HORA LIBRE.
Álvaro Belin Andrade.
Si de unos apellidos es la suerte en el sexenio morenista, aparte de aquellos que ostentan los de García Jiménez y sus derivados, no dude que son los de García Cayetano y, aunque algunos vínculos familiares han impedido que una integrante de esa casa hubiera podido salir de la medianía de un puesto en la Secretaría de Seguridad Pública, su poderoso padrino ya le ha otorgado otra oportunidad de oro.
En mayo pasado estuvo en un tris de convertirse en Fiscal Anticorrupción y trabajar al lado de otra mujer, la Fiscal General Verónica Hernández Giadáns, convirtiéndose ambas en las poderosas sustitutas de dos prófugos de la justicia.
Pero hubo un pero: Ailett García Cayetano, todavía directora general jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública no se liberaba todavía del contrato de matrimonio con Elio Hernández Gutiérrez, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), cuya gestión ha estado plagado de dudas, misterios y sospechas sobre la honorabilidad de sus actos; la última, este lunes, cuando un constructor lo acusó frontalmente de exigir moches de 20 por ciento sobre el monto de los contratos de obra a los contratistas.
Este solo hecho, por conflicto de intereses, hubiera dinamitado la credibilidad no solo de la postulante sino del propio Congreso jarocho, de por sí inmiscuido en diversos litigios por decisiones atrabiliarias que han debido resolverse por el Poder Judicial federal.
Por eso, pese a la cercanía notable de la abogada Ailett con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, debió hacerse a un lado y abrirle el paso –¡oh, coincidencia!– a Clementina Salazar Cruz, suplente de su hermana Dorheny García Cayetano, en la diputación federal por Xalapa.
La morenista Salazar era entonces titular de la Unidad de Género de la Oficina del Gobernador Cuitláhuac García, y fue nombrada como Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción en Veracruz con el apoyo de 38 diputados de Morena, PRI, PRD y MC, y 12 en contra de Acción Nacional.
Pero, ¿qué creen? Ailett no se convence de pasar sus mejores días en la política (durante un gobierno por el que naufragó y navegó en dos contienda seguidas, hasta llegar a buen puerto), en una oficina oscura, atendiendo casos en que debe acusar o defender cuicos, atender los casos de abuso policiaco y mantener erguido el estatus jurídico del neoleonés Hugo Gutiérrez Maldonado.
Y tampoco Cuitláhuac le desea ese futuro. Quiere asegurarle un puesto que trascienda su periodo sexenal, que le cuide las espaldas cuando ya no sea gobernador, que consolide el poderío del grupo Xalapa.
La suerte de Ailett García ya está echada
En efecto, el mandatario veracruzano ha colado a Ailett García este martes como parte de su nominación de seis abogados para ocupar alguna de las cuatro magistraturas que dejarán vacantes magistrados a los que se le vence el periodo de nombramiento, o de dos que ya cumplieron el requisito de la edad.
Esto último, lo de la edad, va a tener sus asegunes, porque uno de los magistrados que ha llegado a los 70 años de vida, ha logrado el amparo de la justicia federal contra su remoción pues parece que le quieren aplicar de manera retroactiva una ley que le es perjudicial.
El magistrado Marco Antonio Lezama Moo promovió un amparo para evitar ser enviado al retiro forzoso que aprobó el Congreso local, mediante un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
El recurso fue presentado ante el Juzgado Décimo Octavo de Distrito que otorgó 24 horas para que el Congreso de Veracruz y el presidente de la Mesa Directiva rectifiquen “los errores” en los que incurrió al ordenar al magistrado retiro forzoso por haber cumplido los 70 años de edad.
Pero fuera de eso, lo importante es que Cuitláhuac incluyó a su gran amiga en la lista y para que no haya competencia no nombró una terna para cada puesto sino solo un solo abogado por hueso, a la espera de la votación afirmativa de las dos terceras partes de los diputados presentes.
En la lista aparecen cinco mujeres y un hombre:
Alma Rosa Flores Ceballos, juez micro regional en Pánuco, pese a que fue acusada por defraudados de las cajas de ahorro de Cirilo Ocampo Verdugo, al ser negligente al revisar el expediente civil241/15/I.
Antonio Sobrevilla Castillo, abogado de profesión, fue nombrado juez de lo familiar en el periodo de Edel Álvarez Peña; sobre él pesa una denuncia en materia civil con el expediente 1570/1999.
Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien es juez en Poza Rica, donde fue la responsable de vincular a proceso a la exalcaldesa de Xalapa, Armida N, acusada de desaparición forzada.
Itzel Castro Castillo, quien entregó su documentación cuando el Congreso local abrió una convocatoria para que se postularan abiertamente los abogados que así lo consideraran pertinente; los diputados enviaron al mandatario estatal la currícula de más de 400 participantes.
María Lilia Viveros Ramírez, académica en derecho civil, internacional, penal, social, de filosofía y teorías del derecho, de derechos humanos, género y educación. Forma parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana.
Y Aileth García Cayetano, directora general jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública; hermana de la diputada federal Dorheny García Cayetano.
La suerte de apellidarse García.
Violencia contra las mujeres, el tema se calienta
La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera un asunto pendiente hace casi cuatro años y que se refiere a la de reformar el Código Penal para incluir algunas atenuantes al “delito” de aborto en Veracruz, causó un revuelo inapropiado en las redes sociales, con la difusión de HORA LIBRE sobre el tema.
