*Después de una serie de manifestaciones masivas, la Corte de Apelaciones revocó dos medidas a favor de Martín Pradenas, el agresor de Antonia Barra, una joven de 21 años que se suicidó después de ser violada y revictimizada en una ciudad del sur de Chile. El caso puso en evidencia la negligencia con la que se siguen abordando los casos de violencia de género ante la justicia, pero también el nuevo ímpetu con el que responde el activismo feminista y la sociedad chilena en su conjunto ante los abusos institucionales.
/ANDREA GUZMÁN/
LAT FEM. 07 agosto 2020. – A Antonia Barra la violaron después de una fiesta en un boliche. Tenía 21 años y en octubre de 2019, tras la agresión, se suicidó. Martín Pradenas Dürr, un hombre de 28 años, está imputado en Temuco por la agresión sexual.
Esta historia se ha vuelto emblemática en Chile por evidenciar la negligencia con la que se siguen tratando ante la justicia los casos de violencia machista en el país, pero también, las nuevas herramientas con las que parece estar respondiendo la ciudadanía en su conjunto ante los abusos institucionales.
Las declaraciones del abogado defensor de Pradenas, Gaspar Calderón, que responsabilizan a la víctima por no oponer “suficiente” resistencia, por no estar “demasiado” ebria, e insinuar que habría elaborado la historia de la violación por vergüenza o arrepentimiento del encuentro sexual, generaron, por fin, una discusión pública sobre el consentimiento y la responsabilidad de los agresores en estos casos, que aun no estaba instalada del todo en la opinión pública chilena, ni implementada en el aparato judicial.
La indignación masiva estalló cuando el juez que acreditó la violación, ordenó el arresto domiciliario del acusado, en vez de la prisión preventiva que pedía la Fiscalía. Ese mismo día se decretó la prescripción de dos de los cinco delitos sexuales contra mujeres de entre 13 y 21 años que se le imputan adicionalmente a Pradenas, cuyas víctimas denunciaron después de conocer el caso de Antonia Barra.
La pandemia global no impidió que la última semana de julio miles de personas salieran a manifestarse a las calles de varias ciudades de Chile. Los cacerolazos masivos desde los balcones, las marchas y también las decenas de detenidas en varias regiones del territorio comenzaron en la ciudad de Temuco —al sur del país— y se reprodujeron en Santiago, Punta Arenas, Arica, Valdivia, Concepción, Villarrica y otras comunas de la Región de La Araucanía.
La campaña “Justicia para Antonia”, que se difundió espontáneamente por las redes sociales hasta convertirse en un fenómeno nacional, empezó en junio, después de que la justicia acogiera de forma express —en tan solo 48 horas—un recurso de protección a favor de Pradenas, que obligó a la familia de la víctima a abstenerse de compartir antecedentes del caso públicamente, impidiendo también la visibilización de las múltiples acusaciones de abuso sexual que denunciaron contra él otras víctimas.
La respuesta del movimiento de mujeres en Chile fue viralizar la información en millones de cuentas personales en una campaña que continúa hasta la fecha. En su columnapara el Centro de Investigación Periodística (CIPER), la abogada Yanira Zúñiga lo resume de esta forma: “Casi todos los esfuerzos estatales de prevención de la violencia de género se concentran en llamar a las mujeres a denunciar; sin embargo, el estado no es capaz de asegurar a esas mujeres que no serán, al menos, revictimizadas, mucho menos que obtendrán el reconocimiento jurídico de su calidad de víctimas y una reparación adecuada”.
“Este caso ha visibilizado uno de los problemas latentes de la justicia chilena. La falencia en comprender los casos en los cuales las víctimas, por diversos motivos y circunstancias, no se oponen a su agresor. Eso está muy vinculado con el estereotipo en el derecho penal que entiende que existe una víctima única, una ‘víctima perfecta’ en delitos sexuales, cosa que no sucede en otro tipo de delitos. La tendencia al juzgamiento de las acciones previas de la víctima para evaluar el hecho en cuestión. Las revueltas feministas del último tiempo han logrado instalar en Chile la existencia de otra víctima, distinta a la que considera la justicia chilena por defecto”, dice a LATFEM la abogada Camila Guerrero, desde la Dirección de Derecho Penal de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem).
La periodista Javiera Tapia, directora de Es Mi Fiesta, medio de cultura y política con mirada feminista, dijo a LATFEM: “Es un caso que toca diferentes fibras, por un lado fue bastante re victimizante para muchas mujeres haber seguido el proceso legal en vivo. Está la impotencia de saber que es muy difícil que la justicia chilena falle en favor de las víctimas, que prácticamente tiene que haber testigos presenciales para que el proceso avance. Por otro lado, creo que las ventajas económicas de Martin Pradenas también están en sintonía con todo lo que está pasando en Chile. Es una violencia machista y de clase que ha generado mucha rabia”.
La bronca masiva por este caso parece haber cristalizado, además de la deuda que tiene la justicia con los casos de violencia machista, un símbolo de los privilegios económicos que se reproducen en instancias judiciales y que tanto tienen que ver con lo que reclamaban los chilenos y chilenas durante las movilizaciones que estallaron en octubre del año pasado. La impunidad con la que Martín Pradenas, proveniente de una familia acomodada, ha gozado de protección económica y judicial —a pesar de estar denunciado por hechos de violencia que datan desde el año 2010— también desató una reacción simbólica masiva de la ciudadanía.
Después del hecho que hizo estallar las manifestaciones feministas en Chile, aún en un contexto de pandemia, el caso de Martín Pradenas dio algunos giros favorables inesperados para las víctimas. El viernes 24 de julio, dos días después de las revueltas, la Corte de Apelaciones de la ciudad de Temuco, atendió la petición de la Fiscalía, y declaró prisión preventiva para Pradenas durante los 120 días que dure la investigación por considerarlo “un peligro para la sociedad, para las víctimas y para la investigación”. Este lunes 3 de agosto, además, fue aceptado el recurso que buscaba revertir la prescripción de los dos delitos de abuso sexual a menores de edad entre el 2010 y 2014, por los que ahora Pradenas también será juzgado. Camila Guerrero, de Abofem, es optimista: “Los tribunales superiores de justicia han ido demostrando que es posible incorporar perspectiva de género a estos casos. Vemos que hay una expectativa del movimiento feminista con este caso, una esperanza de que se puedan mejorar las barreras del acceso a la justicia, como primer paso para transitar hacia una verdadera reparación de las víctimas”.
Por su parte, Javiera Tapia, asegura: “Creo que es importante no olvidar que aun cuando este caso avance, este es solo uno de los casos. En realidad hay que apuntar a una estructura. Hay una estructura que es injusta y es patriarcal.
Tanto en relación a la violencia machista como a la económica, no hay que olvidar que mientras seguimos este caso, sigue sucediendo todo lo demás, el suicidio femicida, las violaciones, los femicidios. Me quedo con esta sensación de que ahora ellos saben que estamos poniendo atención, que estamos viendo quiénes son los jueces, quiénes son los abogados, que estamos siguiendo las audiencias, compartiendo la información”.
