cifra fatal aumenta a 2 mil 692.
Sin embargo, dado el alto número de fallecimientos que pudieron tener como causa la pandemia pero a cuyos cuerpos no se les aplicó la prueba para detectar el contagio, y a la existencia de un creciente número de desaparecidos que no pueden contarse en las estadísticas de homicidio, es posible que la cifra tenga cotas mucho más altas.
El total de delitos de enero a junio ha sido de 38 mil 181, de los cuales más del 16 por ciento se cometieron durante el mes de junio (6 mil 248); los robos en general sumaron 11 mil 210 casos, de los cuales 4 mil 926 fueron con violencia.
En estos últimos meses, ha habido declaraciones victoriosas por parte del gobernador Cuitláhuac García Jiménez cuando se sucedían, según sus datos, dos o más días sin homicidios, sin embargo, lo cierto es que el mes de junio, como habíamos observado en anteriores análisis, hizo crecer las cifras de incidencia delictiva, pese al optimismo oficial.
En los últimos años, según las cifras oficiales, el periodo más caliente, cuando ocurre el mayor número de asesinatos, es el que va de junio a agosto. Pareciera que los calores de verano pueden influir en este fenómeno, lo que permite avizorar cifras más altas en el mes que corre y en el siguiente.
En junio se registraron, según datos de la Fiscalía General enviados al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), 206 homicidios, 41 por ciento más que el mes previo; solo marzo (con 204 homicidios) se acercó a lo ocurrido en junio; el mismo fenómeno se observó para el caso de los homicidios dolosos que, de mayo a junio, crecieron en casi 60 por ciento, al pasar de 90 a 142 casos, esta última la cifra mensual más alta, si consideramos a abril, cuando ocurrieron solo 116.
El 56 por ciento de los 644 homicidios dolosos del primer semestre del año fueron ocasionados por arma de fuego (412 en total), lo que da idea del crecimiento en la letalidad de los grupos criminales en la entidad.
Lo más grave, por la considerada cifra negra, ocurre en el caso del secuestro. Con los ocho denunciados en junio, Veracruz llegó a 74, que constituyen más del 17 por ciento de los reportados a nivel nacional (431).
En este delito, Veracruz sigue colocado en los primeros lugares, desde hace al menos cinco o seis años, compartiendo el pódium con el Estado de México, además de Tamaulipas y Tabasco, estados estos dos últimos que han logrado abatir la incidencia de este delito, mientras en Veracruz sigue galopando.
Las entidades con mayor número de secuestros son, en el primer semestre de 2020, el Estado de México (con 82 casos), Veracruz (74), Morelos (37) y Ciudad de México (34). Es decir, 227 casos, que constituyen más del 52 por ciento de los reportados en el país.
En cuanto al saldo de la pandemia, la cifra de fallecidos había crecido de 1,578 defunciones hasta el 30 de junio, a 2 mil 538 el sábado 26 de julio, un ritmo poderosos y persistente si consideramos que la cifra acumulada de marzo a junio creció en dos tercios en menos de un mes.
Que SIOP y SCT serían culpables del cierre de unas mil constructoras
La corrupción que campea en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y en la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Veracruz (SCT) no solo mancha a las administraciones morenistas local y federal, sino que está poniendo en serio peligro la existencia de al menos mil empresas en la entidad, condenando a cientos de trabajadores de la construcción al desempleo.
Al menos eso señala el panista Marcos Salas Contreras, presidente de la Confederación Nacional de Industriales y Constructores del Estado de Veracruz, quien retó este lunes al delegado de la SCT, Adalberto Vega Regalado, y a Elio Hernández Gutiérrez, titular de la SIOP, a un debate público para aclarar las irregularidades dentro de las áreas.
El constructor xalapeño y activo panista en la capital, a la que ha aspirado gobernar, ha saltado a la palestra para señalar las fechorías de estos dos funcionarios relacionados con la construcción.
Y los ha convocado para un debate público, dándoles la oportunidad para que elijan el día y la hora del encuentro.
Denunció que a los empresarios de la construcción se les está solicitando un moche de 20 por ciento del proyecto, para que les sea entregado. “Si nos piden un 20 por ciento, pues prácticamente se llevan gran parte de la tajada. Los funcionarios lejos de asumir una disciplina de respeto al presupuesto, pues le han metido duro al cajón”.
Otra inconformidad tiene que ver con que las obras no se estén entregando a los veracruzanos, sino que se dan a los empresarios de otros estados, además de que a éstos se les paga en su totalidad el trabajo, a pesar de que no esté concluido. “Hay obras importantes en el estado que se le dan a empresas foráneas que no tienen nada que ver con la gente de aquí. Empresas nuevas, hay una empresa que dejó de ejercer por varios años obra, y que venía del estado de Morelos y llega a Veracruz y le dan un contrato importante”.