Me sorprendió negativamente que decenas de mujeres utilizaran un lenguaje procaz para referirse a las de su género, sin tomarse el tiempo para conocer los término en que el Ministro Juan Luis González Alcántara estaría proponiendo una obligada reforma al código veracruzano, y a lo que se han opuesto diputados de toda laya e “ideología”, de izquierda a derecha, guindas, azules, amarillos y colorados.
Pero un tema que es igual o más preocupante es el de la violencia desatada contra las mujeres en Veracruz, en medio de una especie de desdé de la nueva Fiscal para con los homicidios de mujeres, a los que propone investigar casi hasta su hipotético esclarecimiento para poder catalogar como feminicidio.
Tal situación ocurre mientras Veracruz ocupa el primer lugar nacional en delitos de violencia de género con 529 denuncias de enero a junio y es séptimo lugar en delitos de violencia familiar, con 4,899 denuncias en el mismo periodo.
Según el reporte de la periodista Flavia Morales, las cifras para Veracruz se dispararon en un 50% con respecto al mismo periodo de 2019, cuando se tenían 312 denuncias por violencia de género y 2,397 por violencia familiar.
Las cifras de Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública sobre la información sobre violencia contra las mujeres, señalan que en violencia de género, Veracruz tiene una incidencia de 6.19 por cada 100 mil habitantes, muy superior a la media nacional que es de 1.41.
En violencia familiar, la entidad registra una incidencia de 57.4 por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional que es de 81.6
A nivel nacional, los delitos de violencia familiar aumentaron en 1.6% con 1,622 más de los que se registraron entre 2019 y 2020. También registró un aumento del 20.2% en delitos de violencia de género, con 302 más, en comparativa con el 2019 y 2020.
En cuanto a las llamadas al 911, Veracruz sumó 1,982 llamadas de emergencia por violencia, 58 llamadas relacionadas con incidentes de abuso sexual, 224 relacionadas con hostigamiento sexual, 62 con violación, 2,752 llamadas por incidentes de violencia de parejas y 19,802 llamadas por violencia familiar,
Por otra parte, la entidad continúa en el segundo lugar nacional de feminicidios, con 47 víctimas de enero a junio. Ocho de los municipios del estado se encuentran entre los 100 más violentos para las mujeres. Además hay registro de otras 78 víctimas de homicidio culposo en el mismo periodo.
Veracruz ocupa el tercer lugar en secuestros contra mujeres con 15 denuncias de enero a junio de este año. También es el segundo lugar en extorsiones contra mujeres con 154 denuncias.
El problema, debemos reconocerlo, es nacional, y se ha recrudecido con los graves recortes presupuestales a las dependencias que se encargan de contrarrestar la violencia de género, como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que se une a una actitud lánguida, cuando no misógina, del actual gobierno federal.
¿Y los feminicidios en Veracruz?
Los feminicidios han sido manzana política de la discordia. Baste recordar cómo el anterior Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, hizo que la mayor parte de feminicidios pasara por homicidios simples mientras estuvo con Miguel Ángel Yunes Linares y había riesgo de que la Conavim emitiera una tercera alerta de violencia de género contra Veracruz. El mismo Winckler, una vez en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, convirtió todo asesinato de mujeres en feminicidios, de manera que las cifras se elevaron artificialmente en ese rubro.
Que la actual Fiscal haya preferido tener plena certeza de que la muerte violenta de una mujer es por cuestión de género antes de considerarla dentro de las estadísticas ha puesto de nuevo en la esfera política un tema que debería abordarse desde el punto de vista de la justicia.
Por eso, este martes ha llamado la atención la iniciativa de decreto que reforma las fracciones I y V y que adiciona la fracción V Bis al artículo 367 Bis del Código Penal para el Estado de Veracruz, presentada por el Grupo Legislativo Mixto (PRI-PVEM), con el propósito de ampliar los supuestos de configuración del delito de feminicidio.
El texto de la iniciativa refiere que el fenómeno de la violencia feminicida debe ser combatido en diversos frentes, pues como sociedad que aspira a la convivencia civilizada no puede ser indolente ni permitirse jamás la perpetuación de la normalización de las violencias contra las mujeres.
Añade que, por el contrario, deben reforzarse las acciones y políticas públicas, destinar los recursos materiales, financieros y humanos necesarios y, como lo propone la iniciativa, reformar el marco jurídico, todo ello orientado a hacer realidad la justicia, la igualdad y el derecho de las mujeres veracruzanas a una vida libre de violencia.
Por ello, considera pertinente la incorporación al Código Penal de una nueva circunstancia que actualice la existencia de razones de género en la comisión del delito de feminicidio, consistente en el ocultamiento, la incineración o inhumación clandestinas, la colocación en lugares inaccesibles o la desintegración con cualquier tipo de sustancias, actos realizados sobre el cadáver o los restos mortales de la víctima.
Recordó el grupo parlamentario la definición de violencia feminicida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, que puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.
Además, detalla que el incremento en el número de feminicidios en México y Veracruz en los últimos años es una constante llamada de atención no sólo a las autoridades en materia de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia, sino también para todo el conjunto social.
A ver si prospera este iniciativa de decreto.
Frases sin disfraces
“El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto”. Bertolt Brecht
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