Salas Contreras dijo que el cobro de “moches” que se entrega está poniendo en serios aprietos a este sector. “Estamos hablando de unas mil o 2 mil empresas que se van a cerrar y otras que ya se cerraron. Si no hacemos algo para tratar de que la obra pública se haga con veracruzanos y con constructores serios, nos van a llevar a la calle”.
Habló de una denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra el director del Centro Veracruz de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), José Adalberto Vega Regalado, mientras que al titular de la SIOP, Elio Hernández Gutiérrez, lo acusó de haber entregado contratos a empresas foráneas, que estuvieron sin trabajo durante más de 10 años y además les paga por adelantado obras que no se terminan.
Habrá que ver qué tanto habló el constructor que se siente desplazado de posibilidad de contratos, debido a la corrupción imperante en el gobierno morenista, y qué tanto el aspirante panista a la alcaldía o a alguna diputación en fechas tan propicias para la notoriedad.
Eso, sin embargo, no debería inhibir a las autoridades de vigilancia, tanto estatal como federal, para verificar la verdad de sus dichos, que comparten por cierto muchos constructores veracruzanos.
El enredo de los moches de Ana Gabriela
En Poza Rica, de donde es originario Edgar Álvarez Flores, el joven que supuestamente recogió 2.5 millones de pesos del moche que iba dirigido a la exvelocista sonorense Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, y que de pronto desapareció sin dejar rastro, ya han sido vinculados a proceso tanto los empresarios Jesús “N” y Rafael “N”, que buscaban un contrato con la Conade, como la exalcaldesa xalapeña Armida “N”, quien era la supuesta intermediaria.
Armida fue la la última en pasar por el proceso que la declara en proceso y a quien se le mantendrá en prisión en la calurosa ciudad del norte veracruzano.
La exalcaldesa, en efecto, quedó vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición de persona en agravio de Édgar, luego de que la Juez de Control consideró adecuados, suficientes, idóneos y pertinentes los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado.
Gracias a la correcta integración de la carpeta de investigación, trabajo de los peritos, área de inteligencia y diligencias de policías ministeriales y fiscales, se pudo obtener la vinculación a proceso en contra de Armida “N”, luego de que un día antes, ya se había obtenido la vinculación contra los dos empresarios involucrados en este caso.
El Juez de Control resolvió la vinculación contra Armida “N”, además de decretar que continúe la misma medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso.
Según información de la Fiscalía, se logró acreditar la participación de Armida “N” en la desaparición de Edgar Álvarez Flores, de quien su último paradero fue en las oficinas de los empresarios en el fraccionamiento Costa de Oro, en el municipio de Boca del Río.
Este proceso va a sacar chispas tanto en Veracruz como en el altiplano, aunque la sonorense que quiere gobernar el estado que está en manos de la priista Claudia Pavlovich, ya se ha deslindado y ha sido cubierta por el manto protector de Andrés Manuel López Obrador.
Polvo de gis
Sigue desaparecida doña Xóchitl Arbesú… La que acaba de dar la cara por las desaparecidas secretaria y Secretaría de Turismo y Cultura, ha sido la guapa Zaira Fabiola del Toro Olivares, titular de la Unidad de Género, quien ha levantado la mano para invitar a los deprimidos prestadores de servicios a que obtengan gratuitamente el distintivo Código de Conducta Nacional (CCN) para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo, cuyo objetivo es prevenir, detectar y denunciar su explotación sexual y laboral. Podrán participar spas, balnearios, hospederías, agencias de viajes, guías de turistas, alimentos y bebidas, turismo de reuniones y segmentos especializados, así como centros de entretenimientos, transporte terrestre, aéreo y demás. Buena propuesta nacional, aunque difícilmente habrá largas filas en ventanilla. La mayoría de los negocios están analizando despedir a una parte de su personal, cuando no cerrar definitivamente sus negocios o declararse en quiebra.
Que no habrá cajeros automáticos del Bienestar… Como todo en el gobierno federal, dependiendo del humor es como se toman decisiones y se echan atrás; la falta de seriedad en el gobierno morenista está costando caro a los contribuyentes, porque una vez formalizados contratos con empresas, si resulta que no alcanzaron los centavos se echan abajo con la mano en la cintura. Este lunes informa el periódico de cabecera de AMLO, Reforma, que el Banco del Bienestar “metió reversa a un millonario contrato que había asignado sin licitación para instalar 8 mil cajeros automáticos en sus sucursales, pero ahora enfrenta demandas de la empresa a la que había beneciado”. Señala que la empresa VivColmex, que se había echado al bolsillo, sin competencia, un contrato por 10 mil 800 millones de pesos, “presentó una demanda de amparo para impugnar lo que considera una terminación anticipada e injustificada del convenio”. Caprichos caros.
Frases sin disfraces
“Hay juzgados que se han convertido en la “puerta giratoria” para que responsables de la comisión de delitos evadan la justicia”. Cuitláhuac García Jiménez,
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